Por María Verza y Martín Silva Rey
Campeche, México - AP
Políticos y jueces intentan cada vez más cercar las libertades de prensa en México, lo que genera preocupación entre los grupos de defensa del periodismo. En 2025 se presentó una demanda cada seis días contra periodistas o medios de comunicación en México, 69 casos en total, el triple que el año anterior, según Artículo 19, una organización que vigila la libertad de prensa.
Los políticos descubrieron que las demandas son “una forma mucho más eficaz de silenciar a la prensa porque dan la impresión de legalidad”, afirmó Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas. Tribuna, un diario de 50 años de antigüedad en el estado sureste de Campeche, se convirtió en el medio insignia durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el estado durante casi un siglo.
Luego, Layda Sansores, del partido gobernante Morena, ganó la elección para la gobernación en 2021. Y las cosas cambiaron rápidamente.
Retiró de Tribuna la publicidad gubernamental. Inició su propio programa de televisión para promover su administración y denigrar a periodistas, entregando premios al estilo Óscar -llamados el “Pinocho de Oro”- a los periodistas que consideraba los mayores “mentirosos”.
Tribuna publicó columnas arremetiendo contra ella, y esas columnas a veces iban más allá de su política. Las críticas se intensificaron con ataques específicos por razón de género y homófobos. Luego, en 2024, Tribuna, asfixiada por la falta de ingresos, dejó de imprimirse aunque continuó publicando en línea, incluidos artículos mordaces contra Sansores.
Sansores respondió con varias denuncias civiles y penales contra Jorge Luis González, quien fue su editor durante tres décadas y continúa como colaborador, alegando daño moral, violencia política de género y discurso de odio.
A mediados de 2025, uno de los casos penales de Sansores contra González llevó a jueces a prohibirle ejercer el periodismo durante dos años y a imponer que un censor judicial revisara los artículos de Tribuna antes de su publicación en línea.
Varios reporteros locales dicen que Sansores cambió la forma en que las autoridades intentan controlar a la prensa. Ahora los funcionarios de Campeche los frenan con demandas, comentó Ronny Aguilar, periodista local y creador de contenido digital.
La criminalización de la prensa es una tendencia mundial. Reporteros Sin Fronteras denunció el uso creciente y generalizado de las leyes como armas contra la prensa, especialmente en América. En México, la conversión del sistema judicial en un arma ocurre en medio de un aumento de asesinatos de periodistas. Siete periodistas han sido asesinados este año, cinco de ellos en menos de tres meses, uno de los repuntes más mortíferos en más de una década, según el CPJ.
La presidente de México, Claudia Sheinbaum, ha suavizado el tono hostil que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, utilizaba hacia algunos periodistas. Pero una nueva regulación federal para proteger los “derechos de las audiencias”, que entrará en vigor este mes, ha alarmado a los observadores de la libertad de prensa.