La industria del biodiésel argentino enfrenta un nuevo frente de conflicto con la Unión Europea. Un reciente documento de la Comisión Europea modificó los criterios de evaluación del riesgo de ILUC (cambio indirecto del uso del suelo) y colocó a la soja, por primera vez, dentro de la categoría de cultivos de “alto riesgo”, equiparándola al aceite de palma. La medida implica que Europa dejaría de importar biodiésel elaborado con soja o aceite de soja, habilitando únicamente el uso de aceite de colza producido dentro del propio bloque.
De concretarse la decisión este año, Argentina, Brasil y Estados Unidos quedarían automáticamente fuera del mercado europeo. Para el país, el impacto sería significativo: el sector calcula una pérdida de USD 350 millones anuales en exportaciones y advierte que, al tratarse del único destino relevante del biodiésel de soja, varias plantas podrían quedar sin actividad.
La reacción del complejo agroindustrial fue inmediata. Desde la Cámara Argentina de Aceites (CIARA) denunciaron que la iniciativa no responde a fundamentos técnicos sino a una estrategia de protección comercial. “Es una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiésel y dejarnos afuera del único mercado”, afirmó su presidente, Gustavo Idígoras.
El dirigente aseguró que el sector presentará estudios propios para refutar el diagnóstico ambiental de Bruselas. “La superficie sembrada de soja en la Argentina no crece; por el contrario, viene bajando desde hace más de una década. Tampoco hay pérdida de carbono en el suelo. Pero todos sabemos que esto no es un debate científico sino político”, sostuvo.
Según CIARA, la decisión se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre la Unión Europea y el Mercosur. Europa busca contener las resistencias internas al acuerdo de libre comercio firmado en diciembre y proteger a sus productores agrícolas, en especial en países como Francia e Italia. Para lograr apoyos políticos, el bloque habría reforzado de manera unilateral mecanismos de salvaguarda que permiten suspender beneficios arancelarios ante importaciones consideradas “excesivas” o demasiado competitivas.
El biodiésel figura entre los productos sensibles, junto con carnes, lácteos, maíz, arroz, azúcar, miel, cítricos y etanol. Para la Argentina, este giro pone en duda uno de los pilares del acuerdo: el acceso ampliado a un mercado de más de 450 millones de consumidores.
Frente a este escenario, el sector ya trabaja con Cancillería y el Ministerio de Economía en una estrategia de defensa. Entre las alternativas figura avanzar con un panel ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y activar los mecanismos de controversia previstos en el tratado birregional.
“Europa está condicionando el acuerdo y cerrando mercados a productos competitivos de la Argentina. Es una señal preocupante que no sólo afecta al biodiésel, sino a toda la relación comercial futura”, advirtió Idígoras. En la industria temen que, si prospera esta medida, se siente un precedente que habilite nuevas restricciones bajo argumentos ambientales, con impacto directo sobre exportaciones, inversiones y empleo en uno de los complejos más dinámicos del país.