El ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta apeló el procesamiento dictado este miércoles por el juez federal Julián Ercolini, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
La presentación fue realizada por su abogado defensor Rodolfo Iglesias para que la Cámara Federal revoque la medida y dicte la falta de mérito.
Ercolini había señalado en su fallo que Baratta había incrementado su patrimonio en $4.678.496,90 de forma “apreciable e injustificada” entre 2003 y 2017, cuando estuvo en la función pública como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal de la Nación.
El defensor apeló la decisión del juez por considerar que “causa un gravamen actual, concreto y de imposible reparación ulterior”. Y agregó: “Consolida una imputación patrimonial construida sobre premisas fijadas por el propio juzgado, utiliza como corroboración técnica un dictamen que no determinó autónomamente ni la atribución económica ni el costo histórico del rubro decisivo de Mapuche, prescinde de fuentes de descargo oportunamente individualizadas y rechaza en forma global las diligencias destinadas a comprobar las explicaciones del imputado”.
Además, apuntó que el procesamiento se dictó luego de que Baratta fue citado a dar su indagatoria, la cual fue protestada. También habían solicitado el apartamiento del juez de la causa.
Por otro lado, el abogado se refirió a la mansión en el Mapuche Country Club, la cual fue tasada por un costo total de $3.700.000 y que según el exfuncionario fue pagado por sus padres como un “proyecto familiar”.
Según el escrito, sostienen que no se investigaron en profundidad los antecedentes económicos de sus padres, Palmino Baratta y Marta Rosa Girola, que podrían explicar el financiamiento de Mapuche.
Para el abogado, el fallo de Ercolini exhibe un “patrón de confirmación selectiva”, ya que “los datos compatibles con la hipótesis inicial son presentados como corroboraciones, mientras que las fuentes alternativas son desestimadas por no encontrarse plenamente trazadas”.
En ese sentido, solicitaron que la Cámara Federal disponga la “producción completa de las medidas ofrecidas para evacuar las citas y, una vez incorporados sus resultados, la realización de una nueva pericia contable integral por profesionales distintos”.
La medida apunta a responder “cada divergencia relevante”, reconstruir el costo y la atribución de Mapuche desde sus fuentes, y disponer el recálculo de las operaciones “financiadas, sustituidas o reinvertidas conforme su efecto patrimonial neto y se identifique la incidencia individual y conjunta de cada corrección sobre los ejercicios y sobre el saldo acumulado”.