La Argentina, a partir de 1943, abandonó el régimen económico liberal y lo reemplazó por un régimen estatista y autárquico que la reforma constitucional de 1949 puso en vigencia. Se acallaron las voces que valoraban la libertad, incluso en el plano político.
El gobierno militar y su elenco estable no comprendió -aún hoy pocos lo entienden- que si se coarta la libertad económica, disminuye la libertad política y viceversa. Desde ningún partido se escuchó la voz de sus líderes batallar por la libertad económica enlazada en la política. Casi todos adoptaron la cantinela nacionalista de Perón.
Con estas ideas se acomodó la economía bajo la tutela de la política y el Estado.
La dirección de la economía estuvo a partir de entonces en manos del poder político. Se desvalorizó la importancia del mercado y del sistema capitalista, apenas insinuado en el país.
Se pregonaban políticas tendientes a lograr una justa repartición de la riqueza, la cual solamente desde el Estado podía hacerse con equidad. Este se convirtió en un gigantesco aparato que, de la mano de Perón, absorbió la economía, la cultura y la política nacional.
El 9 de julio de 1947, en la ciudad de Tucumán, Perón firmó el Acta de la declaración de la Independencia Económica en la que “los representantes de la Nación en sus fuerzas gubernativas y en sus fuerzas populares y trabajadoras”, reafirmaron “el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control, dominio, bajo las formas de hegemonías económicas condenables y de las que en el país pudieran estar a ellos vinculados”...
En el “nuevo Preámbulo” se declaró romper los vínculos dominadores del capitalismo extranjero enclavado en el país, y de las naciones comprometidas con él.
Se recuperaba, en ese acto, los derechos al gobierno de las fuentes económicas nacionales. Se firmó en la Sala de Sesiones del Congreso de las Provincias Unidas, donde en 1816 se había proclamado la independencia de la República. Ya habían comenzado las nacionalizaciones.
En nombre de “la justicia social”, en 1946 se nacionalizó el sistema bancario. La propaganda peronista publicaba imágenes del Banco Central con la siguiente inscripción:
“La nacionalización del Banco Central fue el punto de partida para llevar a cabo todas las cosas que se han ido aplaudiendo, porque cuando la plata se hizo argentina se pudo ir comprando todo lo demás que no era argentino”.
Se explicaba debajo de la fecha de nacionalización, 1946: “...antes, bajo el dominio del capitalismo, el dinero era el fin de la actividad económica, era el centro alrededor del cual giraban los hombres y las sociedades (…) Los bancos eran los templos donde se veneraba ese ídolo, donde se le rendía culto y donde se le ofrecían sacrificios. La consecuencia era que los hombres fueran sacrificados a la producción, la producción al comercio, y el comercio al dinero (…) ahora los recursos del crédito bancario deberán utilizarse, exclusivamente, para propender al desenvolvimiento de actividades útiles a la producción y distribución de bienes y no para financiar operaciones especulativas o estimular transacciones que conspiran contra el bienestar social”.
En los libros de propaganda peronista se señalaban dos objetivos fundamentales en la acción del Gobierno, para desarrollar más riqueza y repartirla entre todos los trabajadores:
1) “Argentinizar lo que nunca debió dejar de ser argentino”.
2)”Atacar de frente a los monopolios internacionales”.
Para afirmar la “soberanía”, fundamentar la independencia económica y brindar a los argentinos todos los beneficios de nuestra “pródiga tierra”, se estatizaron los servicios públicos: puertos, teléfonos, usinas eléctricas, servicios sanitarios, gas, transportes, seguros, reaseguros y entre otros, hasta algunos bares y “night clubs”.
Las formas de producción, los Bancos, el crédito, la circulación de bienes fueron asfixiados por el intervencionismo estatal. Fue así como las empresas estatizadas se colmaron de empleados y burócratas, haraganes y corruptos. No existía el empresario privado que controlara la eficiencia y se preocupara si la empresa era deficitaria. Los sindicatos de las empresas del Estado contribuyeron decididamente, por su lado, en las deficiencias y destrucción de esas organizaciones
Se enfatizó el desprecio por los llamados peyorativamente “oligarcas”, representantes del poder económico, y a los que se debía despojar de su riqueza “mal habida” para ofrecerla al sector de los “desposeídos” que era, según el gobierno, sistemáticamente “explotado” por aquellos.
Una estrofa del Martín Fierro de José Hernández aparecía en publicaciones oficiales. La encabezaba una imagen que representaba a la oligarquía: una mano con un gran anillo de brillantes en el anular y largas uñas, amenazando las figuras de una humilde familia campesina:
“Tiene el gaucho que aguantar
hasta que lo trague el hoyo
hasta que venga algún criollo
en esta tierra a mandar”.
Obviamente el “criollo” aludía a Perón.
Dejó de ser el mercado el que fijaba el precio de los cereales reemplazándose por el Estado, el cual compraba monopólicamente, a través del I.A.P.I. (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) directamente los granos. Dominaba, de esta manera, la comercialización de la producción.
Este organismo actuó durante 10 años, compró y vendió los productos mediante tipos de cambio diferenciales y arbitrarios, según se tratara de exportaciones o importaciones, con lo que se obligaba al campo a derivar sus beneficios para sostener la supuesta “industria”.
Veamos alguna de las compras que realizó el I.A.P.I. para “argentinizar”, a la vez que se enriquecían los funcionarios de turno que intervenían en esos negociados: locomotoras, vagones de pasajeros, camiones, acoplados y equipos para la producción. También aviones para el transporte de pasajeros y carga, buques, frigoríficos, grúas, dragas, jeeps, tractores, ambulancias, cosechadoras, equipos para extracción de petróleo, maquinarias para fabricas de tejido, caucho, cemento, chapas entre otras innumerables compras.
