Por Germán Burgos
El reciente escándalo de los fideicomisos ganaderos que sacudió al Uruguay abre la puerta a dudas, no solo sobre el sistema de control de la mayor actividad económica del país vecino, sino también sobre la relajada posición de la Justicia, atada a una burocracia lenta y torpe que se convierte en enemiga de uno de los principios rectores que la moviliza: la defensa de la propiedad privada y de las inversiones extranjeras que promueven desde el Poder Ejecutivo.
Los tecnicismos matan a la esencia de la justicia.
Leyes hay, pero la justicia se pierde en sus laberintos.
Para que los fideicomisos ganaderos pudiesen funcionar necesitaban una extensa red de campos usurpados, ganado con caravanas cambiadas, peones mal pagos y guías truchadas.
Muchos de los que participaron en estas maniobras eran viejos conocidos de las policías rurales y los juzgados…
Pero aun así reincidieron gracias a la exasperante lentitud de un Poder Judicial burocrático, mal pago, peor administrado y menos motivado… o motivado por razones espurias: manos que lavan otras manos, favores que se pagan o el ubicuo “no te metas”.
AL BORDE DEL COLAPSO
El sistema judicial uruguayo está sobrecargado al borde del colapso por falta de aportes y motivación.
Un fiscal confiesa que no puede estudiar las cientos de causas que debe atender y, por esa razón,rechaza la denuncia de diez vacas robadas porque no tiene tiempo…
Otro fiscal, con cierto candor, confiesa que hay temas que desconoce porque no había cursado Derecho Rural en la carrera, ya que era una materia optativa.
Vale preguntarse si, en el país que lleva en su escudo a un toro, un caballo y una balanza de justicia, a los letrados ¿no los obligan a cursar Derecho Agrario?
A la negligencia le agregamos la impericia.
Y en este panorama la imprudencia no está lejos, porque esperar seis años a que un moroso pague lo que debe de expensas, también puede definirse como imprudente.
O que un juicio por desalojo demore 5, 10 o 15 años en volver a sus propietarios (que son los plazos que usualmente lleva la resolución de un juicio), es imprudente, negligente e implica cierto grado de impericia al enredarse en chicanas de leguleyos malavenidos.
¿Cómo debemos denominar a un juicio que dura 10 años y que priva a su propietario del goce de sus bienes, de su propiedad privada garantizada como derecho constitucional?
Y lo curioso del caso es que, a lo largo de ese tiempo, el Estado uruguayo no cobra los impuestos de los usurpadores.
La Justicia nada hace, ni siquiera para defender los derechos del Estado uruguayo y poder recaudar más a fin de disponer de mayores medios para que la misma justicia mejore.
El panorama se torna más sombrío cuando se adivina cierta “benignidad” en casos como el narcotraficante Marset, que obtuvo un pasaporte uruguayo en tiempo récord, o el más reciente caso de Santiago Nicolás Montelongo, quien fuera apresado con cocaína, varios cientos de miles de dólares, armas sin permiso y varios vehículos de alta gama, además de una acusación por violencia de género. Y, sin embargo, en breve tiempo obtuvo una condena de tres años y diez meses cuando el código recomienda 12 años… mucho menos de lo que demora un juicio de desalojo o cobro de expensas.
Estas son solo algunas desprolijidades que se prestan a suspicacias.
INVERSIONES EXTRANJERAS
Uruguay es un país abierto a inversiones que necesita garantizar la seguridad jurídica a quienes ponen su dinero en el país y así promover inversiones para dar trabajo a los ciudadanos de bien, que también pueden ser víctimas de esta justicia.
Continuar con este estado de cosas es catastrófico para el país vecino.
Sin justicia, Uruguay es solo una gran trampa para todos, porque nadie sabe quién será la próxima víctima.
Que la Justicia demore en forma desproporcionada atenta contra su propia esencia.
Y donde no hay justicia, no hay libertad.