Una de las críticas al Gobierno más habituales –de esta columna también-– es la de que el ajuste que ha permitido la exitosa lucha contra la inflación no fue equitativo, y ha dejado incólumes muchas áreas, reductos y sectores completos que deberían haber contribuido a soportarlo, buena parte de ellos rotulados por el propio presidente como la casta que parecen haber sobrevivido a la motosierra y la licuadora, manteniendo privilegios e injusticias de larga data que siguen en pie.
Se había anticipado en este espacio desde antes de la toma de poder que tal cosa ocurriría por diversas razones, siendo tal vez la más importante la falta de conocimiento profundo de las funciones de cada área y la poca experiencia en la gestión que los equipos oficialistas tenían, cuando no la ignorancia total.
Eso resulta cada vez más evidente, aunque hay que agregar como factor importante la resistencia a cualquier política de seriedad fiscal de muchos sectores, tanto dentro del área de la administración nacional como en el poder legislativo como en las provincias.
Esto no es nuevo ni inesperado, como recordarán quienes siguieron de cerca aquellos procesos que en los últimos 80 años intentaron domar los festivales de emisión, inflación, gasto, déficit y todas las variantes y anexos consecuentes.
En todos los casos tarde o temprano los bienintencionados se encontraron con los mismos obstáculos: la resistencia provincial a cualquier ajuste o moderación, con endeudamientos en todos los formatos, obstáculos políticos o institucionales, planteos sindicales infinitos, incluyendo los más recientes piquetes o movimiento de planeros, que no son más que sindicatos de notrabajadores, una categoría que provocaría la envidia del propio Karl Marx si pudiera contemplar la rara evolución de su teoría de la plusvalía, que ahora en vez de reclamar por una porción mayor de la riqueza que supuestamente generaban los trabajadores, aboga ahora por un manotazo a la riqueza ajena de quienes no colaboran para nada a generarla, un evidente logro dialéctico.
Más claramente, para poder devolver parte del ahorro forzoso de jubilados y clases baja y media en general, es imprescindible atacar los gastos hasta ahora intocables, o al menos intocables para la política. Eso vale tanto si se intenta repartir mejor las cargas del ajuste como si se intenta crecer, finalmente dos modos de lograr lo mismo.
Ese ajuste fino, planificado o no, es el proceso al que se debe enfrentar ahora el Gobierno, a veces no solamente contra el resto del mundo, sino contra sus propias acciones, no siempre ejemplificadoras, habrá que aceptar. Y es justamente en ese proceso donde todo el escenario vuelve a parecerse a la historia nacional, más allá de las palabras, de los estilos, de los insultos o de la persuasión.
También los argumentos y los estilos se parecen peligrosamente. Ejemplos: nadie que haya estudiado con algún grado de cuidado el sistema jubilatorio puede creer que debe tratarse del mismo modo las jubilaciones con aportes completos que las que fueron fruto de las moratorias infinitas del peronismo. Pero ¿cómo se explica dialécticamente que sólo un 20% del déficit en ese rubro se debe a las jubilaciones legítimas y 80% se originan en retribuciones que en el mejor de los casos debieran denominarse de otro modo y tratarse como un gasto social sin ninguna relación con el sistema jubilatorio?
La dialéctica, el relato, vencen. Ni siquiera en lo contable se permite que se diferencien. Eso lleva a que se trate del mismo modo ambos casos, y hasta que se de preferencia a las seudojubilaciones por moratoria en los ajustes y bonus, perjudicando cada vez más a los que aportaron durante 30, 40 o más años. Esto se hace desde la discursiva, desde la prensa, en el Congreso, en la opinión pública, en marchas, en afirmaciones de seudoexpertos que afirman cualquier cosa, o que apelan a la solidaridad conmovedora.
