Madrid- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, le pidió a la Justicia que actúe con "juego limpio" y cuestionó decisiones judiciales como las medidas cautelares dictadas por el juez Juan Carlos Peinado contra su esposa, Begoña Gómez, que a su juicio "superan todos los límites de lo razonable".
Durante su exposición ante el pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez sostuvo que tanto su esposa como su hermano, David Sánchez, son víctimas de acusaciones sin fundamento y de una campaña de hostigamiento similar a las registradas en otros países.
Según explicó, ese mecanismo consiste en la difusión de información falsa, seguida por denuncias impulsadas por organizaciones vinculadas a la ultraderecha y, posteriormente, por la apertura de causas judiciales. "Primero aparece el bulo en forma de titular, después la denuncia y, por último, el daño reputacional que se alimenta de los tiempos lentos de la Justicia", afirmó.
El jefe del Gobierno aclaró que no utilizaría su intervención parlamentaria para defender la inocencia de sus familiares, ya que serán ellos quienes lo hagan ante los tribunales, aunque repasó cada uno de los casos.
Respecto de Begoña Gómez, señaló que comenzó a trabajar con la Universidad Complutense de Madrid en 2012, dos años antes de que él asumiera la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y seis años antes de convertirse en presidente del Gobierno.
Además, aseguró que el total de ingresos percibidos por su esposa por la dirección de una cátedra extraordinaria y el desarrollo de un software fue de "cero euros". También indicó que la investigación en su contra avanzó pese al criterio contrario de la Fiscalía y recordó que varias de las decisiones adoptadas durante la instrucción fueron revocadas, total o parcialmente, por la Audiencia Provincial.
Sánchez agregó que hubo además varias observaciones por parte del Consejo General del Poder Judicial y consideró que el proceso derivó en medidas cautelares que "superan todos los límites de lo razonable", al punto de poner en duda el trabajo de la Policía Nacional y de miles de empleados públicos.
En cuanto a su hermano, explicó que el puesto por el que actualmente está siendo juzgado fue convocado en octubre de 2017, cuando él no ocupaba ningún cargo dentro del PSOE. También afirmó que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por una asociación de ultraderecha que lo acusó de evadir impuestos en Portugal, una acusación que, según sostuvo, ya fue demostrada como falsa.
El presidente del Gobierno español aseguró que seguirá confiando en la Justicia "a pesar de decisiones que cuesta mucho entender" y remarcó que mantiene su confianza en el sistema judicial porque considera que la enorme mayoría de los jueces desempeña una tarea "ejemplar, esencial y objetiva".
"Solo le voy a pedir a la Justicia que sea justa y que juegue limpio, algo que no están haciendo el Partido Popular (PP) y Vox", afirmó. A continuación, les reclamó a los diputados de ambas fuerzas que no actúen con hipocresía ni se presenten como defensores del orden constitucional cuando, según sostuvo, están "vulnerando sistemáticamente la separación de poderes".
Sánchez también les pidió que no "crucifiquen" al exfiscal general del Estado mientras, según denunció, hacen alarde públicamente de disponer de información reservada a la que no deberían tener acceso por encontrarse bajo secreto de sumario.
Asimismo, rechazó las acusaciones vinculadas a las denominadas "cloacas del Estado" y contraatacó al señalar que los sectores opositores están siendo juzgados por la supuesta creación de una estructura policial paralela que habría sido utilizada para espiar durante años a dirigentes políticos y periodistas, además de fabricar pruebas falsas en su contra.
En la misma línea, cuestionó que la oposición califique a su gestión como "el Gobierno más corrupto de la historia" y aseguró que las fuerzas que lo critican acumulan más de 30 causas judiciales abiertas con alrededor de 150 personas involucradas.
Sánchez comparece ante el Congreso para defender su gestión de Gobierno en medio de una acumulación de causas judiciales que afectan al PSOE y a su entorno más próximo. La comparecencia, solicitada por el propio Ejecutivo y por los grupos de ERC y el Mixto, se produce mientras el PP exige su dimisión y sus socios de investidura reclaman que dé todas las explicaciones necesarias.
Entre los casos que centran el debate figura la condena del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión por el denominado caso mascarillas, las investigaciones sobre la exmilitante socialista Leire Díez, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente. Sánchez tratará de convencer a sus socios de investidura de que merece la pena continuar hasta 2027.