El Gobierno del presidente Javier Milei avanzó con los procedimientos sancionatorios contra 15 sujetos adicionales que habrían violado las prohibiciones de la Ley N° 26.659 por el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
La lista está integrada por ocho empresas y siete personas vinculadas como accionistas, directivos o proveedores estratégicos de las petroleras que intervienen en los proyectos cuestionados, confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo.
Entre las compañías incluidas figura Shlomo Eliahu Holdings Ltd., de Israel, señalada como accionista de Navitas Petroleum LP, una de las operadoras del proyecto petrolero Sea Lion.
El listado también incorpora a cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC: Aberdeen Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd., ambas del Reino Unido; SMR Advisors (Monaco) SAM, de Mónaco, y Mizrahi Tefahot Bank Ltd., de Israel.
En el caso de Borders & Southern, el procedimiento alcanza a David Williamson Dobson, también identificado en el documento como David Harry Williamson Dobson, quien figura como accionista y presidente no ejecutivo de la compañía.
También aparecen seis accionistas y directivos vinculados con Eco: Gil Holzman, accionista y director ejecutivo; Keith Hill, accionista y director; Peter Nicol, accionista y director; Alan Friedman, accionista y director; Alice Carroll, accionista y miembro de la empresa, y Gadi Levin, accionista y director financiero.
La nómina se completa con tres compañías relacionadas con la provisión de infraestructura: Bluewater Energy Services BV, de Países Bajos; Bluewater Sea Lion Production Company Limited, del Reino Unido, y Noble Corporation UK Ltd., también británica y señalada como casa matriz de un proveedor estratégico.
Los nuevos expedientes se suman a los procedimientos que el Gobierno ya había iniciado contra otros 45 sujetos, por lo que el universo de personas humanas y jurídicas investigadas asciende a 60.
La Oficina del Presidente había anticipado que continuaría identificando a todos los actores involucrados en la explotación de recursos sin autorización argentina y que avanzaría con los correspondientes sumarios administrativos.
“La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, sostuvo al anunciar la ampliación de los procedimientos.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, advirtió que las sanciones previstas por la Ley 26.659 alcanzarán tanto a las operadoras como a sus accionistas, directivos y proveedores.
“Cualquier empresa o proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en la zona de Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino”, afirmó Ravier durante su conferencia de prensa de los martes.
Según explicó, las firmas alcanzadas tampoco podrán adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), acceder a beneficios fiscales ni participar en proyectos energéticos como Vaca Muerta.