La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció hoy “persecución ideológica, actos discriminatorios” y “espionaje ilegal y abuso de autoridad” detrás de la desafectación de 24 jefes de la Policía Bonaerense, acusados de haber colaborado con el efectivo retirado y candidato a diputado bonaerense de la Libertad Avanza (LLA) Maximiliano Bondarenko.
Así lo sostuvo la cartera de Seguridad en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de La Plata y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
En la presentación, el Ministerio de Seguridad señaló que “la División Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires habría recibido ‘una denuncia anónima muy completa con mucho detalle que daba cuenta de la confabulación de unos 24 policías’, según expresiones públicas vertidas por el ministro de Seguridad, Javier Alonso”.
“Alonso detalló que el grupo, en el que figuraría también el Oficial Maximiliano Bondarenko en su calidad de policía retirado, ‘habría utilizado oficinas y recursos estatales para apoyar su candidatura’ y ‘fundamentalmente, para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrán cierto nivel de intervención de la Policía y parte de esas medidas sugerían a ellos como nuevos responsables de la institución en lo que sería un golpe al comando institucional”.
Pero la cartera de Seguridad señaló que “antes de saber siquiera que iba a ser candidato por LLA, Bondarenko fue a comer un asado con un grupo de amigos en la casa del Comisario Mayor Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, jefe de la División Policía Ecológica, que es padrino de uno de sus hijos. De ese grupo de amigos son los 24 Oficiales que el Gobierno de la provincia ha puesto inmediatamente en disponibilidad, quitándole sus armas oficiales y sus credenciales en un acto humillante realizado frente a sus compañeros, para discriminarlos ideológicamente”.
Para el Gobierno nacional, “la sanción a los policías cesanteados no ocurrió con los supuestos hechos de ‘sublevación’, ya que se concretó una vez que fue presentada la candidatura del Of. Retirado Bondarenko. La única razón por la que el gobierno de la Prov. de Buenos Aires dispuso inmediatamente la sanción de los 24 Oficiales que cesantearon, responde a razones puramente ideológicas y con el fin ulterior de ‘disciplinar’ al conjunto de uniformados de la Provincia”.
La cartera que conduce Bullrich señaló que “entre los Derechos Humanos básicos de las personas (y los Policías, aún en actividad, que siguen gozando de los Derechos Humanos) se encuentra la libertad de pensamiento, que abarca la libertad de pensamiento político, que forma parte de la protección de los derechos humanos básicos de las personas. La libertad de expresión y el derecho a la participación política, son garantías fundamentales para el desarrollo libre de una democracia y para garantizar la dignidad de todas las personas, derechos y garantías que son reconocidos desde la sanción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.
Y agregó que “en la información pública divulgada oficialmente, se da cuenta del acceso a conversaciones privadas supuestamente mantenidas a través de la red Whatsapp, entre Bondarenko y los 24 Oficiales que fueron cesanteadas. Según la información oficial, la investigación se habría originado en una ‘denuncia anónima’, pero lo cierto es que han divulgado supuestos chats privados a los que no han tenido de ninguna manera acceso en forma legítima, ya que ninguna de las personas ‘investigadas’ ha dado acceso a su teléfono celular ni ha consentido, de ningún modo, que accedieran a la base de datos privada constituida por la aplicación de comunicación móviles Whatsapp”.
Señaló también que “la Ley de Inteligencia Nacional regula el único modo en que el Estado puede acceder a información de las personas, con límites precisos y concretos. La facultad sancionatoria administrativa de la Policía de la provincia de Buenos Aires no tiene de ninguna manera facultad para violar la privacidad de las conversaciones privadas de sus agentes, ni de acceder a sus comunicaciones sin la autorización expresa del implicado o una orden judicial brindada en una investigación concreta”.
“De modo que el acceso a las conversaciones de los Oficiales cesanteados y al Oficial Retirado Maximiliano Bondarenko evidencia la posibilidad verosímil de la comisión del delito de Espionaje Ilegal”, planteó la cartera en la denuncia.