El gobierno de Javier Milei sigue sacando buenas notas en materia de inflación. La de 2025 fue de 31,5 por ciento, bajísima si se la compara con la de los dos años anteriores (211,4% en 2023 y 117,8% en 2023), aunque todavía muy pronunciada en referencia a las de los socios del Mercosur (Brasil: 4,26%, Paraguay: 3,1%, Uruguay: 3,65%). En cualquier caso, según numerosas encuestas la inflación ha dejado de ser una preocupación prioritaria para la sociedad: hoy solo la mencionan alrededor de 15 de cada 100 personas consultadas; un año atrás lo hacía casi la mitad.
No todas son flores, sin embargo: la performance inflacionaria de diciembre -2,8 por ciento- fue más alta que la de noviembre y prolongó una tendencia alcista de ocho meses, con punto de partida en mayo. En el marco de una pronunciada baja anual se registra una contracorriente que puede intrigar a los especialistas pero no llega a alarmar al público.
La asignatura Estabilidad, en la que la inflación incide rotundamente, ha sido astutamente jerarquizada por la presidencia de Milei, que supo interpretar esa necesidad social y sacó rédito político de esa apuesta. Antes de él sólo dos gobiernos surgidos de las urnas hicieron de la estabilidad un eje principal de sus políticas: los de Arturo Frondizi y Carlos Saúl Ménem.
Para Frondizi y su copiloto ideológico, Rogelio Frigerio, un marco de estabilidad económica era esencial para el crecimiento, una economía estable permitiría la planificación a largo plazo y la ejecución de proyectos de desarrollo. Frigerio, en ese sentido, afirmaba que "la estabilidad debe ser el primer paso hacia el desarrollo; sin ella, cualquier esfuerzo será efímero". Eso sí: primer paso, no fin en sí mismo sino base para el objetivo central: el desarrollo. Los desarrollistas argumentaban que Argentina necesitaba atraer inversión extranjera para modernizar su infraestructura y potenciar sus sectores productivos. Frondizi sostenía que "sin inversión, no hay desarrollo", enfatizando la importancia de crear un entorno que favoreciera la llegada de capitales. La estabilidad ordenaba ese entorno. Frondizi y Frigerio vinculaban el desarrollo con la justicia social: al mejorar la economía, se debía también buscar reducir las desigualdades sociales. Frondizi enfatizaba que "el desarrollo debe ser inclusivo, porque un país se mide no solo por su riqueza, sino por cómo distribuye esa riqueza".
Si en la cuestión inflacionaria el gobierno de Javier Milei ha encontrado una columna que lo sostiene con firmeza, en materia de desarrollo no puede por el momento mostrar logros semejantes. Las estadísticas indican que el PBI creció poco más del 4 por ciento en 2025 tras una caída del 2,8 por ciento en 2024. Los dos años del gobierno de Milei no lucen tan convincentes en las estadísticas del crecimiento. Ese 4 por ciento (que cálculos más optimistas levantan a 5 por ciento) tampoco es regular: hay sectores que crecieron (campo, petróleo, finanzas) y otros que decayeron marcadamente (industria, construcción). Desde diciembre de 2023 desaparecieron más de 18 mil empresas (caída neta entre altas y bajas de empleadores), y con las empresas cayó el número de trabajadores registrados descendió en casi 250.000 personas, dos tercios de las cuales empleados de empresas de más de 500 trabajadores. No es ilógico que en las encuestas trepen los rubros del desempleo y la insatisfacción laboral-salarial, mientras la inflación se empequeñece.
El gobierno se prepara para tratar un proyecto de modernización laboral argumentando que es indispensable para promover el empleo y para mejorar la calidad de empleo: casi 10 millones de personas (algo más del 40 por ciento dela fuerza laboral) trabajan en la informalidad, es decir, están privados de sistemas de cobertura social (salud, jubilación, etc.). El dato de que en la actualidad caiga el empleo registrado mientras el informal se fortalece es interpretado contadictoriamente por quienes defienden y quienes rechazan la iniciativa oficial. Desde el oficialismo se sostiene que la informalidad crece porque el tipo de contrato laboral vigente pesa excesivamente sobre las empresas y que es indispensable reducir costos para alentar el empleo. La oposición –con matices: un sector intransigente rechaza de manera frontal, otro, más dialoguista, admite que hay tuercas que ajustar- sospecha que las innovaciones que se promueven tienden a impregnar paulatinamente la formalidad con los rasgos más arbitrarios del trabajo no registrado.
El sector sindical, si bien mantiene diálogos discretos con el oficialismo y con otros actores de esta temática como los empresarios, considera que la verdadera solución para la calidad y cantidad del empleo es el crecimiento, razón por la cual reclama que antes que este proyecto se debatan otros (la reforma impositiva, por caso) que puedan estimular la inversión y con ella, el desarrollo y la demanda de trabajadores. Se disponen a presionar para postergar el tratamiento y abrir un debate pausado y meditado con todos los actores involucrados, un diálogo más social o “corporativo” que político. Por detrás de esa presión palpita la amenaza de la inquietud, de la movilización: un horizonte que no compagina con la atmósfera veraniega, lo que quizás explica el apuro oficialista por cerrar el capítulo mientras duran las vacaciones, antes de marzo.
Esta es una batalla de corto plazo. Pero Milei está jugando más que esta batalla: prepara su reelección en 2027 y esta va a depender de que la lucha contra la inflación, encaminada ya, de respuesta al tema central: el desarrollo del país y con él, el empleo. Como decía Frondizi "el desarrollo debe ser inclusivo, porque un país se mide no solo por su riqueza, sino por cómo distribuye esa riqueza". Si el gobierno consigue finalmente imponer su proyecto de ley, deberá posteriormente trabajar sobre sus consecuencias. Si no hubiera cambios notorios en el ámbito laboral para el año electoral, el precio se pagaría en las urnas.
Por el momento, el gobierno goza de este verano tranquilo en la Argentina y tan movido en otras latitudes.