La Cámara Federal de Casación Penal declaró inconstitucional un decreto del presidente Javier Milei que permitía extinguir la acción penal contra empresarios condenados por asociación ilícita fiscal en la causa conocida como “Cereal Negro”, que involucró operaciones ilegales con firmas como Vicentin, Cargill y Bunge Argentina.
La decisión fue adoptada por la Sala II, con los votos de los jueces Alejandro W. Slokar y Angela Ledesma, y la disidencia de Guillermo Yacobucci, al aceptar los recursos presentados por la AFIP y el Ministerio Público Fiscal. El tribunal consideró “arbitraria” la resolución del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba que había beneficiado a los imputados bajo la Ley 27.743 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.
En su voto, Slokar cuestionó la constitucionalidad del Decreto 608/2024, que habilitaba incluir la asociación ilícita fiscal entre los delitos alcanzados por la amnistía tributaria. Advirtió que el Poder Ejecutivo “excedió sus facultades” al reglamentar la norma en un sentido que no había sido debatido por el Congreso y alertó sobre los riesgos de “democracias delegativas y autocracias electivas” si se desnaturalizan los límites constitucionales.
La investigación judicial había probado que los condenados armaron un circuito de compra de cereal en negro y lo blanqueaban mediante sociedades ficticias a nombre de prestanombres insolventes, defraudando al fisco en sumas millonarias. Con las maniobras, adquirieron inmuebles y vehículos de alta gama.
El fallo representa un revés para la política fiscal del Gobierno, que en los últimos meses impulsó medidas de blanqueo y alivio impositivo para sectores de altos ingresos, mientras recortaba partidas sociales y previsionales.