Alejandra García asume la conducción del Colegio Público de la Abogacía

"El legado de mi gestión tiene que ser dejar un colegio todavía más al servicio del ejercicio profesional", explicó a La Prensa la abogada Alejandra García, quien tras imponerse con más del 47% de los votos se convirtió en la primera presidenta mujer del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF). García lideró la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, una coalición que agrupa a 13 vertientes profesionales, entre ellas Cambio Pluralista, Abogados en Acción y Abogados x la Argentina.

La nueva titular del CPACF, graduada de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con más de tres décadas de trayectoria y se desempeñaba como coordinadora legal y técnica de la institución. Su triunfo representa un quiebre histórico que pone fin a cuatro décadas de conducciones exclusivamente masculinas. Sucede en el cargo a Ricardo Gil Lavedra y plantea una gestión orientada a profundizar la apertura institucional, blindar la independencia judicial y modernizar las herramientas de trabajo para los matriculados.

En un diálogo con La Prensa, García detalló la reestructuración interna que permitió reducir el costo de la matrícula, los reclamos conjuntos ante la parálisis del sistema judicial por la falta de magistrados y las estrategias adoptadas por el Colegio para regular el impacto de las nuevas tecnologías en el ejercicio profesional cotidiano.

DESAFÍOS INSTITUCIONALES

- ¿Qué impronta busca darle a la institución a partir de este quiebre histórico?

- Nuestra gestión es de continuidad. El hecho de que después de 40 años pueda llegar a la presidencia una mujer tiene mucho que ver con la gestión de Ricardo Gil Lavedra, que nos abrió muchos espacios y permitió que una mujer accediera a la presidencia. Venimos trabajando en cuestiones vinculadas a la mujer desde hace tiempo. Pusimos en marcha una capacitación obligatoria en violencia de género —un proyecto de mi autoría— que es requisito para matricularse, junto al curso de ética. Además, se cambió el nombre institucional a Colegio Público de la Abogacía, reflejando mejor una matrícula que es casi paritaria.

Buscamos continuar con la apertura de espacios. Por ejemplo, en la asamblea de presupuesto propusimos extender un año más el beneficio de cuota cero para matriculados noveles a aquellas mujeres que hayan tenido o adoptado un hijo durante ese período de dos años. Son medidas que benefician directamente a la mujer en el ejercicio de la profesión.

- El 47% de los votos fue un resultado contundente. ¿Cómo planea sostener un espacio tan plural con ese caudal de respaldo?

- Nuestra lista ya es plural y venimos trabajando en esa diversidad. "Unidad en Defensa de la Abogacía" no es un eslogan; es realmente lo que somos, un grupo de profesionales que decidió unirse en un momento muy crítico. Durante la pandemia, la conducción anterior mantuvo el Colegio cerrado y la institución nos abandonó. Nosotros conformamos un espacio plural donde discutimos y debatimos. Esa diversidad nunca fue un problema: nos ponemos de acuerdo y eso suma.

POSTPANDEMIA Y FINANZAS

- El sector fue muy golpeado por la pandemia y el cambio repentino hacia lo digital. ¿Cómo vivieron ese proceso?

- Pasamos al vacío, porque la conducción anterior a la de Ricardo Gil Lavedra resistía la digitalización. Entramos a una virtualización obligatoria sin modificaciones en el código procesal, apoyándonos únicamente en acordadas de la Corte Suprema. Esto transformó radicalmente el ejercicio profesional: la gente abandonó los estudios físicos en la zona de tribunales porque los clientes ahora llegan por WhatsApp, correo electrónico o videollamada.

Ante ese escenario, readaptamos los espacios del Colegio. Creamos salas de coworking y una biblioteca digital con conectividad y computadoras para que los colegas puedan trabajar, atender clientes o incluso celebrar audiencias virtuales en lo que era una situación crítica.

- Mencionó medidas sobre los costos de la matrícula. ¿Cuál es la situación actual?

- Estamos bajando la matrícula. La gestión anterior la llevó a costar 5,77 UMAS (Unidad de Medida Arancelaria). Al asumir, la mantuvimos en 2,4 UMAS mientras ordenábamos las cuentas en profundidad. Logramos reducir gastos significativos, como los contratos de seguridad y limpieza que estaban vencidos desde 2017 y que el "desgobierno" anterior pagó a valores altísimos con el Colegio cerrado durante la pandemia. Ese reordenamiento nos permite llevar la matrícula a 2,2 UMAS en la asamblea, manteniendo el bono en el mismo valor.

ACCESO A LA MAGISTRATURA

- Respecto al problema de las vacancias en los juzgados, ¿qué medidas urgentes exigirá al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura?

