De la autonomía a la libertad: Treinta años de la Constitución de la Ciudad
Señor director:
Buenos Aires tiene casi cinco siglos de historia, y si algo atraviesa buena parte de ese recorrido es una discusión que, con distintas formas, siempre vuelve: ¿quién ejerce el poder, desde dónde lo ejerce y cuáles deben ser sus límites?
La historia comenzó en 1536 con el primer asentamiento de Pedro de Mendoza. Aquel intento fue abandonado hasta que, el 11 de junio de 1580, Juan de Garay realizó la segunda y definitiva fundación. La Ciudad creció alrededor de su puerto, lo que significó comercio, recursos, conexión con el exterior y, también, poder.
La creación del Virreinato en 1776 y los sucesos de Mayo de 1810 volvieron a colocar a Buenos Aires en el centro de una disputa por el poder, primero frente a la Corona y, más tarde, en la compleja organización nacional del siglo XIX, donde el control de la aduana y los recursos determinaba la representación política. Tras la caída de Rosas y la separación transitoria como Estado independiente, la disputa por definir de quién debía ser la Ciudad se prolongó hasta 1880, cuando el Congreso la declaró Capital de la República. La federalización modificó para siempre su identidad institucional. Dejó de pertenecer a la Provincia, pero la solución encerraba una paradoja: era sede del poder nacional, aunque sus habitantes no elegían a sus gobernantes. Durante más de un siglo, el intendente fue designado por el Presidente de la Nación.
Eso comenzó a cambiar con la reforma constitucional de 1994, cuyo artículo 129 reconoció a la Ciudad un régimen de gobierno autónomo con facultades legislativas y la elección directa de su Jefe de Gobierno. Dos años después, el 1 de octubre de 1996, la Convención Constituyente sancionó la Constitución de la Ciudad.
Treinta años después, merece formularse una nueva pregunta: ¿Para qué queremos la autonomía?
La autonomía tuvo sentido porque acercó las decisiones a los ciudadanos, hizo más identificable la responsabilidad política y evitó que el poder quedara lejos de quienes soportan sus consecuencias. Pero autonomía no debería significar simplemente trasladar poder desde la Nación hacia la Ciudad. Autonomía sin límites al Estado no es progreso: es apenas un cambio de domicilio del poder.
Durante las primeras décadas, la discusión se concentró en qué competencias correspondían a la Ciudad y cuáles a la Nación. Hoy podemos incorporar otro interrogante: no solo qué puede hacer el Estado porteño, sino qué necesita realmente hacer. Durante años se instaló la idea de que a cada problema le correspondía una nueva norma o un nuevo trámite, como si gobernar mejor fuera sinónimo de intervenir más. No siempre es así. Cada regulación impone obligaciones y cada estructura consume recursos que salen del bolsillo de quienes trabajan, producen y pagan impuestos.
Por eso, una Ciudad que aprendió a gobernarse también debería revisar el poder que acumuló en estas tres décadas: menos normas innecesarias, menos trámites y menos estructuras superpuestas. Y, principalmente, recuperar una pregunta que la política demasiadas veces evita formular: ¿es realmente necesario que el Estado intervenga?
Hay responsabilidades que le corresponden y que debe ejercer con eficacia. Pero reconocerlas no significa aceptar que todo espacio social, económico o individual necesite una decisión estatal. La autonomía fue una conquista frente a un poder que durante más de un siglo se ejerció desde afuera de Buenos Aires. El desafío, treinta años después, es que ese poder no haya simplemente cambiado de domicilio.
Buenos Aires fue capital virreinal, escenario revolucionario, centro de guerras civiles, Capital Federal por más de un siglo y, finalmente, autónoma. Quizás la próxima transformación no requiera otra fundación ni más estructura estatal, sino algo más simple de formular y más difícil de ejecutar: poner límites al poder que ya existe.
Después de casi cinco siglos discutiendo quién debía gobernar Buenos Aires, tal vez sea hora de discutir hasta dónde debe hacerlo.
Ese puede ser el próximo capítulo de su historia: dejar de discutir la autonomía del Estado para empezar a construir la plena libertad de sus ciudadanos.
Sandra Rey
Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires
