Los medios constantemente refieren casos de menores de edad en violentas peleas con finales graves y aun mortales o los muestran, mediante el uso de cámaras de seguridad o celulares directamente cometiendo crímenes. La repetición de la imagen y la insistencia en la edad, llevan a un dictamen: “estamos viviendo una epidemia de delitos cometidos por menores”. La palabra epidemia, ya dejo su marca/aprendizaje después del experimento social del 2020 y eso instala que “hay que hacer algo” y ese algo es necesariamente drástico… pero inevitable.
Así vuelve un clásico, los medios y la política, redescubren una idea que suena simple, ordenadora y, por eso mismo, seductora: hay una “vacuna a esa epidemia” y es bajar la edad de imputabilidad, donde cualquier oposición es negar el primer postulado: vivimos una epidemia.
En ese contexto la discusión, al igual que en su momento, queda encapsulada en slogans que sirven para reafirmar la idea primaria: por ejemplo, la marca de una vacuna, si la rusa es peor que la X, etc. Hay que pensar dentro de la caja. Aquí “delito de adulto, pena de adulto” o “un chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace”, ese es el marco conceptual a expedirse, y si uno intenta introducir otros factores, ya sale de ese juego de la “buena pipa”.
Pero vayamos al núcleo del tema sin rodeos. El punto no es negar lo evidente: hay adolescentes que cometen delitos graves, y las víctimas y la sociedad necesitan, reparación, protección efectiva, pero también honestidad y transparencia. El problema es semejante a la discusión por la vacuna, que buscaba apropiarse de la característica, la etiqueta de “científico”, al tiempo que eludía el tema de fondo, la salud en sentido amplio.
En este caso, el slogan de la edad busca apropiarse de los conceptos seguridad, justicia, y si se quiere aún más ampliamente el de los ciudadanos de bien versus los delincuentes. Ese binomio genera partisanos, no puede haber tibios o intelectuales jactanciosos, hay que hacer algo, así reclama en cámara un familiar de una víctima en su intenso dolor. Esa apropiación de la verdad es la constante lucha en el espacio de la propaganda donde parece haberse trasladado nuestra vida real en todos los ámbitos.
El punto es otro: convertir una discusión compleja en un umbral cronológico, es una forma de razonamiento incompleto y falaz. Y cuando se legisla desde un recorte incompleto, se paga caro: en seguridad, en reincidencia y en degradación institucional. Reducir el tema, la imputabilidad, donde claramente no se trata solo de eso, a una edad, a un número, es un atajo que lleva a una trampa peligrosa, con consecuencias que los propaladores no toman en cuenta.
Se entiende desde el impacto de la estrategia comunicacional que nos impulsa a no pensar, y lo que rinde es instalar proclamas que movilizan a posturas polares, buscando claramente eludir la amplitud y profundidad del tema. De la misma manera que en pandemia se buscó, y lograron, polarizar entre científicos, vacunas, y anticientíficos, antivacunas, a pesar de que el debate era sostenido por catedráticos de primer nivel, incluso premios nobel.
En este caso es anunciar el caos: permisivo, “los sueltan inmediatamente”, versus reducir hasta una tómbola numérica, sin criterio madurativo, y así fijar una solución mágica. Hay que elegir una de las dos opciones, no piense. Pocas fórmulas son más frágiles que las que pretenden resolver un problema humano con una cifra.
Para sostener la tesis de “hay que bajar”, se comentan otros países con cifras menores, pero obviando los inconvenientes que han generado, como el caso del Reino Unidos, donde con casos de niños de 10/11 años que cometieron homicidios por ejemplo Mary Bell en 1968, o James Bulger en 1993, se bajó la edad de responsabilidad penal a 10, pero con serios inconvenientes y críticas posteriores.
Este caso es útil ya que muestra cómo el impacto emocional es evidente: la idea de un niño o una niña de esa edad que sea homicida asusta y “bajar la edad” de imputabilidad funciona como un gesto que produce la ilusión de que el estado “hizo algo”. Pero el derecho penal no está para ofrecer ilusiones ya que cada error del estado no es un tecnicismo: es una vida quebrada, una familia devastada, un inocente arrastrado, o un culpable convertido en reincidente profesional. Aquí el criterio evolutivo vuelve a ser central y es en la evolución posterior en ese individuo.