Ya se ha invisibilizado el hecho de que hay apenas algo más de 3 millones de jubilados con aportes plenos contra más de 4 millones de jubilados sin aportes o con aportes parciales o parcialísimos. El argumento de que se trata de “pobre gente estafada por sus patrones” no es válido si se analiza la realidad económica, pero suena justo, aunque no lo sea. El argumento de que se trata de amas de casa que “merecen jubilarse” sólo sirve para tener una excusa que justifique el incumplimiento del contrato con quienes sí aportaron. Pero el hecho principal es que se disfraza con el apodo de jubilación un sistema de subsidios que debería ser tratado de otro modo, porque los derechos son diferentes.
Pero algo más grave. Al tratarse de millones de casos, cualquier análisis, revisación, comprobación o auditoría se torna técnicamente imposible, y por supuesto, también políticamente imposible. Un rubro importantísimo del gasto es intocable. O peor aún, es tocable, pero en contra de quienes más derecho tienen a reclamar su intangibilidad.
Lo mismo ocurre con las pensiones por invalidez. Cualquier análisis serio muestra, particularmente en ciertas provincias peronistas -que deciden el otorgamiento que sin embargo paga la nación - que desde el gobierno de Duhalde en adelante se decuplicaron. El estado no ha encontrado la forma de revisar esos casos sin ser acusado inmediatamente de insensibilidad, crueldad, desaprensión, y otros epítetos por todo el sistema comunicacional y político. ¿Qué debe hacer el estado? Pagar lo que ya se sabe es una estafa? ¿Convalidar ese gasto en detrimento de otras áreas?
Es evidente que la solución no puede aplicarse manu militari, pero también es evidente que al convalidarlas se está dañando por la misma cantidad a otros sectores que sufren el ajuste por partida doble. Se requiere de funcionarios capacitados y creativos, que puedan manejar, tanto desde lo comunicacional como desde la implementación estos temas de por sí delicados que son defendidos a muerte por un sistema corrupto que no quiere ser descubierto, ni evidenciado, ni detenido ni perder sus ventajas.
Esto vale para el Conicet, para el INCAA, para el sistema de hospitales, para la educación gratuita y privilegiada a extranjeros que se cuelgan no solamente de la educación universitaria gratuita, sino de la secundaria y de la primaria, a un costo insoportable para la sociedad argentina. Que, sin embargo, reclama alegre y enfáticamente su derecho a seguir siendo estafada.
Solamente un despistado ignora que hace más de medio siglo que Bolivia expulsa sus pobres a la frontera con Argentina, y luego mira para otro lado, confiada en que (cónsules mediante, con todo lo que eso significa) este país los proveerá de educación, salud, subsidios, planes, amparados bajo su supuesta Constitución universal a la que la nación debe subordinarse. También aquí la sociedad, representada por sus apoderados de siempre, reclama su derecho a ser timada. De modo que ese ajuste tampoco es posible, so pena de ser su gobierno considerado genocida o similar.
El tema de los hospitales al servicio de inmigrantes exprés, desde la prestación de salud al llamado turismo hospitalario, es otro aspecto de fondo también naturalizado que la sociedad argentina defiende como un derecho propio cuando en realidad le cuesta vidas, dolores y dólares.
La extrema generosidad en la emisión de DNI que transforman en ciudadanos con derechos a cualquiera también es intocable. Y también es un negocio para algunos. Todos gastos que redundan en el costo de vida y lo que es peor, en costo de vidas.
El reciente escándalo en el examen para residencias de médicos extranjeros ha movido la crítica popular pero no en el sentido correcto. Los tratados y sistemas de equivalencias y convalidación vigentes entre títulos universitarios regionales son una estupidez que sólo puede ser explicada por la ignorancia de los representantes políticos, para no pensar en peores razones.
Cuando se escucha que todos esos costos no son significativos, la pregunta natural es “¿cómo lo saben”? no hay ninguna medición disponible confiable, ni siquiera el censo nacional, una farsa que es otro gasto descomunal inútil y mal hecho. La población, silenciosa y solidariamente, (también estúpidamente) sigue pagando en salud y en dinero esta generosidad universalista.
