El sábado 2 de agosto Javier Milei suscribió el veto a las leyes aprobadas por el Congreso que dictaminan un incremento de las jubilaciones del orden del 7,2 por ciento (así como un aumento de 40.000 pesos en el bono suplementario que reciben los jubilados de menores ingresos) y la que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2027 y mejora la pensión no contributiva por invalidez (poniendo un piso equivalente al 70 por ciento de un haber mínimo).
Cuatro días más tarde, el miércoles 6, la Cámara de Diputados le devolvió la gentileza al oficialismo y durante una extensa sesión lo derrotó rotundamente en doce votaciones. Así, dio media sanción al proyecto de ley de financiamiento universitario (158 votos a favor, 75 en contra, 5 abstenciones) y al de emergencia pediátrica (159 diputados a favor, más de dos tercios de los presentes, y 67 en contra) que declara la emergencia de la salud pediátrica y de las residencias médicas, fidpone la reasignación de fondos y una recomposición salarial para el personal de salud. Además la Cámara rechazó, también con amplias diferencias, seis decretos desregulatorios relacionados con Vialidad, el INTI, el INTA, y los institutos culturales. que el Poder Ejecutivo dictó en ejercicio de atribuciones delegadas por el Congreso que ya han caducado,y convocó con fecha determinada a constituir operativamente la comisión legislativa que debe investigar el affaire de la criptomoneda Libra, que se encontraba paralizada por los manejos oficialistas. Asimismo emplazó a las comisiones de Presupuesto y Energía para que emitan dictamen sobre los proyectos de reforma de los impuestos de combustibles y la coparticipación de la partida de los Aportes del Tesoro Nacional, dos asuntos que impulsan los gobernadores y que esperan que sean tratados en el recinto antes de fin de agosto.
“Perdimos todo, perdimos todas las votaciones”, registró con objetividad el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Atribuyó el revés a una táctica demagógica de la oposición determinada, según él, por la atmósfera preelectoral. Para el funcionario, “todos los que votaron contra el gobierno (prácticamente todos los radicales, la Coalición Cívica, algunas fuerzas provinciales) fueron funcionales al kirchnerismo”. Francos advirtió que “todo lo que podamos vetar, lo vetaremos”..
A GOLPE DE VETO
El problema del gobierno, como parecen confirmar las votaciones del último miércoles, es que no cuenta en principio con números que lo favorezcan. Para sostener los vetos presidenciales necesita un tercio de la Cámara de Diputados (86 votos, si hay asistencia perfecta, menos en la medida en que se sumen inasistencias). Si consideramos la ley que incrementó las jubilaciones, que Milei votó el último sábado, cuando la Cámara la aprobó sólo se registraron 67 votos negativos. El oficialismo necesita reclutar en este caso 19 voluntades o incentivar ausencias o abstenciones.
No se trataría de una misión imposible para el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que comanda las negociaciones con los soportes potenciales del gobierno. La dificultad reside en que, como él mismo ha constatado, en la caldeada atmósfera que precede a las elecciones de octubre, varios de esos posibles aliados están camino de convertirse en exaliados.
Cada veto exige no solo una explicación, sino también una contención de los efectos políticos que produce. El veto no es solo un acto técnico: es un gesto de poder que, cuando se reitera, tensiona los equilibrios del sistema. Y Milei empieza a descubrir que los actores que puede calificar de "casta" no son homogéneos pero no están dispuestos a ceder sus espacios de autonomía sin dar pelea.
En vetos anteriores el oficialismo pudo asegurarse numerosos apoyos radicales y del Pro, así como la influencia cooperativa de algunos gobernadores. Hoy ha crecido, tanto en el radicalismo como en el Pro –lo testimonian las votaciones en Diputados- la predisposición a tomar distancia del gobierno. En cuanto a los gobernadores,ellos han impulsado, en conjunto, dos proyectos de ley destinados a recuperar pàra sus distritos parte de recursos fiscales (aportes del Tesoro, impuesto a los combustibles) que el poder central retiene y emplea para maquillar su proclamado equilibrio fiscal. No quieren maniatar al Poder Ejecutivo, razón por la cual probablemente lo ayuden a zafar de los reclamos jubilatorios, que son los que mayor incidencia tienen sobre el presupuesto, pero en otras cuestiones la mayoría de ellos no se sienten comprometidos a sacarle las papas del fuego a un gobierno que no les cumple los compromisos.
El oficialismo espera entusiasmado la elección de octubre, con la expectativa de ampliar marcadamente su representación legislativa. Seguramente conseguirá ese objetivo aunque ni siquiera el más optimista de los cálculos puede garantizarle una situación de mayoría en las Cámaras. Seguirá necesitando buscar aliados y deberá cultivarlos si no quiere, en momentos difíciles, “perder todo”, como el último miércoles.
