Estabilización sin inclusión: un informe advierte que la transición económica consolida desigualdades
La Argentina atraviesa un proceso de estabilización macroeconómica que logró desacelerar la inflación, recomponer el equilibrio fiscal y ordenar variables clave, pero sin resolver los desequilibrios estructurales que sostienen altos niveles de pobreza, informalidad laboral y vulnerabilidad social, de acuerdo con un informe difundido por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El estudio analiza el período 2023-2025 como un ciclo de transición política, económica y social, marcado por la salida de un modelo posconvertibilidad en crisis y la implementación de un programa de reformas orientado a la liberalización de precios, el ajuste fiscal y la redefinición del rol del Estado. Si bien el nuevo esquema logró estabilizar variables críticas, el documento advierte que los costos sociales del proceso siguen siendo elevados y desigualmente distribuidos.
Según el informe, la estructura social argentina continúa organizada en tres grandes estratos. En el tercio superior se concentran sectores plenamente integrados a la economía formal y globalizada, con capacidad de ahorro y acceso a bienes públicos de calidad. En el segmento intermedio se ubican clases medias y medias bajas con inserciones laborales formales o semi-formales, altamente dependientes del ciclo económico y con crecientes niveles de incertidumbre. En el tercio inferior, en tanto, se consolida una población atrapada en empleos informales, de baja productividad y con fuerte dependencia de transferencias públicas.
El trabajo destaca que, durante la transición, se registró una caída estadística de la pobreza y la indigencia medida por ingresos. No obstante, advierte que esa mejora estaría sobrerrepresentada por limitaciones metodológicas y por una mayor captación de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo con el análisis, la desaceleración inflacionaria explica buena parte de la reducción de los indicadores, más que una mejora sustancial del poder adquisitivo o del consumo real de los hogares.
En 2025, la pobreza monetaria habría descendido respecto de los picos registrados en 2023 y 2024, aunque el informe subraya que los niveles siguen siendo elevados y que la pobreza estructural permanece prácticamente intacta. En particular, la niñez y la adolescencia continúan siendo los grupos más afectados: más del 40% de los jóvenes de entre 13 y 17 años se encuentra en situación de pobreza, una proporción que duplica la registrada entre los adultos mayores.
Más allá de los ingresos, el ODSA incorpora indicadores complementarios para evaluar las condiciones de vida. Uno de ellos es el “estrés económico”, que mide la percepción subjetiva de los hogares sobre la suficiencia de sus ingresos para cubrir necesidades básicas. Según el informe, cerca del 46% de la población vive en hogares con estrés económico, una cifra que, si bien muestra una leve mejora respecto de 2024, se mantiene en niveles similares a los de años previos y evidencia fuertes brechas sociales.
Las privaciones no monetarias también muestran una mejora parcial en 2025, luego de un deterioro marcado en 2024. La inseguridad alimentaria, el acceso a la salud, el atraso en el pago de servicios y la imposibilidad de realizar mejoras en la vivienda disminuyeron en promedio, pero continúan afectando de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos. En los estratos más bajos, más de la mitad de los hogares registra al menos una de estas privaciones, según el relevamiento.
En el plano laboral, el informe señala que el crecimiento económico registrado hacia fines de 2025 no se tradujo en una expansión del empleo formal. La actividad creció impulsada por sectores de baja intensidad laboral, como el agro, la intermediación financiera y algunos servicios, mientras que la industria y el comercio mostraron retrocesos. Como resultado, aumentó la participación del empleo informal, que alcanzó al 45% de los ocupados urbanos.
La recomposición de los ingresos laborales fue desigual. Los trabajadores del sector privado formal registrados lograron mejoras reales en sus remuneraciones, ampliando la brecha con el resto de los ocupados. En contraste, el empleo público sufrió un ajuste significativo en 2024 y no logró recuperar plenamente su poder adquisitivo. El sector micro-informal, por su parte, continúa exhibiendo ingresos promedio sustancialmente inferiores, pese a una creciente heterogeneidad interna.
Finalmente, el informe aborda las percepciones sociales sobre la movilidad intergeneracional. El 43% de los encuestados considera que su situación económica es peor que la de sus padres, especialmente en los estratos más bajos. Sin embargo, más del 80% cree que sus hijos o nietos tendrán mejores oportunidades, una expectativa positiva que convive con una visión pesimista sobre el futuro económico del país en el corto plazo.
El documento concluye que, sin políticas activas orientadas a la generación de empleo productivo, la profesionalización de la economía informal y el fortalecimiento del capital humano, la estabilización macroeconómica podría derivar en una sociedad más desigual, con menor movilidad social y mayores niveles de fragmentación.
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