Desde hace algunas semanas el gobierno de Javier Milei aparece a la defensiva en el escenario informativo. El Presidente sigue siendo el centro del sistema, pero el oficialismo cedió la centralidad en beneficio de Cristina Kirchner desde las vísperas del fallo de la Corte Suprema. Lo hizo desde que el Máximo Tribunal volvió efectiva la condena contra ella y, particularmente, a partir de la detención efectiva de la expresidenta en su departamento de la calle San José y de las movilizaciones que la acompañaron. La visita, ayer, del presidente brasileño Lula Da Silva a esa prisión domiciliaria subrayó ese fenómeno: Lula preside durante este semestre el Mercosur (de hecho, viajó a Buenos Aires para tomar la posta que dejaba Milei) pero las reticencias personales que distancian a ambos jefes de Estado minimizaron al límite la reunión del organismo subcontinental y convirtieron el encuentro entre Lula y Cristina en el centro de la atención, tanto para el público doméstico como para la prensa internacional.
CENTRO Y PERIFERIA
Más allá de estos avatares informativos, el Gobierno siente algunas consecuencias de sus políticas: la desatención financiero-institucional del Hospital Garrahan -un modelo emblemático de la salud pública- se convierte en un ejemplo antipático de la motosierra presupuestaria que el oficialismo enarbola como símbolo virtuoso. Es más difícil tomárselas con los médicos y el personal sanitario de una joya de la pediatría que encarar cruzadas contra “ñoquis” innominados de organismos estatales justa o injustamente descriptos como aparatos burocráticos.
Los retrocesos de opinión pública no vienen solos: el Gobierno se encuentra actualmente ante una doble presión -legislativa y de los gobernadores- que avanza en reclamos que, de prosperar, recortarían significativamengte la libertad de movimientos que conservó la Casa Rosada durante su primer año y medio de gestión a pesar de su escueta representación parlamentaria y territorial.
En el Congreso evolucionan iniciativas rechazadas por el oficialismo: mejoras jubilatorias y del presupuesto universitario (así como la efectiva investigación del affaire de la criptomoneda Libra), en un escenario en el que los votos desobedientes o rebeldes reciben ahora más respaldo que en ocasiones anteriores, sumando apoyos de legisladores que antes, por acción u omisión, se mostraban cooperativos con el Gobierno. Si el paisaje que se insinúa en estos aprestos legislativos se cristalizara, el Gobierno no sólo tendría que asimilar la aprobación de leyes que rechaza, sino que probablemente perdería respaldo para vetarlas.
LA MADRE DE LAS COMPLICACIONES
Muchos observadores explican estas complicaciones políticas como el resultado de dos procedimientos de corte centralista desplegados desde la Casa Rosada: uno, el obstinado desembarco del oficialismo en todos los territorios provinciales, que en la mayoría de los casos implica un desafío a los gobiernos locales.
La Libertad Avanza se fijó como objetivo hacer pie con fuerzas propias en todos los distritos y, mal que mal, lo está consiguiendo. No se puede decir que los resultados electorales conseguidos allí donde hubo comicios hayan ido más allá de lo regular: sólo participaron en una lista ganadora en Chaco, donde se aliaron al gobernador radical Leandro Zdero, pero perdieron fuertemente en Misiones y Formosa y fueron derrotados en la elección constituyente de la provincia de Santa Fe por la alianza que conduce el gobernador radical Maximiliano Pullaro y, en la ciudad de Rosario, por una coalición peronista.
DEBATES COLOR VIOLETA
El oficialismo nacional debate internamente (es un decir: lo discuten Santiago Caputo y Karirna Milei, los dos escoltas decisivos del Presidente) si hay que priorizar en todos los territorios la formación de la fuerza propia o si más bien conviene llegar a acuerdos con aquellos gobernadores que hasta ahora demostraron buena voluntad para acompañar (y hacer acompañar por los diputados y senadores de sus provincias) al Gobierno nacional, de modo de no sufrir derrotas graves en el Congreso. Karina Milei, escoltada por Eduardo “Lule” Menem y por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, insiste en priorizar el partido. El superasesor Santiago Caputo (jefe de las llamadas “fuerzas del cielo”, la organización híbrida fuerte en las redes pero con aspiraciones territoriales), se inclina por las alianzas con los poderes locales.
