El Senado inició la sesión para debatir el Proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional en un clima de alta tensión política y sindical. Mientras en la calle se concentraban la CGT y gremios combativos, dentro del recinto los discursos expusieron con nitidez la grieta entre el oficialismo y la oposición.
Uno de los primeros en rechazar la iniciativa fue el senador Mariano Recalde, del bloque Justicialista, quien cuestionó con dureza las exposiciones de los legisladores oficialistas. “Fueron muy escuetas y expresaron muy pocas cosas que consideran beneficiosas”, afirmó. El dirigente sostuvo que la norma “no está pensada para generar trabajo” y relativizó su carácter innovador al señalar que “no es la primera reforma que se hace en 50 años”.
Recalde también apuntó contra uno de los puntos más discutidos del proyecto: la posibilidad de fraccionar las vacaciones mediante acuerdos entre empleador y trabajador. “Todos se quieren ir 14 días”, ironizó. En tono crítico, agregó: “Esta ley vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno! Sólo quiere dejar afuera el derecho de las ocho horas de trabajo a un montón de trabajadores. Ustedes aborrecen la justicia social y la paz también”.
Desde La Libertad Avanza, el senador Juan Cruz Godoy defendió la propuesta y aseguró que durante el tratamiento se incorporaron “detalles” destinados a brindar mayor flexibilidad. “El trabajador podrá ponerse de acuerdo con el empleador”, remarcó. Sobre el régimen de vacaciones, precisó que podrán tomarse entre octubre y abril y dividirse de mutuo acuerdo, siempre que el período mínimo sea de siete días.
La sesión comenzó formalmente con cuestiones de privilegio. El primer orador fue el senador catamarqueño Flavio Fama, de la Unión Cívica Radical, quien advirtió que el sistema universitario atraviesa “un momento de crisis”, en una intervención que amplió el foco del debate más allá de la agenda laboral.
El jefe del interbloque peronista, José Mayans, expresó un rechazo frontal al proyecto y anticipó objeciones constitucionales. “Esta reforma laboral va en contra de los trabajadores”, sostuvo ante la prensa. Según el senador formoseño, la iniciativa “viola” el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y colisiona con tratados internacionales. También criticó la propuesta del Banco de Horas y advirtió que, en un contexto de salarios “mínimos”, la flexibilización podría agravar la situación social.
Mayans además introdujo un elemento de tensión federal al señalar que el oficialismo avanzaría “sobre las cajas previsionales de las provincias”. En ese marco, deslizó críticas hacia mandatarios provinciales dispuestos a acompañar la reforma, al sugerir que sin ese respaldo el Gobierno no reuniría los votos necesarios.
En contraste, la Unión Cívica Radical adelantó su apoyo mediante un pronunciamiento en redes sociales. El partido destacó que desde hace cinco años impulsa propuestas en la materia y enfatizó la necesidad de “cuidar a las pymes”. Entre los ejes mencionados figuran un Fondo de Asistencia Laboral específico, la voluntariedad de la cuota sindical y cambios en el esquema de indemnizaciones.
El oficialismo también sumó respaldos desde el PRO. Laura Alonso, legisladora porteña y ex vocera de Jorge Macri, ratificó que desde la Ciudad acompañarán la reforma y reclamó la transferencia de competencias judiciales en materia laboral para agilizar la resolución de conflictos.
Por su parte, Patricia Bullrich calificó la iniciativa como “la reforma más importante de los últimos 50 años” y se mostró confiada en lograr su aprobación. En la misma línea, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada fustigó a los gobernadores que respaldan el proyecto y admitió su sorpresa ante el escenario político actual.