El juez del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) Jorge Gorini defendió la sentencia contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la “Causa Vialidad”, afirmó que el juicio respetó “absolutamente” el debido proceso y sostuvo que el planteo presentado ante organismos internacionales para revertir su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos presenta “serios defectos de procedencia y admisibilidad”.
Gorini, uno de los jueces que intervino en el juicio por la obra pública en Santa Cruz, consideró además que el caso Vialidad constituye “un punto de inflexión importante” dentro del Poder Judicial y uno de los hechos de corrupción “más importantes de los que la historia judicial argentina tenga registro”.
En una entrevista, el magistrado rechazó que Cristina Kirchner se encuentre “proscripta” y sostuvo que la inhabilitación para ejercer cargos públicos es una consecuencia prevista por la ley ante la comisión de un delito comprobado.
“No es proscripción”, afirmó Gorini, quien explicó que la inhabilitación especial perpetua está contemplada en el Código Penal y recordó que esa figura existe desde la redacción original de 1921, mientras que una reforma de 2002 modificó otros aspectos de la normativa.
Sobre el reclamo de la exmandataria ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el juez sostuvo que cualquier cuestionamiento a la constitucionalidad de la inhabilitación debió haber sido planteado previamente dentro del expediente y ante los tribunales superiores argentinos, algo que, según afirmó, “nunca se planteó”.
Gorini aclaró que no se animaba a afirmar que el planteo internacional no pueda prosperar, pero advirtió que presenta “serios defectos de procedencia y admisibilidad”.
El magistrado señaló que, a su entender, la única alternativa jurídica para modificar el régimen de inhabilitación sería que el Congreso sancionara una ley que derogara esa pena y luego se promoviera una revisión de la sentencia en función de una eventual ley penal más benigna.
También rechazó la acusación de Cristina Kirchner acerca de que su condena estuvo vinculada con su condición de mujer y el denominado “machismo estructural”, consideró “absolutamente falso” que el género haya incidido en la decisión y destacó que dos abogadas mujeres designadas por el Colegio Público de la Abogacía supervisaron la totalidad de las audiencias del juicio.