La reforma de la constitución en 1949, necesaria para lograr la reelección, le dio un golpe de gracia a la propiedad privada y al capital: el Estado monopolizó la exportación e importación, las fuentes de energía y los servicios públicos.
Las fuentes de energía que la Constitución del ‘53 y las leyes sobre minería establecían como bienes privados de las provincias, y se concedían a los particulares la posibilidad de disponer de ellas como dueños mediante concesiones, fueron nacionalizadas. El artículo 40 de la constitución de 1949 violaba la propiedad privada:
“Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón, de gas y las fuentes naturales de energía, con excepción de las vegetales, son propiedad imprescriptibles de la Nación con la correspondiente participación que en su producto se convendrá con las provincias”.
El Estado dejó de ser controlado por los gendarmes de la democracia: la opinión pública, los partidos y el sector privado. Fueron perseguidos y limitados, dejaron de ocupar el rol correspondiente a un sistema democrático y, forzadamente, el dominio de la sociedad civil se convirtió en patrimonio de un régimen autoritario.
La asistencia social privada se reemplazó por el monopolio de la Fundación Eva Perón -cuyo control financiero el pueblo jamás conoció- y se utilizó no solamente para hacer beneficencia, sino también para hacer política. La intención política trastocó la acción social, como pasa siempre con lo que manosea el Estado.
El nacionalismo, otro de los rasgos del populismo, se activó desde el Gobierno y provocó, como sucedió también en Europa, el rechazo por lo extranjero.
El Estado se lanzó a una misión: engrandecer “la Nación”. Fue tras la autarquía económica y a peronizar a toda la población.
Este nacionalismo se exacerbó y condujo a odiar a los que pensaban diferente, a maltratar a los partidos opositores y al capital extranjero. Se olvidó que el bien común era el bien de “todos los habitantes del país”, no solamente de los peronistas y de todos los “que quisieran habitar el suelo argentino”.
En los últimos años del gobierno -cuando se vio que era fundamental contar con inversiones del exterior- la sociedad estuvo en contra del intento de atraer inversiones para el área petrolera: años de propaganda peronista cumplieron con la misión de crear desconfianza por todo lo que viniera del extranjero.
Esta prédica nacionalista y antiliberal, por inercia cultural, siguió fuertemente incrustada en la cultura política y económica argentina. Se incorporó un sesgo xenófobo y discriminatorio, extraño al espíritu de la Constitución.
Apareció la inflación: si tomamos como base a 1945, en 1949 los precios se duplicaron; en 1952 -año de una gran crisis económica- se cuadriplicaron; y en 1956 se multiplicaron por siete. Con el tipo de cambio no ocurrió lo mismo porque se mantuvo sustancialmente fijo con restricciones al comercio exterior y a la entrada de capitales extranjeros.
Santiago I. Nudelman, pedía desde la Cámara de Diputados volver a la normalidad: “El país se asfixia, mientras la inflación sigue creciendo y disminuyen los bienes disponibles, se acentúa la falta de divisas. Por primera vez, hasta donde alcanzan nuestros recuerdos, hay escasez de alimentos en la patria de los argentinos. Según la información oficial del banco Central, la circulación monetaria de 4.046 millones de pesos al 31 de diciembre de 1946, ascendía a 13.257 millones al 31 de diciembre de 1950 y a 17.258 millones al 15 de marzo de 1952, es decir, que se registra un aumento último de más de 4.000 millones de pesos en catorce meses y medio, lo que representa el 30,2%”.
“Eso explica, más que las palabras, el pavoroso problema del alza de los precios y la carestía de elementos esenciales para la mesa de todos los hogares. Al 30 de setiembre de 1946, las reservas de oro y divisas sumaban la cantidad de 6.157 millones; al 31 de diciembre de 1950 se reducen a 2.680 millones y al 15 de marzo de 1952 llega a 1.660 millones. Es decir, que también en el término de catorce meses y medio, disminuyen las posibilidades de pago en el exterior en 1.025 millones, o sea, en un 38 por ciento”.
Y culmina afirmando: “No obstante la falta de publicidad y las dificultades de investigación autorizada, se sabe que la deuda pública interna, flotante y consolidada de 7.000 millones en 1943 fue ascendiendo en proporción geométrica hasta llegar a 22.000 millones al 31 de diciembre de 1951, sin contar la deuda del IAPI a los bancos oficiales, que pasa de los 8.000 millones, la deuda de los gobiernos provinciales y municipales, los déficit de las cajas de jubilaciones, transportes, etc. Mientras tanto ha seguido el descenso alarmante del valor adquisitivo de nuestro signo monetario. Por cada peso papel había en 1945 $1,05 en oro de respaldo. Por cada peso papel hay, en febrero de 1952, $0,04 en oro de respaldo”.
No obstante, en párrafos posteriores se declara partidario de las “nacionalizaciones” y de la “planificación”, pero democrática y contra “el imperialismo internacional”. Dice no creer en la demagogia ni en el desorden y tampoco en “el capitalismo sin alma”.
Las ideas en cuanto a la cuestión económica eran similares a las del peronismo.
Debemos aquí un tributo a Álvaro Alsogaray quien, contra todos, fue el que años más tarde comenzará a difundir la conveniencia del libre mercado y del sistema capitalista, alertando del peligro que traía la política peronista.
* Miembro de Número de la Academia Argentina de la Historia. Miembro del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Premio a la Libertad 2013 (Fundación Atlas).