El problema de fondo no es discutir si existen adolescentes que comprenden la criminalidad de sus actos. Por supuesto que existen. El problema es pretender que esa comprensión sea homogénea, lineal y automática a partir de una edad. La madurez no llega como un automatismo que obedece a la estadística. Llega, y aun en el caso de que lo haga alguna vez, por capas que no son uniformes: la capacidad de autocontrol, de empatía, de anticipar y medir consecuencias, la tolerancia a la frustración, resistencia a la presión del grupo, y la existencia de una subjetividad que no adhiera a esa presión, la del manejo de la impulsividad etc., y esto es muy claro en la neurociencia del desarrollo.
Como se ve, es algo más complejo que “el chico de 14”. La ciencia del desarrollo y la experiencia clínica lo repite de múltiples maneras: la adolescencia es un territorio de asimetrías.
Como en todos los casos (otra vez la pandemia y dónde quedó la salud y sobre todo cuáles fueron las consecuencias de las cuales no se habla), el planteo honesto debería empezar con una pregunta incómoda: ¿qué estamos intentando lograr? ¿Más justicia para la víctima? ¿Menos delito futuro? ¿Una respuesta simbólica para calmar el miedo social? Si la meta es reducir violencia, el número por sí solo no construye nada. Al contrario: puede destruir.
Quizás sintetizando por niveles, desde nuestra perspectiva, existen varios errores conceptuales:
1) Confundir conciencia del acto con madurez jurídica
La edad cronológica es un proxy pobre de “capacidad penal”. Como decíamos “ut supra” (ya que de derecho se trata), los factores a considerar son múltiples, maduran por capas y no al mismo ritmo. Ese conjunto madura más tarde que la mera comprensión moral básica. Un adolescente puede comprender que robar o matar está mal, pero también: ¿cuál es el criterio de mal? sería uno de los planteos, o ¿ese mal no es la imitación de lo que, aparentemente, permite integrarse a una sociedad injusta? Resumiendo: imputabilidad es una decisión sobre responsabilidad, y la responsabilidad es una función, no una fecha.
Algo que aprendemos en el pregrado en medicina es que un niño no es un adulto pequeño, ni física ni mentalmente, por ello el criterio desde hace décadas es de desarrollo en general, de neurodesarrollo, y de psicología evolutiva en particular. Por eso, incluso sistemas “duros”, han reconocido en distintos ámbitos que los menores no son adultos pequeños. La jurisprudencia comparada lo refleja con claridad: la Corte Suprema de EE. UU. sostuvo que los adolescentes tienen menor culpabilidad por inmadurez y mayor influencia del entorno (Roper; Graham; Miller). Si se baja la edad sin crear un sistema que considere todos estos factores, como equipos capacitados, dispositivos de evaluación y de reinserción, instituciones aptas, formación, control de calidad, seguimiento, lo que ocurre en la práctica es simple: se “adultiza” el sistema, pero sobre otros sistemas infantojuveniles, no es ni adulto ni adaptado a etapa evolutiva. Y aquí un núcleo peligroso conocido y hasta repetido por los que claman por la reducción cono una solución mágica: un sistema penal adulto aplicado a menores no solo castiga; sino muchas veces enseña a delinquir mejor, acelera trayectorias criminales, consolida pertenencias violentas, y multiplica el trauma y el resentimiento.
Y sabemos que el trauma se retraumatiza en sí mismo pero también sobre otros. La evidencia comparada muestra que transferir adolescentes a justicia de adultos es, en términos generales, un mal negocio para la seguridad pública. Cuando se endurece el sistema para menores, muchas veces se aumenta la reincidencia. El mejor ejemplo es la evidencia sobre “transferir” jóvenes al sistema penal adulto: revisiones sistemáticas como la Task Force vinculada a salud pública en EE. UU, encontraron que esa estrategia no reduce la violencia juvenil y puede aumentar la reincidencia.
Traducción práctica: se puede “ganar” un titular y perder seguridad a mediano plazo.
