El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Gonzalo Rúa, condenó a cuatro agentes que prestaban servicio en la División K9 por haber utilizado recursos públicos para brindar entrenamientos privados al empresario Javier Catoni y a sus perros. La resolución, del 20 de octubre, homologó un acuerdo de avenimiento entre la fiscalía y los imputados, quienes reconocieron los hechos y renunciaron a un juicio oral y público.
Los condenados son el subcomisario Hernán Giuliodori, entonces jefe de la división, y los oficiales Sara Belén Di Rico, Sion Noemí Di Rico y Darío Di Rico. La causa fue impulsada por la fiscal Lorena San Marco.
Según el acta, entre mayo y diciembre de 2022 los cuatro agentes ofrecieron y brindaron a Catoni capacitaciones en el predio de la calle Itaquí 2604, sin autorización. Allí, el empresario se entrenó dos veces por mes, durante cuatro o cinco días seguidos, con pistas de instrucción, estructuras, vehículos, armamento y perros institucionales, e incluso participó de simulacros de hechos delictivos y detenciones. Sus dos perros, Tokio y Thor, permanecieron en el lugar por períodos de quince días, con alimento, cuidados y adiestramiento.
La imputación original sostenía que los agentes habían cobrado unos $80 millones por esos servicios. Al cerrar el acuerdo, la fiscalía desistió del delito de exacciones ilegales y retiró esa referencia de la acusación.
A Giuliodori se le atribuyó además no haber registrado formalmente las donaciones que Catoni entregó para el predio, entre ellas un gomón con motor, herramientas eléctricas, una computadora, aires acondicionados, mobiliario de exterior y un jacuzzi inflable. Al no tramitarse según la normativa vigente, esos bienes nunca ingresaron legalmente al patrimonio público.
El tercer hecho involucró a Sara Di Rico. Según la sentencia, Catoni mantuvo con ella una relación sentimental durante 2022 y le prestó una camioneta Ford Bronco Sport propiedad de su esposa. Cuando la relación terminó, en diciembre de ese año, la agente se negó a devolver el vehículo pese a los reclamos y a tres cartas documento. La camioneta fue restituida recién el 17 de septiembre de 2024, por orden judicial.
El juez calificó los hechos como “abuso de autoridad en concurso ideal con malversación de caudales públicos”. Hernán Giuliodori recibió dos años de prisión en suspenso, cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y una multa de $12.500, ya que a su caso se sumó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Deberá realizar, además, 200 horas de trabajo no remunerado. Sara Di Rico fue condenada a dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación, que incluyen la defraudación por retención indebida, con 150 horas de tareas comunitarias y la prohibición de contacto con Catoni y su esposa. Sion Di Rico y Darío Di Rico recibieron un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación cada uno, con 150 horas de trabajo comunitario.
Todos deberán cumplir reglas de conducta durante dos años bajo control del Patronato de Liberados. El fallo ordenó además devolver a Catoni los bienes secuestrados y entregar en forma definitiva la camioneta a su propietaria. La fiscalía, la defensa y los imputados consintieron la resolución.
Catoni, patrocinado por el abogado Alejandro Cipolla, celebró la sentencia: “Este es un caso ejemplo, donde la corrupción no se negocia, no se perdona y se paga en la justicia”.