La seudo crisis institucional inventada por el Ejecutivo con motivo de la sanción de una ley sobre aumentos y otros cambios en el sistema previsional obliga a un análisis integral de la gestación y alcance de la norma, desde su contenido a su significado y validez constitucional.
Se comenzará por repasar las implicancias de los cambios. Para comenzar, la ley prorroga por dos años la supuesta moratoria previsional, una decisión que convalida el error de fondo en que incurrió el gobierno de Cristina Fernández que destruyó el sistema jubilatorio definitivamente, sin ninguna chance de poder ser rescatado de ningún modo y con ningún sistema futuro que se aplicase.
Aquí se puede recurrir a los reiterados trabajos de esta misma columna en el pasado, durante varios años. La llamada moratoria es la negación misma del concepto actuarial de cualquier sistema de retiro, que se denomina de reparto en Argentina solamente para ocultar la estafa a los aportantes.
Aún cuando no haya una cuenta individual para cada afiliado, como ocurría con las AFJP, y aún cuando no se utilicen los fondos recaudados para realizar inversiones paralelas que lo sostengan en el futuro, implícitamente ello se está haciendo al recaudar los aportes de empleadores y empleados durante toda la vida laboral de una persona. Que el Estado haya decidido repetitiva y sistemáticamente estafar a esos aportantes utilizando los fondos recaudados no sólo irresponsablemente sino malversándolos al destinarlos a otros fines que no son los que originan esos aportes, no transforma el delito en un sistema ortodoxo.
Para aclarar este punto, se volverá a viejos estudios análisis ya abordados por este espacio. Antes de la moratoria concedida por el kirchnerismo, el sistema ya tenía un déficit de varios puntos del Producto Bruto. Eso significaba que los 3.000.000 de jubilados con aportes plenos abonados en término, ya castigados y estafados en los haberes que percibían, aparecían costándole al Estado, o sea a los contribuyentes a los impuestos generales, mucho más que lo recaudado por igual concepto.
Pero cuando se analizaba lo que tramposamente se llamaba gasto jubilatorio se descubría que ese déficit no estaba constituiído mayormente por la relación básica aportes actuales versus pagos de jubilaciones, sino que las erogaciones ocultaban una gran cantidad de gastos que nada tenían que ver con el régimen jubilatorio. Desde pensiones a la vejez, a pensiones por enfermedad, pasando por AUH, Salario Familiar, seguros de desempleo, y una sarta de gastos completamente ajenos al sistema. Una manera de ocultar una estafa y una mentira, creando planes de subsidios que, sin abrir juicio sobre su pertinencia o no, nada tenían ni tienen que ver con retiro alguno.
Para ponerlo más claro, se estaba usando la recaudación previsional para otros fines.
Eso fue simplificado por analistas de mente simple y explicaciones fáciles al decir que “había una gran cantidad de trabajo en negro que explicaba la diferencia en las cuentas”. Cómoda justificación. En la medida en que los aportes fueran altos y las prestaciones por ese concepto fueran muy bajas, era obvio que ocurriría eso. Sin embargo, nadie quiso ni siquiera tomarse el trabajo de separar lo que se gastaba en pago de jubilaciones de lo que se pagaba por otros conceptos, ¡inclusive por subsidio al gas en garrafas!
Como si eso fuera poco, a esos 3.000.000 de jubilados con aportes legítimos durante toda una vida, que llegaban a 40 años de trabajo, se les agregó 4.000.000 de jubilados con pocos aportes o ninguno, una cantidad monstruosa de beneficiarios que no soporta ninguna explicación racional ni permite ningún control o morigeración, y que ha sido deliberadamente normalizado en todos los análisis y explicaciones, inclusive por el supuesto gobierno eficientista y desregulador de Milei.
En un mecanismo digno de la compra de Repsol por Eskenazi, o de la venta de las empresas de Franco Macri a su sobrino Calcaterra, esos jubilados de favor pagarían de sus ingresos futuros una cifra nominal cada mes como compensación por los aportes no efectuados en el pasado, lo que además de ser un espejismo, despreciaba, como corresponde a la ignorancia, el concepto actuarial de estos aportes.
Si antes de este regalo, un verdadero sistema de planes nunca considerado como tal, el sistema ya explotaba, el agregado de una masa mayor a la de jubilados legítimos fue mortal e irrecuperable. Se agravó con el apoderamiento de los fondos de las AFJP que se han dilapidado o desaparecido, como se prefiera.
Eso aumentó el criterio fácil que hace que la jubilación sea considerada un plan, una limosna, un subsidio que cada uno puede manosear como se le dé la gana y que han usado todos los gobiernos sin ninguna excepción y hasta el FMI, que lo usa como bafle de cualquier ajuste y que culmina con la estafa verbal de este mismo gobierno al querer convencer a sus víictimas de que los haberes han aumentado en dólares, lo que puede analizarse de dos maneras: o LLA no sabe que también los costos de vida han aumentado en dólares, o no sabe que sus víctimas son capaces de pensar.
Esa barbaridad de reponer la moratoria se completa en la ley recién aprobada con la decisión de aumentar proporcionalmente mucho más los ingresos de los beneficiarios de la moratoria K generosa y arbitraria, mientras se posterga a quienes aportaron toda su vida.
Es cierto, de total certeza, que el ajuste mileísta cayó con particular dureza sobre la cabeza de los jubilados y de toda la clase media y baja de asalariados, y sobre ese punto hay que volver una y otra vez hasta resolverlo. Pero la forma de intentar lograrlo de esta ley es, lejos, el peor de los mecanismos. Digno del populismo que tanto daño ha hecho en el país.
Este planteo cumple con la necesidad de desbrozar lo que se ha legislado. Que difícilmente pueda tener enfoques aislados y separados, porque de lo que se trata es de analizar si en el apuro de cumplir las pautas/condiciones del fondo no se ha terminado por salvar a la famosa y desprestigiada casta de hacer su contribución al ajuste. Nada raro en un medio en que el apelativo de casta se va aplicando a sectores que van cambiando según el capricho o las fobias presidenciales & triángulo.
Corresponde ahora echar un vistazo a los aspectos institucionales y políiticos. Difícilmente se pueda calificar esta situación de “una suerte de golpe de estado” como hiciera el fiel Jefe de Gabinete de Ministros. Debe recordarse que la ley contaba ya con la aprobación de Diputados, de modo que se trataría de un golpe de estado del Congreso, algo difícil de sostener, si no ridículo.
En cuanto al alegato de que se infringe el Reglamento del Senado, lo que no está tan claro, debe recordarse que el Ejecutivo no es el órgano que está a cargo de analizar el cumplimiento de esa ordenanza interna. Ni siquiera la Corte, que se expedirá en consecuencia.
Por eso el pedido a la Vicepresidente electa Villarruel de la ministra no electa Bullrich de que se levantase y se fuera, además de evidenciar un desconocimiento de formas y de reglas, de haber sido obedecido no habría tenido ningún efecto. Y habrá que recordarle que el presidente de la Cámara de Diputados no mereció igual admonición cuando esta ley se aprobó en esa Cámara, lo que no habla de demasiada seriedad de planteos. Tal vez eso explica el retroceso discursivo del ministro Caputo (convertido recientemente en miembro del pelotón insultante) en una muestra de reconocimiento de ese hecho, un intento de transformarlo en un principio de revelación, para usar una definición favorita del oficialismo.
El veto con que amenaza Milei es un arma de doble filo (sic), porque convalidaría el procedimiento al aceptar que se trata de una ley legítima y porque corre el riesgo de recibir una respuesta difícil de digerir como sería la insistencia del Congreso con los dos tercios.
No es para nada descartable que en el Congreso se hayan aunado voluntades (no sólo kirchneristas como se ve matemáticamente) para endurecer la oposición y llevar al Gobierno al terreno de lo imposible, pero también debe aceptarse que al decidir negar la existencia de la Vicepresidente, una actitud que no puede dejar de calificarse de infantil, el Ejecutivo ni siquiera puede compartir con la Presidente del Senado cuáles son sus objetivos, intenciones o propuestas de negociación. Suponiendo que el Ejecutivo quiera negociar algo institucionalmente, aunque es evidente que sólo negocia a través de la Secretaria General de la Presidencia y sobre otros temas y con otras contrapartidas.
Justamente esa deliberada ausencia de negociación hace que el Congreso no tenga más remedio que ser opositor, o al menos le brinda una muy buena excusa para serlo. La ley que aprobó el Senado presidido a medias por la defenestrada y vapuleada Villarroel es la misma ley que aprobó Diputados presidida por el amigo Martín Menem, para expresarlo con claridad.
Hay otra posible lectura. El mecanismo arbitrario, caprichoso, voluntarista y en muchos aspectos dictatorial del presidente Milei está sufriendo las consecuencias que esa actitud merece siempre, más allá de las discrepancias o concordancias políticas de sus interlocutores. El triángulo de hierro y todo lo que negocia y acuerda no es institucional, no respeta la institucionalidad ni la Constitución, y ni siquiera puede ser vetado por nadie.
Ese mecanismo político precario de pretender tener siempre la verdad e imponerla con el insulto, la descalificación, la fuerza o la prepotencia, puede haber empezado a resquebrajarse. La reciente alianza con Santilli, Montenegro y Ritondo no simboliza el cambio que se pregona. Las alianzas secretas pactadas por el triángulo de hierro tampoco. O sea que, de pronto, el principio de revelación también se aplica a La Libertad Avanza.