Señor director:
Hay una ficción reconfortante que sigue circulando en las cancillerías occidentales: la idea de que negociar con Pekín es, en esencia, lo mismo que negociar con cualquier otro socio comercial o estratégico. Es una ficción cara. Y es momento de abandonarla.
China opera bajo un régimen de planificación estatal que se proyecta en horizontes de veinte, treinta, incluso cincuenta años, aprobado por una Asamblea Popular Nacional que no conoce alternancia porque el Partido Comunista no la permite. No hay elecciones que temer, no hay ciclos de aprobación que gestionar, no hay una oposición legítima esperando el próximo tropiezo para capitalizarlo electoralmente. El tiempo, ese recurso que en las democracias se mide en mandatos de cuatro años, en Pekín se mide en generaciones de dirigentes.
Esa diferencia no es un matiz cultural. Es la variable que determina el resultado de cualquier negociación antes de que las partes se sienten a la mesa.
Un funcionario chino no negocia contra el reloj: negocia con el reloj de su lado. Su ascenso dentro del aparato del partido depende, entre otras cosas, del volumen de acuerdos de exportación que consiga cerrar en nombre del Estado. No tiene fecha de vencimiento conocida -o, si la tiene, no depende de un electorado sino de una jerarquía interna-.
Su homólogo occidental, en cambio, sabe exactamente cuándo termina su mandato, y sabe que su supervivencia política depende de mostrar resultados tangibles antes de esa fecha, bajo el escrutinio constante de una opinión pública moldeada por redes sociales y ciclos de noticias de veinticuatro horas.
Esta asimetría temporal se agrava con una asimetría financiera. China no solo vende: financia lo que vende. Ofrece crédito, ofrece plazos, ofrece la paciencia que solo puede permitirse quien no depende de una próxima elección. Para el funcionario occidental de turno, esa financiación es música: le permite firmar un contrato vistoso, cosechar el rédito político inmediato y dejar la factura -literal- para que la pague su sucesor. China, mientras tanto, presta con sus intereses ya incorporados en el diseño del acuerdo. El corto plazo de un lado se financia con el largo plazo del otro, y quien presta rara vez pierde en esa ecuación.
Preguntarse por qué las democracias siguen sentándose a negociar en estas condiciones exige mirar los incentivos con honestidad. Para el negociador occidental, el objetivo es sobrevivir al ciclo electoral con un resultado presentable. Para el negociador chino, el objetivo es acumular capital político dentro de un sistema que premia la ejecución de la estrategia de Estado, sin la urgencia de rendir cuentas ante nadie fuera del propio aparato. Uno negocia para ganar tiempo; el otro negocia porque tiene todo el tiempo del mundo.
A esto se suma una tentación que rara vez se nombra en voz alta: la corrupción. La pregunta silenciosa de "¿y esto qué me deja a mí?" no es exclusiva de ningún sistema político —también puede formulársela el funcionario chino—, pero las consecuencias de responderla mal son radicalmente distintas a cada lado de la mesa. El sistema penal occidental, con sus garantías procesales y su arquitectura de derechos, puede ser lento, permeable, incluso negociable. El sistema chino no ofrece esas mismas rutas de escape. La disciplina que impone el temor no es un rasgo menor: es, también, una ventaja competitiva.
Pablo Francisco Arancedo