El presidente Javier Milei instruyó a la Secretaría de Transporte bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, que comanda Sandra Pettovello, a multar a los gremios de trenes y colectivos que se adhirieron al paro del pasado 19 de febrero.
Con cifras que oscilan entre los 70 mil millones de pesos para la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y 20 mil millones para La Fraternidad, el gobierno busca poner un ejemplo de castigo no tan severo.
Si bien inicialmente se habló de la idea de avanzar con la quita de la personería gremial, la administración libertaria optó por redefinir la estrategia y avanzar con multas monetarias luego de que incumplieran la conciliación obligatoria dictada.
La decisión se tomó luego de que ambos gremios vulneraran el procedimiento de conciliación laboral obligatoria, dictada en caso de la UTA el 10 de febrero hasta el 26 del mes, mientras que en el caso de La Fraternidad tuvo lugar del 4 al mismo plazo.
A la espera de los desembolsos, en la administración libertaria alertan que se trata de una “nueva oportunidad” para los gremios y garantizan que, en caso de que opten por desconocer el pago, reflotarán la idea de aplicar la pena máxima con la quita de la personería gremial.