Javier Milei falló en la primera oportunidad que se le presentó de mostrar sus flamantes y más numerosos bloques en el Congreso. El jueves por la madrugada, la oposición de la Cámara de Diputados rechazó un capítulo introducido a última hora al presupuesto 2026 que derogaba dos fuentes de masivos gastos fiscales sin financiamiento genuino: el aumento salarial en universidades y los gastos en subsidios por discapacidad. Ambas erogaciones -que alimentan cajas políticas- ponen en duda el superávit fiscal y fueron obra de la oposición en el viejo Congreso. El nuevo las ratificó como si nada hubiese pasado el 26 de octubre.
El paso en falso tuvo dos componentes. El primero, un error de cálculo de los operadores parlamentarios del oficialismo (ver “Consejero en las sombras”); el segundo, la fragilidad de la relación con los radicales y con los gobernadores peronistas enfrentados con el kirchnerismo. A la hora de la verdad los gobernadores que reciben fondos del Poder Ejecutivo y leyes que los benefician (la creación del RIGI o la modificación de la Ley de Glaciares) votaron en contra de la Casa Rosada y le generaron una crisis que terminó con la luna de miel poselectoral.
La derrota parlamentaria dejó al Gobierno en la posición que los ajedrecistas llaman “zugzwang” u obligación de mover: una jugada puede ser mala y la otra peor. Podía congelar el presupuesto en 2026, pero eso hubiera significado romper con sus socios “dialoguistas”. Peor aún: representaba una mala señal para los mercados en materia de gobernabilidad. El primer presupuesto de su gestión discutido en el Congreso y enviado al archivo por falta de poder institucional.
La otra movida era convertirlo en ley y tender una sombra de duda sobre el mantenimiento del superávit fiscal, principal sostén del plan antiinflacionario. ¿Qué decisión tomó? Puso en marcha una absoluta novedad: el pacto legislativo “en cuotas”.
Ante la presión opositora se comprometió a dictaminar el presupuesto en el Senado sin cambios y aprobarlo el viernes próximo en el recinto. Como contrapartida, los radicales y los representantes de gobernadores “aliados” firmaron el dictamen de reforma laboral -proyecto estrella de las extraordinarias- y se comprometieron a sancionarlo en febrero.
El plazo no fue dispuesto por azar. Está relacionado con el poder de veto del Ejecutivo que sólo puede ser aplicado hasta 10 días después de la sanción de la ley. Si el presupuesto y la reforma laboral eran aprobados simultáneamente, el Presidente podía vetar partidas de gastos para recuperar el superávit. En febrero no podrá hacerlo. Un pacto entre adversarios que desconfían uno del otro, un intercambio de rehenes.
Como resultado de estos tironeos quedó empañada la tarea de Patricia Bullrich que debutó como líder del oficialismo en el Senado desplazando al peronismo de las comisiones. Lo consiguió aliándose con todo el antikirchnerismo que a la hora de los repartos de poder se muestra siempre dispuesto a confraternizar.
También manejó el debate en comisión de la reforma laboral con calma, pero al mismo tiempo con mano de hierro. Encuadró al peronismo y a su presidente de bloque, José Mayans, propenso al escándalo, las chicanas y la gritería. Hasta los gremialistas guardaron su habitual “bullying” para mejor ocasión. Fuera del Congreso, dicho sea de paso, armaron una movilización con escasa participación. Ni el auxilio de los medios opositores logró reanimarla.
Pero el Gobierno no fue solo derrotado en el Congreso durante la última semana. El lunes anunció que acelerará el ritmo de devaluación, algo por lo que había presionado el sector financiero que necesita vender los dólares que compró durante la campaña electoral, especulación que llevó al país al borde de otra crisis cambiaria.
Luis Caputo cedió finalmente ante bancos y fondos de inversión después de fracasar en el intento de volver a los mercados voluntarios de deuda para conseguir el “roll over” de los vencimientos del año próximo. Ahora pagará deuda con reservas, lo que equivale a tratar de llenar un balde agujereado. En pocas palabras le negaron el crédito.
El nuevo régimen consiste en que la devaluación del 1% mensual del peso pasará a partir de enero de 2026 a ser equivalente a la inflación de dos meses antes, en este caso, la de noviembre: 2,5%. En suma, una indexación que pesará en contra de la lucha para bajar la inflación que, de acuerdo con el Gobierno, debería ubicarse por debajo del 1% a partir de mediados del año próximo.
En conjunto, un marco preocupante que puso fin a la euforia poselectoral de los libertarios. La oposición, que había desaparecido después de la derrota en las urnas, resucitó en el Congreso, dominio de la “casta” que le puede complicar la economía.