ERRORES NO FORZADOS
La capacidad de seducción del oficialismo se ve resentida, por otra parte, por los desperfectos que exhibe en las últimas semanas lo que lucía como una máquinaria eficiente de reducción de la inflación, control sobre el valor del dólar y manejo del equilibrio fiscal. El déficit cero, aún si se cumple formalmente, reposa sobre un conjunto de supuestos cada vez más frágiles: atraso cambiario, freno a la obra pública, licuación de jubilaciones y salarios, y un Banco Central que aún no logra acumular reservas sin asistencia de dólares financieros o sectoriales. Los mercados celebrar medidas del gobierno pero no consolidan la confianza en la solidez de sus sistemas. Las explicaciones oficiales sobre el incremento del dólar (de 1150 pesos a1350, entre el 30 de mayo y el 31 de julio) no parecen dar cuenta objetiva del fenómeno (mucho menos cuando se combinan con teorías conspirativas que combinan a la vicepresidenta, a bancos importantes y al kirchnerismo en un intento conceertado de desestabilización económica: abundancia de relato). No es extraño, así que muchos especialistas (y muchos que no lo son) prevean un rebrote inflacionario en el segundo semestre. De hecho, ya empieza a advertirse remarcación de precios de alimentos y productos de primera necesidad. El índice porteño marcó en julio 2,5 por ciento (segundo incremento consecutivo: en ju nio fue de 2,1 por ciento, en mayo, de 1,6).
El gobierno postergó el incremento de reservas, dejó pasar el instante en que la divisa se encontraba en valores cercanos al piso de la banda de flotación, y ahora debe abocarse a esa tarea para corresponder la benevolencia del Fondo Monetario que perdonó el temprano incumplimiento de las pautas suscriptas en el último acuerdo.
Debe hacerlo, además, cuando el campo ha dejado de liquidar , se inicia un trimestre de sequía de ingresos y cuando ha tenido que aflojar parcialmente ante la presión del sector disminuyendo un 20 por ciento promedio las retenciones (es decir, recortando unos 600 millones de dólares de los recursos fiscales), medida que le garantizó al Presidente la ovación en el acto inaugural de la Exposición Rural.
TAMBORES FEDERALES
El dato más interesante de las últimas semanas es la constitución de una nueva alternativa política, de corte federal, que no se inscribe en las polarizaciones clásicas (“peronismo-antiperonismo”, ” kirchnerismo-libertad”) sino que procura desplazarlas y superarlas. Gobernadores de provincias con fuerte perfil exportador han comenzado a ensayar una coordinación política autónoma. El fenómeno es visible en la actitud de mandatarios como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy).Se trata de líderes de diferentes orígenes partidarios, con poder territorial, economías diversificadas y control político de sus legislaturas locales. Y, además, con un rasgo común: no necesitan del poder central para sostener su legitimidad ni su equilibrio fiscal inmediato.
Este bloque de poder subnacional se propone erigiruna alternativa institucional hacia la elección de 2027 y comienza a delinear un perfil: acompañar la cautela antiinflacionaria y la vigilancia estricta del equilibrio fiscal con la defensa de recursos propios, rechazo al ajuste indiscriminado, y demanda de políticas federales que acompañen el desarrollo productivo. La convergencia litio-energía-agroindustria no es casual: son sectores que demandan infraestructura, créditos y acuerdos internacionales que exceden la lógica del recorte fiscal o la desregulación sin planificación.
A los cinco gobernadores que han dado el primer paso se sumarán otros con el correr de las semanas. Así se va consumando la reconstrucción del sistema político. El factor territorial muestra su peso no sólo en el papel de los gobernadores, sino en el creciente papel de los intendentes, tanto en las zonas más densamente pobladas como en las instancias rurales.
Como señalamos reiteradamente en este espacio, la lectura de las elecciones de octubre debe ir más allá del reiterado eje bloque ideológico contra bloque ideológico, para observar cómo los poderes territoriales compiten con el poder central para coparticipar en un proceso de modernización productiva, vinculación internacional, intregración nacional y social. Hay coincidencias con el poder central en la importancia de la lucha contra la inflación y el equilibrio fiscal, pero distancia en lo relativo al estímulo a la producción y a la integración social (y, en ese sentido, impulso a la convergencia Estado-actividad privada).
La presencia de una fuerza política federal, actualizada en sus ideas y territorialmente enraizada como la que se insinúa con la declaración de los cinco gobernadores forma parte de la reconfiguración del sistema político que, paralelamente, muestra la declinación de los liderazgos de la última grieta: Mauricio Macri asiste a la fragmentación y trasmutación del Pro y Cristina Kirchner se esfuerza en mantener amarrado al gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Esa reconfiguración debe llegar a expresarse en una estructura política e institucional amplia, representativa, moderna y confiable , que refleje unidad nacional en su proyección y garantice la sustentabilidad de su rumbo más allá de los cambios regulares de personal gubernativo.
Antes aún del año 2027 (cuando la fuerza federal puede presentar una alternativa de gobierno nacional), su presencia podrá contribuir en el Congreso a la búsqueda de consensos, equilibrios y convergencias que independicen al país de la lógica frenética de vetos y contravetos.