Por Daniel Artana *
Transcurridos más de dos meses desde la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia que permitía al Banco Central transferir las reservas excedentes al Tesoro (del orden de USD 18.000 millones) y creaba el Fondo del Bicentenario para asegurar el pago de la deuda externa del año 2010, se puede concluir que el Poder Ejecutivo generó a la economía y a sí mismo un costo importante.
A modo de síntesis se puede mencionar: El mismo decreto revelaba que el Gobierno estaba necesitado de fondos, al menos respecto de sus pretensiones para aumentar el gasto público durante el año. De hecho, altos funcionarios en su justificación pública del Decreto reconocieron que si el mismo no era validado por la Justicia, el gobierno no tenía los fondos para cumplir con el presupuesto del año.
En el mismo sentido, al habilitar un cambio en la Carta Orgánica del Banco Central reveló a los gobernadores que había un stock para repartir entre los ejecutivos provinciales sedientos de fondos. Hasta ese momento, el gobierno nacional podía argüir que la ley vigente sólo permitía un uso modesto de las reservas del Banco Central. La idea de que hay reservas excedentes que se pueden usar abre el camino para coparticiparlas como han plasmado algunos senadores en sus propuestas para reformar por Ley la norma que rige a la autoridad monetaria.
La disputa por los fondos terminó en la remoción del presidente del Banco Central y su reemplazo por una economista más heterodoxa que parece confiar menos que su antecesor en la política monetaria/cambiaria como herramienta para controlar la inflación. En cambio, la nueva conducción del BCRA parece más proclive a aumentar la demanda agregada vía expansión del consumo y la inversión, que si se lograra, en el corto plazo contribuiría a aumentar la tasa de inflación.
SITUACION DE CONFLICTO
Aumentó también el riesgo de embargo de las reservas del Banco Central ya que las mismas se podrían usar para pagar deuda del Tesoro con privados y ello dar lugar a los argumentos de los fondos buitres de que Banco Central y Tesoro son una misma cosa.
La decisión de comienzos de marzo de anular el DNU de diciembre y transferir USD 6.500 millones del BCRA al Tesoro por medio de dos decretos complica la situación política todavía más y prolonga una situación de conflicto que puede agravar la incertidumbre. Las transferencias de reservas previstas por los dos decretos se sumarían a la posibilidad de transferir utilidades devengadas en el pasado y nuevos adelantos transitorios dentro de los límites que prevé la Carta Orgánica. En total serían alrededor de USD 15.000 millones disponibles para el Ejecutivo para hacer frente a a necesidades de financiamiento por algo más de USD 10.000 millones (netas de nuevos aportes de los multilaterales y de renovación de títulos en cartera de entidades estatales).
En suma, el Gobierno podría aumentar el déficit primario hasta 3% del PBI o ser más prudente y reservar algo de fondos para hacer frente a los vencimientos de 2011 que son algo más elevados. En ese contexto, retornó la fuga de capitales que en el mes de febrero habría ascendido a USD 1.000 millones. Si no se revierte esa salida de fondos al exterior se pagará algún costo en términos de la tasa de crecimiento para el año 2010.
La alternativa para el Gobierno a finales del año pasado era aprovechar la mejora en las condiciones externas (sobre todo de la economía de Brasil) que había impulsado una recuperación del PBI argentino a un ritmo anual del orden de 8% durante el cuarto trimestre de 2009. La recuperación de la industria y del turismo receptivo, la merma que se había dado en la fuga de capitales a finales de 2009 reforzada por las perspectivas de un canje exitoso de la deuda en default y la mejora en la cosecha agrícola auguraban un año con un crecimiento superior al 5%, lo que hubiera permitido recuperar la caída del 4% observada en el año pasado (siempre hablando de cifras reales y no de las quimeras del Indec).
Ahora, si bien la tasa de crecimiento seguramente será positiva, su intensidad dependerá de que se resuelva el conflicto político por el uso de las reservas del Banco Central, y de que el Gobierno no vuelva a cometer nuevos errores.
ADIOS A UN MODELO
Los desafíos de los próximos dos años están relacionados al fracaso del llamado modelo productivo. El populismo siempre es costoso en el mediano plazo, pero para sobrevivir necesita de superávits fiscal y externo que actúan como sedantes para inversores temerosos de las decisiones arbitrarias del gobierno de turno. En el caso argentino, además de ambos superávits, se partía de una base muy baja que permitía tasas altas de recuperación económica, se dio un cambio dramático en las condiciones externas que ayudaron a un salto importante en las exportaciones y se contaba con un stock de infraestructura que funcionaba adecuadamente, luego de las importantes inversiones realizadas en la década anterior.
El PBI per cápita a pesos constantes de la Argentina aumentaría a una tasa promedio anual de 2,6% entre 1990 y 2010, crecimiento similar al observado entre 1990 y 2000 (2,8% anual) y entre 2000 y 2010 (2,4% anual). En definitiva, y con mucha ayuda del contexto externo (altos precios de commodities, fuerte aumento del PBI de Brasil en dólares, baja tasa de interés internacional) se logró volver a la tendencia de crecimiento de los noventa (NR: Ver Gráfico).
Ausente el superávit fiscal, el Gobierno necesitó del impuesto inflacionario para financiar un gasto público récord y ahora además debe recurrir a las reservas del Banco Central, otro stock que se suma a la apropiación de los ahorros de los trabajadores en sus cuentas de capitalización.
Las necesidades de financiamiento del gobierno nacional podían ser atendidas con nuevos flujos de impuesto inflacionario durante 2010 y 2011 (un monto superior a USD 6.000 millones por año) y con un uso moderado del stock de reservas del Banco Central. Pero eso requería que el gasto público aumentara al ritmo de crecimiento de los ingresos para no ampliar el déficit fiscal primario de 2009 genuino (es decir, luego de restar las utilidades del BCRA, los DEGs recibidos del FMI y las ganancias de la Anses por revalorización de los activos en cartera).
Si el gobierno desea que el gasto aumente más que los recursos o bien necesitará depredar el stock de reservas más rápidamente o forzar algún financiamiento voluntario, o bien necesitará depreciar el peso más rápidamente para cobrar más inflación. Y en ese caso, caminaría por encima de un delicado equilibrio ya que para cobrar el impuesto inflacionario necesita que la demanda de pesos aumente al mismo ritmo que el PBI nominal. Si la fuga de capitales se acentúa y la demanda de pesos crece menos, las posibilidades se achican.
Todavía la Argentina puede disfrutar de una recuperación económica en el año 2010, pero ello requiere que no se repitan las torpezas en la política pública de corto plazo.
* Economista jefe de FIEL