El Gobierno argentino pidió a la jueza estadounidense Loretta Preska que extienda hasta el 21 de noviembre el plazo para presentar los chats y comunicaciones electrónicas de los funcionarios involucrados en la causa por la expropiación de YPF, en la que la República Argentina fue condenada a pagar US$ 16.000 millones al fondo Burford Capital.
La presentación fue realizada esta semana por la defensa del Estado nacional en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se tramita la ejecución del fallo. “La audiencia ya se había corrido para el 4 de noviembre. Lo que hicimos fue presentar una solicitud para que se extienda ese deadline hasta el 21 de noviembre, que puede suceder o no”, explicaron fuentes oficiales.
Según las mismas fuentes, la postura argentina sigue siendo la de “cooperar en obtener el consentimiento de estos 35 funcionarios y exfuncionarios en la entrega de comunicaciones”.
El requerimiento de Preska forma parte del proceso de discovery, una instancia de obtención de pruebas solicitada por Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos del juicio original. El objetivo de esa etapa es determinar si el Estado argentino y la petrolera YPF actuaron como una misma entidad, bajo la figura legal conocida como “alter ego”.
La sentencia de septiembre de 2023 responsabilizó a la República Argentina por no haber lanzado una oferta pública de adquisición tras la expropiación de YPF en 2012, pero eximió a la empresa de toda responsabilidad directa. Sin embargo, si los demandantes logran demostrar que YPF fue un “alter ego” del Estado, podrían embargar activos de la compañía y de otras firmas públicas, como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas o ENARSA, para garantizar el pago de la condena.
En ese contexto, Preska ordenó acceder a los mensajes, correos electrónicos y chats —incluidos los enviados por plataformas como WhatsApp— que puedan demostrar una interferencia directa del Gobierno argentino en la gestión empresarial de YPF. El fondo busca evidencias de que los funcionarios utilizaron canales no oficiales para emitir instrucciones, intervenir en la política de precios de los combustibles o controlar decisiones de la compañía, actuando en beneficio del Estado.
La defensa argentina argumenta que la entrega de esas comunicaciones requiere el consentimiento individual de los involucrados y que se trata de un proceso complejo desde el punto de vista legal y técnico. De ser aceptado el pedido, el país ganaría más de dos semanas para reunir la documentación y evitar nuevas sanciones judiciales.