El Poder Judicial de la Nación, institución esencial para el funcionamiento de la República, atraviesa desde hace años un marcado deterioro en su imagen pública.
Con el propósito de fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana, se impulsó la publicidad de las audiencias en los juicios de lesa humanidad, permitiendo un mayor acceso y control social sobre el desarrollo de estos procesos.
Los días 18 y 19 de junio seguí por Zoom los alegatos de la Fiscalía en la causa Muñoz y otros, desarrollada ante el TOF N.º 1 de La Plata.
La experiencia me generó una profunda preocupación. Aun tratándose de una audiencia pública, observé afirmaciones y reconstrucciones de hechos que, a mi entender, no parecieron considerar suficientemente algunos planteos y explicaciones formulados por los imputados durante sus declaraciones.
En el caso del primer imputado, Muñoz, quien en 1976 tenía 20 años y se desempeñaba como agente recientemente incorporado en la Comisaría 5.ª de La Plata, la acusación le atribuyó responsabilidad sobre hechos de extrema gravedad ocurridos en ese ámbito, concluyendo con el pedido de prisión perpetua.
Respecto del segundo imputado, Saravia Day, entonces teniente primero del Regimiento de Granaderos, se le imputaron secuestros y torturas contra tres soldados, uno de ellos desaparecido. Durante el alegato se le atribuyeron responsabilidades y capacidades de decisión que, según surge de su propia defensa y declaración, excederían las funciones que detentaba en aquel momento. También se hizo referencia a supuestas actuaciones en la Comisaría 5.ª de La Plata, extremo que el imputado negó haber conocido o integrado.
Más allá de la valoración que corresponda efectuar a los tribunales, resulta inquietante que, en causas de semejante trascendencia institucional y humana, puedan existir percepciones de falta de correspondencia entre los hechos alegados y los elementos que fueron debatidos en audiencia.
La publicidad de los juicios debe servir precisamente para eso, permitir que la ciudadanía observe, evalúe y fortalezca la confianza en que las decisiones judiciales se apoyen exclusivamente en prueba producida y debidamente controvertida.
Rodrigo Alejandro Caro Figueroa
14.022.309
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