La Justicia avanza en una investigación sobre el patrimonio y los movimientos financieros del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, a partir de la detección de una serie de viajes al exterior realizados en aviones privados de lujo cuyo financiamiento no condice con sus ingresos declarados como directivo de una asociación civil.
Según consta en el expediente, entre 2017 y 2025 Toviggino habría efectuado al menos 72 viajes internacionales, que suman unos 150 tramos aéreos. El 71 por ciento de esos desplazamientos se realizaron en aeronaves ejecutivas, con un costo promedio de 150.000 dólares por vuelo, lo que eleva el gasto total estimado por encima de los 7 millones de dólares.
Los registros migratorios señalan como destinos frecuentes Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Entre las aeronaves utilizadas figuran modelos de alta gama como un Gulfstream G450, empleado durante el Mundial de Qatar 2022, y un Bombardier Learjet 60XR perteneciente a la firma Listra 200 SA, vinculada al empresario Javier Faroni.
La pesquisa, a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, también pone el foco en los vínculos entre Toviggino y Faroni, señalado como agente recaudador de la AFA. En ese marco, se investiga a la empresa TourProdEnter, creada por la pareja de Faroni, Érica Gillette, por presunto lavado de dinero y el desvío de al menos 42 millones de dólares hacia sociedades fantasma.
Además, se detectaron 18 traslados del dirigente realizados por la firma Flyzar y unos 60 vuelos en helicóptero hacia una mansión ubicada en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, que se convirtió en uno de los ejes centrales de la causa.
La investigación también reveló que vuelos privados, gastos personales, peajes, seguros y el mantenimiento de una flota de autos de alta gama se habrían abonado con tarjetas corporativas de la AFA. En ese contexto, el juez ordenó dar de baja una tarjeta American Express a nombre de Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro, que registraba consumos mensuales por 50 millones de pesos.
En el entramado aparecen además nombres de dirigentes y empresarios ligados al fútbol, mientras se analiza el rol de financieras y sociedades vinculadas al desvío de fondos. Paralelamente, la AFA intenta trasladar su domicilio legal a Pilar, en una maniobra que es observada por la Justicia como un posible intento de eludir el control de la Inspección General de Justicia.