2) Creer que bajar la edad “disuade”
La idea de quien delinque como adulto comprende como tal tiene varias fallas lógicas. Al suponer un “adulto” plenamente responsable, también se fantasea con que el castigo implica una capacidad de introspección, culpa, arrepentimiento y reconstrucción. La imagen no es solo candorosamente ligada a una moral monástica, sino que no tiene en consideración siquiera que en adultos con ciertas estructuras de personalidad estos factores no solo no funcionan sino que provocan el efecto contrario, lo cual no implica al decir esto que lo propuesto es lo opuesto. Debemos escapar de la dicotomía, del mundo plano que se nos propone o impone. Al mismo tiempo la idea de disuasión es contraria a la evidencia, ya que supone un actor perfectamente capaz de calcular costos/beneficios, con racionalidad adulta y extremadamente sana. Pero la realidad es otra: gran parte del delito, aún más el juvenil grave, se da en contextos de impulsividad, consumo, desesperación, desorganización familiar, violencia previa, pertenencia grupal o explotación por adultos. Parecería como si nuestros dirigentes no entendieran algo que también dicen conocer como el incremento, ahí si exponencial, de los entornos de consumo de sustancias y sin mencionar los de desnutrición y su incidencia sobre el neurodesarrollo. En esos escenarios, la amenaza abstracta de una pena suele tener poco efecto real.
3) El tercer error: legislar desde el caso extremo
La utilización mediática, ya que un caso grave llena espacio de rating, y la métrica es lo único importante, hace que los proyectos punitivos suelen renacer tras episodios que conmocionan. Es humano: la indignación pide orden. Pero una ley no puede estar diseñada para el caso “monstruo”; ni ser desde el sentir de la víctima, que si bien debe ser considerada, no puede regir el sistema, tiene que funcionar para el conjunto y para los casos por venir, sino inevitablemente el único fin es la venganza. Acá conviene mencionar un dato: en registros judiciales, la mayoría de las causas con menores se concentran en delitos contra la propiedad, no en homicidios. Incluso cuando hay violencia, suele aparecer asociada a robos, armas circulantes, consumo y dinámicas de grupo. En la Provincia de Buenos Aires, las IPP del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, representan 2,1% del total de las iniciadas (MPBA, 2024), y en homicidios dolosos consumados, los imputados/sindicados menores representan el 7,7% (MPBA, 2024).
Si el Estado baja la edad como “solución”, corre el riesgo de hacer dos cosas a la vez:
1. castigar más temprano sin reparar las causas;
2. llenar instituciones con chicos cada vez más jóvenes, en un circuito que degrada.
4) Suponer “impunidad” cuando hay otras herramientas
En Argentina, el régimen vigente (Ley 22.278) establece no punibilidad penal antes de los 16. Eso no significa “no hacer nada”: significa que el sistema debería priorizar dispositivos específicos (salud mental, abordajes familiares, medidas socioeducativas, intervención territorial, protección integral). Cuando esos dispositivos no existen o son débiles, la política suele reemplazar política pública por “umbral penal”.
El problema de fondo es que bajar la edad puede ser un atajo para no discutir lo costoso y difícil: escuelas con autoridad, equipos interdisciplinarios, tratamiento de adicciones, abordaje de trauma, control de armas, persecución del adulto que recluta, y un sistema juvenil serio y medible.
A nivel internacional, las sugerencias van en sentido contrario del juego de números, en la medida que se considere los temas de fondo. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó que la edad mínima de responsabilidad penal no sea inferior a 14 años y desalienta retrocesos donde ya es más alta. UNICEF en Argentina sostuvo explícitamente que no hay evidencia de que bajar la edad mejore la seguridad.
Muchas veces se usan los ejemplos para comparar obviando que “copiar” edades es engañoso cada edad opera dentro de un ecosistema (escuela, bienestar social, justicia juvenil, prisiones, salud mental, armas, policía, reinserción). Comparar solo el número es comparar “la temperatura” sin mirar el cuerpo.
El tema es más amplio y lo seguiremos tratando, pero algunos temas a considerar si objetivo real es seguridad y no slogan con impacto en la métrica ¿a qué edad imputamos?”, sino:
¿Qué hacemos con el adolescente violento de alto riesgo, o reclutado por adultos, o con el adolescente impulsivo, intoxicado, quebrado con problemas serios de salud especialmente la mental? ¿Qué hacemos con el arma circulante y la impunidad adulta? o más profundamente ¿qué sociedad queremos crear donde crezcan esos niños (control real y sanción efectiva)?.
Quizás es aceptando la sociedad que hemos armado, cómo logar evitar lo que en ciertos grupos puede ser la inevitable salida: que un chico llegue a convertirse en un adulto criminal.
"No es signo de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma"
Jiddu Krishnamurti