El Gobierno de Javier Milei acelera su plan para reducir la participación del Estado en la economía y definió una hoja de ruta que contempla avanzar con la privatización o concesión de al menos cinco empresas públicas antes del primer semestre de 2027. La estrategia involucra compañías vinculadas con servicios esenciales, transporte, energía y actividad aeroportuaria.
El objetivo, que fue una de las principales banderas del Presidente durante la campaña electoral, es llevado adelante en conjunto por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo; la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo del abogado Diego Chaher; y las autoridades de cada una de las compañías involucradas.
La primera prioridad es AySA, la empresa responsable del servicio de agua potable y saneamiento en el área metropolitana. El Gobierno prevé ofrecer el 90% de las acciones en una licitación fijada para el 15 de septiembre. El proceso no contará con un precio base público, aunque existe una valuación elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que funcionará como referencia y que las ofertas deberán superar.
El proceso ya despertó el interés de empresarios. Entre los nombres que aparecen figura Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. El empresario podría presentarse junto con Rowing, la constructora de Walter Román. También aparece como posible interesado el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas.
Otro de los grandes objetivos es Belgrano Cargas. El Gobierno ya lanzó la licitación para concesionar las vías y los terrenos asociados de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
El esquema contempla una concesión por 50 años y una inversión estimada en unos US$1.000 millones. Además, los futuros operadores podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Una de las condiciones establece que no podrán participar empresas extranjeras controladas por Estados.
Las compañías interesadas podrán realizar consultas hasta el 28 de octubre y deberán presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59.
Intercargo también forma parte del programa. La empresa estatal presta servicios de rampa y asistencia en tierra en los aeropuertos y desde el año pasado el Gobierno trabaja en el diseño de su licitación.
La intención oficial es realizar un nuevo llamado antes de fin de año, aunque todavía resta definir la modalidad que tendrá el proceso.
ENARSA completa otro de los grandes capítulos del plan. La empresa estatal vinculada con la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica también será sometida a un proceso de transformación.
De acuerdo con el cronograma que maneja el Gobierno, durante 2026 se licitarán las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín. Para el primer trimestre de 2027 quedaría el proceso correspondiente a la Central Vuelta de Obligado.
Además, el Ejecutivo proyecta avanzar sobre los gasoductos que actualmente están bajo la órbita de ENARSA, considerados uno de los activos estratégicos de la compañía.
De esta manera, el Gobierno busca acelerar durante los próximos meses una nueva etapa de su programa de reducción del Estado. El objetivo es que, antes de mediados de 2027, varias de las empresas que todavía permanecen bajo control público hayan pasado a manos privadas o queden bajo esquemas de concesión.