Entre la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada y la Soberanía Nacional
Por Miguel Angel Troitiño
El debate en el Senado de la Nación del proyecto de ley sobre la “Inviolabilidad de la propiedad privada” nos lleva a reflexionar sobre la importancia de proteger los intereses de la República Argentina.
A partir de las iniciativas del gobierno que buscan seducir capitales y atraer inversiones extranjeras para activar el desarrollo y la producción, está claro que el proyecto que se debate busca facilitar al extranjero interesado instalarse y desarrollar su actividad productiva desde nuestro país.
El proyecto, en el Capítulo IV titulado Modificaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales N°26.737 y su modificatoria, busca quitar todos los límites para la adquisición de tierras argumentando en sus considerandos que lo establecido por la ley vigente desde el 2021 “…implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional…”
Dentro de la norma propuesta se ordena “Regular la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales a fin de resguardar seguridad, defensa y soberanía nacional" (Artículos 28, 30, 31 y 32), dejando claramente expresado que “a los fines de la presente ley se define como seguridad, defensa y soberanía nacional al poder y competencias que la Constitución Nacional asigna al Estado Nacional para autodeterminarse, dictar y aplicar sus propias normas y tomar decisiones dentro de su territorio, sin aceptar la intromisión de otros Estados o poderes externos a fin de resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías constitucionales, la integridad de sus recursos e intereses estratégicos, y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”.
Finalmente, el Artículo 13, respecto a los inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera, establece que regirán las disposiciones, excepciones y procedimientos del Decreto-Ley N°15.385/44, modificado por la Ley N°23.554 y sus normas complementarias, las cuales definen su protección soberana.
Me permito observar que no se expresa nada respecto a aquellos inmuebles rurales que podrían afectar objetivos que se hayan definidos como de valor estratégico, relacionados con la protección de lugares / infraestructuras sensibles que hacen al interés de la Nación.
Salvada esta consideración, a mi juicio importante y delicada, el proyecto contempla la protección de los intereses argentinos y la defensa de la soberanía nacional, dejando muy claramente la prohibición de adquisición de tierras por parte de otros estados u organizaciones/sociedades/empresas/individuos, que los representen.
Pese a las numerosas críticas y temores que provoca el documento, en mi opinión, el problema es otro, siendo el Estado responsable, como garante de los intereses de la República Argentina y de sus ciudadanos.
Existe un gravísimo vacío a partir de la ausencia de normativa que defina nuestra Estrategia Nacional, que ligue a todas las medidas legislativas que ordenan nuestra vida a un propósito ulterior, a una visión de futuro, que oriente nuestro esfuerzo buscando hacer de la Argentina un país mejor.
No veo a ningún legislador de nuestro Honorable Congreso de la Nación Argentina pensando en el largo plazo y definiendo Políticas de Estado, que hoy no existen. Su formalización obligaría a su cumplimiento.
La ausencia de un “ordenador estratégico” provoca el incumplimiento de numerosas normas, y ese es el verdadero riesgo de otorgar plena libertad a extranjeros para la adquisición de tierras argentinas.
Un ejemplo son las bases espaciales extranjeras que, si bien en tierras no vendidas sino cedidas por 50 años, una a China, en Bajada del Agrio desde 2018, y otra a la Unión Europea, en Malargüe desde 2012, operando en territorio argentino, ambas responden a intereses estatales extranjeros, vulnerando la ley que se pretende modificar, al restringir sensiblemente el acceso de científicos y funcionarios argentinos a las mismas.
Es curiosa la preocupación por este proyecto de ley cuando ya aproximadamente el 25% de nuestro territorio soberano está usurpado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y los “ocupas” cobran pingues ganancias por permisos de pesca, se encuentran a poco tiempo de empezar a hacer realidad sus negocios petroleros y desarrollan actividades de apoyo logístico antártico y de turismo, y a nadie se le ocurre un plan para comenzar a desbaratarlo.
Es realmente preocupante cuando nuestras pretensiones soberanas sobre la Antártida no son acompañadas de acciones decididas para demostrar que lo que afirmamos realmente lo queremos, y no me refiero a un mapa bicontinental que sólo tiene vigencia para nosotros, sino a presupuestos acordes para activar proyectos que esperan ser desarrollados, como el del Polo Logístico Antártico, pensado desde hace más de 35 años. No veo a nadie preocupado porque otros, desde el extranjero, que compiten por lo que consideramos nuestro, lo llevan a cabo frente a nuestras narices.
O cuando nos activamos con este proyecto de ley y nos ponemos en el rol de defensores de la Patria porque habilitamos a que extranjeros compren terrenos sin límite, cuando el país se hizo grande por aquellos extranjeros que vinieron a radicarse. No perderemos la Patria por ellos, la perderemos por nosotros si no definimos qué futuro queremos de nuestro país y cómo lo haremos realidad.
¡Cuántas comisiones legislativas! Pero no tienen idea de lo que significa la Integralidad Estratégica. Cada uno atiende su juego que, por cierto, no entiende lo que atiende el otro.
SOBERANIA
La Soberanía Nacional, es tan importante para nuestro país que debería tener una Política de Estado específica, por tres motivos:
1) La usurpación de aproximadamente el 28% de nuestro territorio por parte del Reino Unido de Gran Bretaña, que involucra gran parte del Océano Atlántico Sudoccidental, y que condiciona nuestra proyección a la Antártida, su control y el aprovechamiento de los recursos que provee.
2) Las pretensiones soberanas de Argentina sobre la Antártida, que requieren acciones más decididas para fortalecer nuestra aspiración.
3) La protección de los espacios vacíos y su riqueza, que son enormes y sin atención, y que se ven vulnerables al interés de otros.
Sí el tercer motivo refiere a aquel territorio por el que estamos preocupados, fundamentalmente identificado con la Patagonia, al cual deberíamos proteger a través de una seguridad estratégica creíble, y atender, desarrollar y conectar con el mar, mediante una solución integral basada en un plan demográfico y el desarrollo de 4 Hubs:
1) Energético: gas y petróleo, pero no sólo de Vaca Muerta, sino del resto de los yacimientos off shore y del interior del territorio; pero también minerales críticos, nódulos polimetálicos, entre otros.
2) Pesca: copando el mercado del Atlántico Sudoccidental, generando industria asociada y valor agregado en tierra, para exportar al mundo.
3) Logístico antártico: basado en las ciudades de Río Grande y Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, consistente en el desarrollo de un Polo Logístico Combinado, para absorber todas las necesidades antárticas, con un concepto de uso múltiple, equilibrado, sustentable y combinado entre ambos puertos.
4) Tecnológico: basado en centros de desarrollo de inteligencia artificial y tecnología cuántica, aprovechando la ciencia y tecnología propia desde, por ejemplo el Instituto Balseiro, entre otros, e inversiones privadas.
Todo ello, en el marco de un Plan Integral de Futuro, estratégico y a largo plazo, sostenido por un verdadero cambio de actitud, entendiendo que para ganar lo que uno merece, debe salir a buscarlo de manera inteligente y organizada. Ese cambio de actitud nos debe llevar a competir por el liderazgo y el control de la economía en el Atlántico Sudoccidental.
Recién, al observar esta inquietud en quienes conducen la República, se podrá entender que están pensando seriamente en el futuro de nuestro país y en el de sus ciudadanos. El problema no es la norma, sino el que la tiene que hacer cumplir.