Las principales entidades empresarias del país expresaron su respaldo al Gobierno nacional en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y acompañaron las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei para proteger los recursos naturales en los territorios en disputa con el Reino Unido.
A través de un comunicado conjunto, el G6 ratificó su apoyo a la posición argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos correspondientes. También manifestó su acompañamiento a las acciones oficiales destinadas a resguardar los recursos naturales.
“La soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, que está por encima de las diferencias políticas y debe unir a todos los argentinos”, plantearon las entidades.
El pronunciamiento fue firmado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).
El G6 sostuvo además que el país debe mantener “con firmeza” el reclamo de soberanía dentro de los parámetros establecidos por la Constitución Nacional y el derecho internacional, al tiempo que remarcó la necesidad de avanzar hacia una solución pacífica mediante la diplomacia y la negociación.
En ese sentido, las entidades consideraron que la defensa del territorio, los recursos naturales y los intereses estratégicos del país constituye una responsabilidad compartida y debe ser entendida como una política de Estado.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios se había pronunciado también de manera individual en apoyo a los anuncios formulados por Milei. La entidad calificó las medidas como acciones correctas para la defensa de la soberanía y pidió que las diferencias entre los distintos espacios políticos queden relegadas frente a la cuestión Malvinas.
La CAC puso especialmente el foco en la posibilidad de una explotación de recursos del subsuelo en las áreas bajo control británico. Ante ese escenario, consideró positiva la decisión de aumentar la presión sobre aquellas compañías que colaboren directa o indirectamente con esas actividades.
Según la entidad, esas acciones permitirían desalentar lo que definió como un posible “flagrante expolio al patrimonio nacional”.
El planteo empresarial se conoció luego de que Milei anunciara una serie de iniciativas vinculadas con la protección de los intereses argentinos en el Atlántico Sur, entre ellas el endurecimiento de las sanciones contra compañías involucradas en proyectos de explotación de recursos no autorizados por la Argentina.
En línea con el llamado presidencial, la CAC reclamó que partidos políticos y distintos sectores de la vida nacional conformen un frente común, más allá de las diferencias que puedan mantener en otros temas.
Para fundamentar su posición, recordó que la Constitución establece que la recuperación de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen “un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
La entidad llamó finalmente a continuar trabajando por ese objetivo con “unidad entre los argentinos” y mediante las herramientas que ofrecen el derecho y la diplomacia. El pronunciamiento del G6 reforzó esa posición y mostró una señal conjunta del empresariado para que la cuestión Malvinas se mantenga como una política de Estado, por encima de las diferencias partidarias.