Un fantasma recorre la Argentina: el fantasma del mercado. Invisible para buena parte de los mortales, la noticia económica de la semana fue la fallida licitación de letras que llevó adelante la Secretaría del Tesoro. Una renovación de deuda en pesos a la que sólo se adhirió un 61% de los inversores y que disparó medidas de emergencia. El magro resultado abre múltiples preguntas de cara al futuro.
El tema no entra en el radar del hombre que toma el tren para ir a trabajar todos los días; de la maestra que hace dedo en la ruta para llegar a la escuela rural; del albañil que silva trepado al andamio; de la oficinista que encorva su espalda sobre el teclado. Persiguen, en cambio, el arduo objetivo de llegar a fin de mes. Sin embargo, el hecho tiene para ellos insospechados efectos colaterales sobre su vida cotidiana.
La gran pregunta a estas horas es adónde irá esa masa de pesos que flota sin destino en la plaza local. Tal vez mañana sea develado. Parecería ser tan sólo una preocupación de inversores con los bolsillos gordos, de sofisticados especialistas bursátiles, de esa raza de gente que se ríe a carcajadas ante el chiste de qué le dijo un Bopreal a un bono AL30. Pero no lo es.
¿Por qué no es algo trivial? ¿En qué afecta a los argentinos de a pie? Los pesos en cuestión tienen un abanico de caminos a recorrer: o el inversor apuesta a sacar una fuerte rentabilidad a través de la alta tasa de interés, y entonces compra nuevas Letras; o, si es conservador, inmoviliza el capital en un plazo fijo; o se tira de cabeza al mercado cambiario y compra dólares; o destina parte de dinero al consumo.
La economía es un sistema y como tal está interconectada por un cableado sensible, delicado. Si se toca el mecanismo en un extremo del esquema, la señal repercute en el todo. Por eso detrás de este manojo de posibilidades de inversión se juega también la suerte del proceso inflacionario en baja y la recuperación del sector productivo. Veremos.
No puede descartarse, mucho menos en inciertos tiempos electorales, que los inversores se inclinen por la dolarización de buena parte de sus carteras. Si la demanda del billete verde aumenta, naturalmente el precio tenderá a subir hasta el techo de la banda cambiaria –fijado en $1.400- y más allá también. Esto, al menos en la Argentina, se traduce en un latigazo sobre los precios.
Si los pesos se van al dólar y este movimiento impacta en las góndolas, entre otros precios, pues será malo para la sociedad toda. También para el Gobierno, que tiene en la desinflación una de sus mayores virtudes de cara a las elecciones legislativas de octubre, con combate preliminar en septiembre en la provincia de Buenos Aires.
Por ahora, motosierra mediante, el equipo económico lleva la pelota atada al pie. El miércoles el Indec difundió los datos de la inflación de julio: 1,9% mensual, sumando 17,3% en lo que va del año. Es el tercer mes que la economía logra contener el alza de precios generalizado por debajo del 2%, algo inusual por estas pampas.
El riesgo que corre el Gobierno, y también el trabajador del tren, la maestra rural, el albañil y la oficinista, es que la suba del dólar haga tambalear este frágil esquema, como una reacción lógica de cobertura por parte de comerciantes que, por tener el cuero curtido tienen también el gatillo celoso.
Lo que ocurra con los pesos sobrantes determinará en parte la suerte del proceso inflacionario. Clara Alesina, economista de la Fundación Libertad y Progreso, así lo estima: “Nuestro relevamiento para la primera semana de agosto mostró que la inflación se mantuvo estable. Y para todo el mes proyectamos un IPC cercano al 2%, quizás apenas por encima. La clave estará en cómo maneja la liquidez el Banco Central y lo que pueda absorber el Tesoro en las licitaciones de deuda”.
El Gobierno busca tener las riendas cortas. Por eso veta todas y cada una de las leyes que implican un aumento del gasto público y pisa las paritarias, impidiendo que el Ministerio de Trabajo le de luz verde a aumentos por encima de la inflación. El cuadro es delicado. En la semana se informó que la Canasta Básica escaló a $1.150.000, monto que necesita una familia para no caer en la pobreza.