El problema para practicar la táctica de Caputo es que los gobernadores no piden solo que no les alteren sus respectivos gallineros, sino que reclaman enérgicamente recursos que el Gobierno nacional (el Palacio de Hacienda, a cargo de Luis Caputo) retacea con intransigencia. Todos los gobernadores -más allá de las diferencias partidarias, desde el peronista Insfrán al radical Cornejo, pasando por los macristas Rogelio Frigerio o Ignacio Torres, el bonaerense Kicillof, el santafesino Pullaro, los provincialistas) elevaron un planteo al Gobierno, pidieron que se coparticipen los ATN y que se distribuya a las provincias el ingreso impositivo por combustibles, que legalmente debe dedicarse al merjoramiento o construcción de rutas. Y hasta ahora la respuesta de Hacienda es negativa o esquiva o postergadora. Así Caputo (Luis) castra la política acuerdista que propone Caputo (Santiago) y la suma de todos estos hechos se traduce en dificultades del Gobierno en el Congreso y con las provincias.
La escuela karinista de pensamiento considera, en este debate, que una vez que las fuerzas propias hayan conquistado posiciones en las elecciones nacionales de octubre y se sumen a los bloques legislativos, la capacidad de negociación del Gobierno habrá crecido y la de los gobernadores más retobados se habrá achicado. Ese diagnóstico da por sentado que La Libertad Avanza (o los frentes violeta acuñados con sus satélites) obtendrá victorias y recaudación de bancas significativas y quizás desdeña la cuestión de los tiempos: los nuevos legisladores recién se suman a fin de año.
En fin, por ahora el Gobierno tiene que pelear para no retroceder de lo que hasta ahora obtenía sin demasiado esfuerzo.
DEFICIT DE CUENTA CORRIENTE
Además, hay que sumar dificultades técnicas. El Gobierno sigue escudando las críticas detrás de sus indiscutibles éxitos en materia de descenso de la inflación. Pero algunas cuestiones ingresan por la ventana. Una de ellas, y no de menor importancia, es el déficit en el balance de cuenta corriente, es decir: el país gasta más divisas de las que genera, ya sea a través de importaciones de bienes y servicios, gastos turísticos en el exterior, remisión de utilidades o pagos de intereses. Las consecuencias de un desequilibrio persistente en la cuenta corriente son múltiples: presión sobre las reservas internacionales, depreciación del tipo de cambio oficial o paralelo, restricciones al comercio exterior, dificultades para pagar deuda externa.
Si los dólares no ingresan por vía comercial, se requiere que ingresen por vía financiera para suavizar desequilibrios en la economía. Desde la ayuda solicitada por el gobierno de Mauricio Macri al FMI la principal y casi única fuente de esos dólares ha sido el FMI. Con el nuevo aporte del Fondo al gobierno de Milei ese canal parece agotado para el futuro. Queda la esperanza en el Tesoro de Estados Unidos, una promesa que dejó su titular, Scott Bessent, cuando hace dos meses visitó Argentina y aseguró que el Tesoro respaldaría al país si se encontraba en dificultades.
El Gobierno ha planteado una estrategia de shock para corregir los desequilibrios macroeconómicos, dentro de los cuales se incluye el desequilibrio externo. Uno de los pilares de su política es alcanzar un superávit fiscal que reduzca la necesidad de emisión monetaria y, por ende, de presiones cambiarias. Al mismo tiempo, el Gobierno sostiene que el sinceramiento del tipo de cambio (la devaluación inicial de diciembre de 2023) y la posterior liberalización del mercado de cambios -aún en proceso- contribuirán a restaurar la competitividad externa y atraer inversiones. De hecho, asegura que el déficit de cuenta corriente es la otra cara de un proceso de inversión que crece por encima del 30 por ciento.
Sin embargo, esta estrategia enfrenta desafíos. En el corto plazo, la recesión inducida por el ajuste fiscal y monetario reduce el consumo y la inversión interna, lo que puede contener las importaciones y mejorar artificialmente la cuenta corriente, pero si no se consolida un modelo exportador con mayor valor agregado y diversificación, la mejora sería efímera.
Además, la falta de acceso fluido al crédito externo obliga al Gobierno a sostener altos niveles de tasa de interés para defender el peso, lo que también tiene efectos contractivos sobre la economía real.
En suma, Milei busca resolver el problema de cuenta corriente a través de un enfoque ortodoxo y de largo plazo, pero enfrenta tensiones sociales y económicas que pueden dificultar la sostenibilidad del programa en plazos más próximos. Los plazos que, en principio, cuentan para el inminente proceso electoral. En ese proceso, sin duda, la fuerza violeta será la más votada del país. Entre otras cosas, porque no se comparará con una alternativa nacional unificada, sino con un ramillete de alternativas. El proceso de reconfiguración del sistema político tomará otra velocidad a partir de 2026.