Cuando se intenta incursionar en cualquier área, desde el Congreso a los jueces, desde las jubilaciones regaladas a la enseñanza superior regalada, surgen las voces explicando que se trata de derechos adquiridos o de derechos humanos o de defensa de la cultura o de cualquier otra causa sensible o sensiblera. En el caso de la Justicia el problema es aún más complejo, por la telaraña de corrupción que envuelve al país y que involucra a empresas, licitadores, políticos, amigos, jueces, cajoneadores, que lamentablemente también están dignamente representados en este gobierno.
En esas condiciones, el Gobierno debe estar integrado por otra clase de funcionarios. Y aún de legisladores. Incluyendo los nuevos. Capaces de analizar estas situaciones, de entenderlas, de buscar soluciones, de comunicarlas adecuadamente y defender las medidas ante la opinión pública con algo más que insultos, gritos histéricos, calificativos o descalificativos. Y sobre todo, que puedan reencausar el teleteatro de los sensibles que, sin saber de qué hablan, salen a llorar sus solidaridades por las redes sin saber a quién defienden.
Un caso interesante es el del Presupuesto nacional. Es atendible y hasta sólida la postura de algunos sectores de reclamar su confección y presentación anual al Congreso como fija la Constitución. Pero ¿quién garantiza que ese presupuesto no termine justamente convalidando todos los excesos provinciales, todas las coparticipaciones alegres y dispendiosas, todos los subsidios y excesos que se han venido perpetrando durante casi un siglo al amparo de la ley y usando de diputados y senadores para representar a los sátrapas? ¿Quién asegura que un presupuesto no termine siendo un festival de emisión o confiscaciones? No se puede soslayar que muchos de los ahorros logrados hasta ahora se deben a la presión que ejerce el manejo de las ayudas voluntarias del PE a las provincias. Si cae eso, como pasaría a los cinco minutos de comenzar a discutirse el presupuesto, la inflación tardaría minutos en retornar. Enorme conflicto: la institucionalidad y el dispendio irresponsable.
Un simple ejemplo: las dos Cámaras se fijan sus propias remuneraciones, con lo cual son invulnerables a cualquier ajuste y toda inflación. Algo parecido ocurre en el Poder Judicial. Eso significa que cuando se dice que el Gobierno puede elegir otros gastos para reducir se está recurriendo a una falacia disfrazada de alternativa institucional.
El sistema federal y la coparticipación son grandes culpables de lo que ocurrió y ocurre en el país. Nadie reclama con el mismo énfasis que, junto con el Presupuesto, se cumpla el mandato constitucional de 1994 de darse una ley de coparticipación, pozo sin fondo en el que abreva la estafa del gasto y del impuesto a los Ingresos Brutos, otra aberración que se defiende como si fuera la Patria.
Habrá que rogar que la promesa presidencial de no insultar sino de usar el razonamiento y la persuasión sea duradera y se aplique a todo el oficialismo. La vocación de la sociedad nacional por ser estafada requiere de argumentaciones muy sólidas para evitar caer en el autoritarismo. Y detrás de todos los excesos de gasto siempre hay un culebrón que lo justifica. Siempre hay algún derecho humano que se multiplica en el relato hasta ser más importante que el derecho mismo.
Las alianzas de LLA para conseguir aumentar su caudal de legisladores no parecen seguir ese lineamiento. No se está reclutando talentos. Se corre el riesgo de estar perpetuando la casta, sólo que con distintas camisetas o distintos colores, como se guste.
Por esas mismas líneas transcurrió el discurso de anoche del presidente. Equilibrado y contundente. La estrategia del Ejecutivo parece ser la de congelar el posible rechazo de sus vetos a las leyes inflacionarias hasta que asuma el nuevo Congreso, en el que será muy difícil de lograr una oposición de dos tercios. En términos electorales, la histérica votación de Diputados, no exenta de cristinismo en su estilo desaforado, puede convertirse en la mejor campaña imaginable en favor de La Libertad Avanza.