Las medidas restrictivas han hecho crujir al consumo. De allí que, según datos del Indec, la cuenta de servicios tenga números en rojo. Por ejemplo, el consumo de electricidad, gas y agua cayó en mayo un 6% interanual, y retrocedió 2,5% con respecto al mes de abril.
CUESTA ARRIBA
Si el Gobierno necesita convalidar altas tasas de interés para atraer esa masa de pesos que hoy circula en la plaza, pues entonces el crédito para el sector productivo se tornará inviable. Y, ya se sabe, plata retenida en plazos fijos o cualquier instrumento financiero es plata que no se destina al consumo. Aquí es adonde la estrategia del equipo económico impacta por debajo de la línea de flotación del sector productivo.
Para saber cómo están hoy las cosas es clave poner la lupa sobre las pequeñas y medianas empresas, aquellas que conforman el grueso de la producción local y son las principales generadoras del empleo registrado. El último informe de la Fundación Observatorio Pyme revela lo siguiente:
* Para el 70% de las empresas la producción está estable o en baja y la preocupación por la debilidad de la demanda alcanza al 68% de las compañías.
* El 74% de las empresas reportó aumento de costos y sólo un poco menos de la mitad (35%) pudo trasladarlo a precios.
* El 45% de las empresas informó amenaza importadora y el 33% verificó pérdida de participación a manos de importaciones.
* Se profundiza la caída del empleo en las PyME industriales (-4,7% interanual), acumulando 9 trimestres de caída.
La cuestión del empleo también es una tecla sensible en el sistema. Los problemas en la creación de puestos de trabajo genuino vienen de arrastre y sería injusto cargarle la mochila a la gestión Milei. De hecho, el empleo privado registrado creció apenas 3% desde 2012, de acuerdo a los datos difundidos por el Ieral de la Fundación Mediterránea.
La entidad también resalta que desde 2012 se produjo un desplazamiento del trabajo hacia la informalidad, que creció un 29%, y hacia la actividad independiente (+47%), léase masivo monotributo y mucho precario cuentapropismo. “En la gestión actual se perdieron 91.000 puestos asalariados privados, mientras la informalidad subió 4% y los independientes crecieron 4%”, recalca el documento.
Hablar de empleo es, naturalmente, hablar también de salarios. Decidido el Gobierno a que no se le dispare ningún resorte que active la inflación, le puso un freno al reclamo de aumento de ingresos. Así las cosas, en junio los salarios registrados subieron 1,6%, en línea con la inflación de ese mes.
En lo que va del año los haberes escalaron 14,6%, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 15,1%, lo que muestra una pérdida de poder adquisitivo del 0,4%. Desde el inicio de la gestión Milei los ingresos salariales bajaron un 5,5% real. Por sexto mes consecutivo el perdedor fue el sector público, ya que sólo subió 1,3%, por debajo del IPC, mientras que los privados aumentaron 1,7%, apenas por encima.
ELECCIONES
El poder de las urnas es insondable. De allí que ante la necesidad de imponerse con soltura en las próximas elecciones legislativas de octubre el Gobierno haya abierto un poco más el grifo del gasto: les ofreció a los gobernadores una propuesta alternativa de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN); y autorizó un incremento salarial del 7,5% para los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales.
El Plan Platita libertario busca dar una imagen de diálogo y flexibilidad en el intento por atornillar en el tablero electoral algunas voluntades díscolas. La arena política esta vez no parece deparar mayores misterios: el Gobierno se impondrá y sumará escaños en el Congreso, lo cual le servirá para avanzar en su sendero de reformas. La incógnita es si el porcentaje le alcanzará para maniobrar sin tener en cuenta la resistencia de la oposición.
El mercado respalda la orientación del gobierno pero, igualmente, teme. El Índice de Incertidumbre Económica elaborado por la Universidad Católica Argentina surge revelador: el valor del indicador en julio fue de 53,1, es decir un 4% superior al mes anterior. En promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos, se detectaron 53,1 vocablos vinculados a incertidumbre.
Las principales observaciones sobre las preocupaciones manifestadas en los últimos meses son las menciones a inestabilidad económica -inflación o dólar- además de las referidas a pobreza y empleo. La categoría que experimentó el mayor incremento fue Impuestos, probablemente vinculado a la rebaja de retenciones a las exportaciones del sector agropecuario.