En busca de los votos necesarios para aprobar el proyecto sobre la protección de la propiedad privada, cuya discusión fue postergada en varias oportunidades, La Libertad Avanza aceptaría introducir cambios en el capítulo referido a la Ley de Tierras.
La nueva versión del texto, que circuló entre los senadores durante los últimos días, establece un límite del 25% de tierras rurales en manos extranjeras por provincia, siempre con autorización tanto del Poder Ejecutivo Nacional como del gobierno provincial.
De confirmarse esta modificación, el cambio respecto del proyecto original sería significativo. La iniciativa ya no eliminaría casi por completo las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, sino que fijaría un porcentaje superior al actual, que la Ley 26.737 establece en el 15%.
Los cambios, que ya fueron evaluados por el Ejecutivo, serán presentados este martes por la presidenta de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, durante una conferencia de prensa en el Senado, junto a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
El nuevo borrador también prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas con participación estatal extranjera, salvo que cuenten con autorización expresa del gobierno provincial y del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, se establece que esa facultad no podrá ser delegada por la Nación en funcionarios con rango inferior al de secretario de Estado.
Otro de los cambios incorpora la obligación de registrar todas las operaciones en los registros inmobiliarios provinciales, consignando la identidad y nacionalidad del adquirente. En los casos de empresas con participación estatal extranjera, deberá adjuntarse además la autorización correspondiente.
El texto también dispone que la aplicación de la ley deberá ajustarse a lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional y por la Ley General del Ambiente, incorporando así una referencia explícita a la normativa ambiental. En el caso de las tierras ubicadas en zonas de frontera, la venta continuará requiriendo autorización de la Nación y de la provincia, con especial consideración de aspectos vinculados a la seguridad y la defensa nacional.
La iniciativa volverá a debatirse el próximo 6 de agosto, luego de que el oficialismo decidiera postergar su tratamiento para continuar negociando modificaciones y reunir los apoyos necesarios. Si bien el Gobierno confía en que los cambios permitan sumar aliados, la definición de los bloques dialoguistas seguirá siendo determinante para el resultado de la votación.