En las últimas horas se conocieron dos decisiones del Gobierno que lucen relevantes. La primera es el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el Presupuesto, la reforma laboral y la reforma al Código Penal. Las sesiones tendrán lugar entre el 10 y el 31 de diciembre, o sea 19 días sin contar las festividades. La segunda es la intención de lanzar un bono en dólares por 4.000 millones de esa moneda.
Como se sabe, en materia económica lo que el Gobierno dice suele ser mucho mejor de lo que el Gobierno hace. Por eso hay que sopesar cada movimiento que anuncia con cuidado, a fin de no excederse en el optimismo.
Esas tres semanas parecen un tiempo exiguo para tratar tres temas de tanta importancia, a lo que debe sumarse la inutilidad e incompetencia de una gran cantidad de legisladores, y la irresponsabilidad y liviandad puesta de manifiesto por una gran mayoría en la payasesca y lastimosa sesión de la toma de juramento de diputados a la que asistió el presidente y la primera hermana. Tiene sentido analizar las tres leyes que se intenta debatir.
La reforma laboral, cuyo último borrador se conocerá el martes 9, parece ser mejor que el anterior, al poner mucho y procedente énfasis en impedir el negocio judicial en los juicios laborales, desde el cálculo de ajustes e intereses hasta las multas y la herencia a la que se condena al comprador de un fondo de comercio a hacerse cargo de la antigüedad y los reclamos del personal. Será algo más complicado evitar el consenso judicial no escrito por el cual el trabajador siempre “tiene que llevarse” al menos la mitad de lo que reclama, sea ello justo o no. Jurídicamente el criterio se llama in dubio pro operario, en la práctica se llama negocio judicial, en el que participan y comparten abogados de ambas partes, jueces y peritos.
Buena parte de los cambios, vitalmente requeridos, requieren mucho análisis, discusión y conocimientos, pero no sólo eso no ocurrirá en las sesiones, por falta de tiempo y capacidad, sino que los votos se decidirán con pactos y acuerdos políticos que no tienen mucho que ver con la calidad de legislación ni con las prácticas del mercado laboral, sino con lo que se negocie por las noches entre los emisarios del Ejecutivo y los mandantes de los legisladores. Gremios, políticos, gobernadores, empresarios, sindicalistas, etc.
Esto significa que la suerte del proyecto es una incógnita como lo son los costos económicos y de otro tipo que deberá pagar el Gobierno para conseguir la aprobación. A eso debe sumarse el accionar de los gremios, que usan las leyes y prácticas actuales como un plan de negocios, no como un sistema de defensa del trabajador, que proclaman como su objetivo. Y la primera defensa del trabajador debe ser que pueda conseguir empleo, por eso se necesita cambiar.
El tratamiento del Presupuesto merece similares consideraciones, potenciadas por la necesidad sátrapa de los gobernadores, intendentes, agencias, entes, planeros, prebendarios empresarios de toda índole (que han financiado campañas) y los defensores de la sensibilidad –impostada, superficial, desinformada, plañidera y barata- de una parte importante de la sociedad.
Como si faltara algo para complicarlo más, el Gobierno colabora con sus guerras intestinas, que suelen reflejarse en los costos y gastos de las diferentes áreas, entes y direcciones, finalmente una lucha sólo aparente por el poder, en realidad por las cajas. Todos los cambios en el equipo de Gobierno, como se puede ver, no tienen que ver con el mejor cumplimiento de algún plan o con una mejor gestión. Sólo tienen que ver con el triunfo de alguna de las facciones internas o con el reparto de funcionarios fieles a algunos de los generales de esas guerras. Se trata de poder de gasto, no de fuego, a diferencia de una contienda bélica.
Si bien el ministro Santilli cree que ha sido exitoso en la persuasión y el derroche de efectividades conducentes, como eufemísticamente las llamaba Yrigoyen, la traición es una herramienta política. Y se debe recordar que en los tres temas que se discuten, las leyes respectivas se votan en general y luego en particular artículo por artículo, lo que permite abrir un ramillete de posibilidades (y de disimulos o incumplimientos de pactos).
Es cierto que la no aprobación de la ley de Presupuesto obligaría a seguir usando el de 2023, lo que sería caótico a esta altura y daría más armas al Ejecutivo, lo que podría mover a las provincias a ayudar a su aprobación, pero en algún lugar se debería acordar medidas complementarias impositivas de las provincias que se han transformado en recaudadores punitivos de la época de Robin Hood.
