El peronismo de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, aliado con Pablo Blanco (UCR), Juan Carlos Romero (Juntos por el Cambio) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas) emitió un dictamen de mayoría aprobando el ingreso a la Cámara Alta de todos los electos el 26 de octubre pasado con la única excepción de María Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, a la que imputó vínculos con el narcotráfico.
Por su parte, el oficialismo y algunos de sus aliados resolvieron firmar un despacho de minoría que incluye la incorporación de la electa rionegrina.
Promovieron, además, sin éxito, que fueran analizadas las impugnaciones a los electos por Chaco, Jorge Capitanich, y por Río Negro, Martín Soria.
Ambos kirchneristas habían sido impugnados en un oficio de última hora cuya autoría los medios atribuyeron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La cuestión se resolverá en la sesión preparatoria del próximo viernes 28 en la que el quórum estará formado por los senadores que continúan en funciones y los que se incorporan. En esa nueva conformación el peronismo verá mermada su representación que se reducirá en el mejor de los casos a veintiocho integrantes de los actuales treinta y cuatro. Por su parte, LLA contará con una base de veinte legisladores propios.
Resultará decisivo entonces los aliados que consiga el oficialismo, en especial en el bloque de la UCR.
En caso de que Villaverde sea rechazada ocuparía su lugar otro libertario, el segundo candidato en la lista: Enzo Paolo Fullone.
Los diplomas pueden ser votados por todos los senadores, pero los recientemente electos no podrán votar por sí mismos de acuerdo con una cláusula del reglamento. La impugnación a Villaverde fue presentada por los apoderados del Partido Justicialista de Río Negro tras una elección en la que el kirchnerismo y LLA obtuvieron dos bancas el primero y una la segunda. La diferencia fue menor al 1% en favor del PJ.
El argumento del rechazo del diploma de Villaverde fue sostenido por el kirchnerismo con acusaciones generales contra todo el oficialismo.
El presidente del bloque, José Mayans, acusó directamente a Karina Milei y al presidente Javier Milei de proteger a Villaverde y aseguró que “todos los caminos conducen a Roma”, involucrado tácitamente a los Milei con el narcotráfico.
Incluyó en sus acusaciones el caso del diputado José Luis Espert. Respecto de la electa rionegrina aseguró que “compró la banca y tiene comprobado el delito de narcotráfico”. Otra kirchnerista, la fueguina Cristina López, llegó a afirmar que aprobar su ingreso al Senado era “dejarse apretar por el narcotráfico”.
A su turno, el exmacrista y aliado parlamentario de LLA, Juan Carlos Romero, aseguró que a Villaverde la habían detenido dos veces en los Estados Unidos, aunque era “difícil” encontrar documentación oficial al respecto por su presunta condición de colaboradora de la justicia norteamericana.
El cordobés Luis Juez, después de aclarar que no tenía relación con el “Chapo” Guzmán, sostuvo que no había ningún impedimento jurídico para incorporarla a la Cámara. Destacó que la impugnación sólo presentaba noticias periodísticas, pero no había documentación que acreditara la existencia de delitos. Leyó una sentencia de sobreseimiento en su favor de la electa en una causa judicial y destacó que en otra el fiscal de Río Negro había mandado al archivo la denuncia en su contra. “No inventemos”, reclamó.
Por su parte, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti pidió “no abrirle las puertas del Senado al crimen organizado” y pidió “proteger la honorabilidad” del cuerpo.