Por Pablo Francisco Arancedo
Es increíble que nuestros políticos profesionales sigan discutiendo si es razonable o no, arancelar el acceso a la educación pública para …..los extranjeros.
El servicio público de educación gratuito caracterizó a la República Argentina para permitir la promoción social de su nación. Su infraestructura está diseñada para brindar servicios a sus nacionales y no al resto del mundo. No es lógico diseñar y mantener una infraestructura para brindar educación pública universitaria gratuita para el resto del mundo los extranjeros.
Su financiamiento se encuentra limitada por la recaudación de los impuestos. Que sea gratis no significa que sea un regalo. Alguien lo paga, la nación argentina. Esto no es chauvinismo, es la realidad.
Tampoco es razonable entrar en la discusión absurda si en la actualidad acceden a la educación universitaria pública y gratuita 1, 50; 100; 5000; 100.000 o más extranjeros. El número no hace a la verdad.
La regulación vigente no prohíbe a las universidades aprobar aranceles para el acceso de los extranjeros a la educación. ¿Porque no lo hacen? No lo sé. Parece una discusión ideológica y de intereses sectoriales berreta que provoca un fenomenal daño grave al sistema de educación pública al impedirle incorporar una nueva fuente de financiamiento.
Es una paradoja que, desde hace años, asistimos a una discusión eterna entre los rectorados de las universidades, los sindicalistas de los gremios docente o no docente y el gobierno por el alcance de su financiamiento.
El Gobierno envía a las universidades fondos que siendo fondos públicos lógicamente pide su rendición de cuentas que sean verificables con auditorías. Lejos de la legalidad y de la transparencia, los rectores universitarios forman un “scrum” invocando que la rendición de cuentas exigida sobre fondos públicos viola su autonomía universitaria. Realmente un disparate, sin asidero jurídico ni lógico. Ese rechazo a la falta de rendición de cuentas del gasto es fuente generadora de sospecha de corrupción.
Además, de lo anterior, para agregar más contradicción, es un hecho público que desde hace años, distintas universidades públicas ofrecen servicios de postgrados y cursos por ejemplo idiomas, con arancelamiento para alumnos extranjeros y nacionales. Paradójicamente en esa instancia los rectores no se abroquelan detrás del invocado derecho a la gratuidad. Tal vez debiera auditarse también que pagan dichos ingresos?.
En mi opinión, en la actualidad, no existe una prohibición que impida a las universidades aprobar aranceles para el acceso a la educación a los extranjeros. Sin perjuicio de lo anterior nada obsta a que se sancione una ley para arancelar el acceso a la educación pública universitaria y al sistema de salud nacional para los extranjeros.
Complementariamente con lo anterior, para incentivar el cobro de los servicios se podría incorporar a la ley de migraciones vigente, que la falta de pago regular del servicio de educación y/o salud pública sea considerada una falta migratoria susceptible de reparación por pago de multas y hasta causal de eventual deportación.