- Las vacancias paralizaron el sistema judicial. Eso nos llevó a actuar de manera coordinada desde el Colegio Público junto a las dos entidades de asociación voluntaria —la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires y el Colegio Ciudad— y la Federación de Colegios de Abogados. Presentamos recursos administrativos y numerosas notas al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Justicia. El cambio de ministro ayudó a destrabar la situación gracias al diálogo que sostuvimos.

Por otra parte, apoyamos el nuevo proyecto de la Corte para la selección de magistrados porque limita la discrecionalidad de los consejeros, aunque queda mucho por avanzar. Si se revisan los pliegos enviados al Senado, hay apenas dos abogados provenientes del ejercicio libre de la profesión. El acceso está monopolizado por la "familia judicial" debido a la forma en que se computan los antecedentes y al acceso a la escuela judicial. Reclamamos igualdad de condiciones, lo que oxigenaría el Poder Judicial y contribuiría a reconstruir la confianza de la ciudadanía.

- La ciudadanía percibe una falta de avance en las causas judiciales. ¿Cómo puede trabajar el Colegio para mejorar esa situación?

- Desde que asumimos hace cuatro años impulsamos un código de ética judicial. Consideramos necesario que la Justicia cuente con reglas claras y deje de actuar corporativamente ante las faltas de los magistrados. Nuestro Tribunal de Disciplina es público, transparente, trabaja con expedientes digitales y es mucho menos corporativo que la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Creemos que el Poder Judicial debe recorrer ese mismo camino.

TENSIONES CON LA CORTE

- Respecto al fuero previsional, ¿qué canales institucionales abrirá para destrabar las sentencias de los jubilados?

- En materia de previsión social el problema no está solo en el fuero. Hoy el verdadero muro de contención es la Corte Suprema de Justicia. Aunque la mayoría de las vocalías de la Cámara están vacantes y funcionan con subrogantes, el bloqueo real es que la Corte viene omitiendo dictar sentencias definitivas en la materia. Reclamamos permanentemente por esta situación.

-¿A qué se debe esa acumulación de causas en el Máximo Tribunal?

-Se profundizó a partir del fallo Levinas, que consolidó la doctrina de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad es la alzada de las cámaras nacionales, lo que generó una enorme tensión. Actualmente, el Colegio Público mantiene una disputa con el TSJ porque emitió la Acordada 11 sin consultar a los profesionales, pretendiendo regular nuestro ejercicio con límites de hojas o renglones en los escritos.

Sostenemos que los abogados no podemos ser siempre la variable de ajuste. Le presentaremos al TSJ una propuesta para modificar esa acordada, junto a una plantilla de formulario para que los colegas puedan presentar sus recursos, teniendo en cuenta que la obligatoriedad de la norma está suspendida por 180 días. Esto se resuelve con diálogo y capacitación.

INNOVACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

-¿Cómo evalúa la gestión ante una eventual nueva emergencia o crisis económica?

- La gestión capacitó y reorientó al personal, adaptando los servicios que dejaron de requerirse de forma presencial por la digitalización. Hoy contamos con una aplicación móvil donde los matriculados pueden realizar todos sus trámites y abonar la matrícula en cualquier momento desde sus hogares. Asimismo, implementamos un esquema de capacitaciones híbridas y asincrónicas a través de nuestro campus virtual para facilitar el acceso de los profesionales.

- ¿Qué impacto proyecta ante la irrupción de la inteligencia artificial en la abogacía? ¿Teme que pueda reemplazar al abogado?

- La inteligencia artificial es una herramienta en desarrollo; no va a reemplazar al abogado, pero hay que aprender a utilizarla. Ya se han visto casos de magistrados y profesionales sancionados por el mal uso de esta tecnología. Desde el Colegio elaboramos una guía de buenas prácticas, publicamos un boletín mensual de actualización y contamos con una unidad de innovación y un instituto de derecho informático dedicados a la capacitación.

Es una herramienta útil, tal como lo fue la computadora frente a la máquina de escribir en su momento. La demanda de formación es altísima: en la Facultad de Derecho de la UBA, el curso con más inscriptos es precisamente el de Inteligencia Artificial. La Justicia debería avanzar en el mismo sentido.

LEGADO DE LA GESTIÓN

-El próximo lunes asume formalmente la conducción de la entidad. ¿Cuál desea que sea el principal legado de su presidencia?

- El legado debe ser dejar un colegio todavía más volcado al servicio del ejercicio profesional de los abogados y las abogadas. Existe un error conceptual recurrente: creer que los colegios deben estar únicamente al servicio del abogado litigante. Abogados somos todos: quienes asesoran, quienes dictaminan, los mediadores, los conciliadores y también quienes litigan.

Cuando nos limitamos solo al litigio, cercenamos nuestras propias competencias. Frente a las nuevas formas de ejercicio profesional que emergen, la institución debe mantenerse abierta para generar más oportunidades y campos laborales más amplios para todo nuestro colectivo matriculado.