Es demasiado lírico creer que el Presupuesto será aprobado tal como se propone o sobre tablas. La discusión es qué grado de seriedad termina teniendo. O sea, si refleja un plan integral o es apenas un catálogo de aspiraciones de varios sectores. El FMI, y con él los inversores y prestamistas internacionales, tendrán mucho interés en desbrozar su contenido, sus incongruencias o su mera formalidad sin sustento, según el caso. Un rechazo legislativo sería también algo muy difícil de remontar para el Ejecutivo. (Y para el país)
La reforma al Código Penal también resulta de importancia y hay consenso sobre la necesidad de modificarlo, pero cada sector, partido, área, ideología o ciudadano tiene una idea diferente de lo que hay que cambiar y en qué sentido. Sin contar con que la falta de designación de jueces en todos los fueros y jurisdicciones (600) debería ser la reforma de acción más urgente -cosa que el proyecto no contempla- además de una modificación del formato del Consejo de la Magistratura y completar la Corte, cuya tarea será esencial para evitar que cada ley sea interpretada al antojo de cada juez, lo que ha permitido toda clase de barbaridades en todos los fueros.
Eso se evidenciará hasta cualquier extremo en la votación artículo por artículo. Esta reforma también será hecha por los mandantes de los legisladores, limitados a ser meros ballots (bolillas que valen por votos) que sólo representan intereses sectoriales, no los intereses y necesidades de la sociedad.
En cuanto a la emisión de bonos, se informó que esa suma se destinará a pagar los vencimientos de 2026. Esto se anticipa para que supuestamente la emisión no requiera la autorización del Congreso, porque el Ejecutivo sostiene que no se toma nueva deuda y entonces el requisito legislativo no procede según un inciso de la Constitución.
El punto es que la Carta Magna también dice, en otro inciso, que “El Congreso arreglará la deuda de la nación”. Y tomar un préstamo nuevo para pagar deuda o renovar la anterior a su vencimiento también es “arreglar la deuda”, con lo que habrá en ese aspecto otra puja de poderes que formará parte de las negociaciones nocturnas, no de un debate en las Cámaras, que será sólo formal y cumpliendod instrucciones.
Este nuevo bono plantea otro problema: que además de ser bajo ley local, no puede ser tratado por el Congreso antes de marzo, lo que difícilmente sea potable para un prestamista internacional, como tampoco lo sería si es aprobado por un decreto, común o de necesidad y urgencia.
Es cierto que probablemente se trata de un préstamo por uno o dos años ya arreglado con manos amigas que cerrarán los ojos a los pequeños detalles, pero se debe tener en cuenta que, pasadas las elecciones, el Fondo se está poniendo cada vez más duro con sus sugerencias. Si bien este préstamo mostraría la decisión del país de pagar su deuda, la exigencia de la compra de reservas y la de tener otra política cambiaria y monetaria mejor que la actual del ente internacional está en línea con lo que el mercado espera y con lo que Argentina necesita para crear más empleo.
Esos cambios -resistidos heroicamente por Toto Caputo, acaso sean más importantes para aumentar la demanda laboral que la ley que supuestamente se aprobará en el Congreso. Tomar un préstamo es un modo -formal- de aumentar reservas, en vez de comprar dólares como requiere el FMI. El Gobierno, y el Círculo rojo, siguen firme en su idea de administrar el tipo de cambio, un formato de monopolio y cartelización tan grave como la causa de los cuadernos, o peor. La idea original de LLA de liberar el mercado cambiario sin intervención del Central ha pasado a la historia, también. El poder se reparte entre círculos, triángulos y cuadrados, pareciera. Un país geométrico.
Por el mismo precio, también se debe incorporar al análisis, por el lado del riesgo país, el despilfarro y las nuevas deudas para renovar vencimientos del gobierno nacional, el avance de las provincias para lograr tomar deuda externa, que además de requerir la autorización de la Nación requiere la autorización de los mercados. Y no habrá que olvidar tampoco que toda deuda en dólares para pagar gastos corrientes repercute en una baja del tipo de cambio, lo último que se necesita si se intenta aumentar el crecimiento y el empleo.
Más allá de estas consideraciones, con relación a las tres leyes o paquete de leyes que se intenta aprobar, es obvio que la lucha hay que darla, y también es obvio que tanto los proyectos del Gobierno como las objeciones y negociaciones, requieren un nivel de calidad intelectual y altura cívica y moral superior. Habrá que ver si todas los protagonistas están a la altura de estos requerimientos.