El Poder Ejecutivo reformó hoy el régimen de contrataciones de la Administración Nacional y modificó las escalas de competencia para autorizar y adjudicar licitaciones, concursos y compras directas.
El cambio más significativo es que los procesos de mayor monto -licitaciones que superen los 50.000 módulos y compras directas que superen los 30.000 módulos- ya no requerirán la firma del ministro del área, sino que podrán ser aprobados por los secretarios ministeriales o funcionarios de nivel equivalente.
Hasta hoy, las licitaciones que superaban los 50.000 módulos debían ser adjudicadas por el jefe de Gabinete, los ministros o las máximas autoridades de organismos descentralizados.
La reforma redistribuye ese nivel hacia los secretarios, mientras que para autorizarlas -etapa previa a la adjudicación- los secretarios quedan habilitados desde el umbral de 15.000 módulos.
La norma también modifica las escalas de gasto de la Ley de Administración Financiera, alineando las competencias para aprobar erogaciones con la nueva estructura.
Si se toman los valores actualizados a abril el módulo tiene un valor levemente superior a los $50.000, con lo cual el techo para licitaciones es de $2.500 millones y para compras directas de $1.500 millones.
La decisión se fijó a través del Decreto 427/2026, firmado por el presidente Javier Milei y refrendado por el jefe de gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, publicado hoy en el Boletín Oficial.
El texto señala en sus fundamentos que la reforma apunta a “agilizar, simplificar y dotar de mayor operatividad la gestión de los procedimientos de selección, coadyuvando con ello a una utilización más eficiente de los recursos públicos”.
La norma aclara además que será de aplicación a todos los procedimientos de selección, “aun a aquellos autorizados con anterioridad” a su entrada en vigor.
El decreto modifica el Decreto 1030/16 -reglamentario del Régimen de Contrataciones- y el Decreto 1344/07 -reglamentario de la Ley de Administración Financiera-.