El mensaje presidencial recupera principios históricos verdaderos. Pero la soberanía no se demuestra mediante anuncios: se ejerce con continuidad, autonomía de decisión y Poder Nacional.
La sabiduría popular suele condensar en pocas palabras aquello que los discursos procuran disimular: del dicho al hecho hay mucho trecho. En materia de soberanía, ese trecho se mide en presupuesto, capacidades militares, desarrollo científico y tecnológico, control territorial, inteligencia estratégica, infraestructura y libertad de decisión frente a las grandes potencias.
Las Malvinas son argentinas. Fueron ocupadas por Gran Bretaña en 1833 mediante un acto de fuerza. Sus habitantes actuales constituyen una población implantada y, por lo tanto, no pueden invocar legítimamente el principio de autodeterminación para resolver una disputa territorial. La Constitución Nacional establece que la recuperación de las islas, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Hasta aquí, en esa enumeración de verdades, el reciente mensaje presidencial no merece objeciones. Su introducción histórica y jurídica recupera principios que la Argentina nunca debió relativizar. También corrige algunas ambigüedades peligrosas que durante los últimos años otorgaron una importancia indebida a la voluntad de los isleños, aproximándose al argumento sostenido por Londres.
El problema comienza después. Porque de la verdad de aquellas premisas no se desprende necesariamente la conclusión que el discurso pretende instalar: que nos encontramos ante una nueva política soberana, que la Argentina ha comenzado a reconstruir su Poder Nacional y que los anuncios realizados demuestran un cambio estratégico profundo.
¿Estamos ante un razonamiento falaz en el sentido estricto de la palabra? No porque todo lo afirmado sea falso, sino porque se utilizan verdades indiscutibles para otorgar credibilidad a conclusiones que los hechos todavía no permiten demostrar.
La secuencia argumental parece sencilla: la explotación británica de nuestros recursos constituye una amenaza; el Estado argentino habría comprendido finalmente la dimensión estratégica del problema; por consiguiente, las medidas anunciadas demostrarían que el país ha comenzado a ejercer efectivamente su soberanía.
El primer enunciado es verdadero. El proyecto petrolero Sea Lion representa una amenaza concreta y urgente. Porque es una apropiación indebida que deriva de la usurpación. Pero los otros dos enunciados necesitan ser probados.
Una administración puede pronunciar correctamente la doctrina argentina sobre Malvinas y, al mismo tiempo, debilitar los instrumentos necesarios para sostenerla. Puede anunciar una política de seguridad nacional mientras reduce recursos destinados a la Defensa. Puede invocar el Poder Nacional y, simultáneamente, subordinar decisiones estratégicas a los intereses de otra potencia.
Puede presentar como novedosas iniciativas concebidas, financiadas y comenzadas muchos años antes. (y que, en julio pasado dispuso vender terrenos en esa zona estratégica) Ya lo señalamos en estas páginas: la soberanía no se declama, se ejerce. Ejercerla exige continuidad, autonomía de decisión y capacidades materiales. Exige Fuerzas Armadas equipadas, industria naval, vigilancia y control del mar, protección aeroespacial, inteligencia estratégica, ciencia, tecnología, diplomacia e infraestructura.
Nada de eso nace con una cadena nacional ni pertenece exclusivamente al gobierno que circunstancialmente ocupa la Casa Rosada. Son políticas permanentes de la Nación.
La denominada Base Naval Integrada de Ushuaia ofrece una primera oportunidad para contrastar el discurso con la realidad. Fue presentada como una decisión vinculada con el fortalecimiento de la Defensa y con una nueva proyección argentina sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Sin embargo, la iniciativa posee una historia mucho más extensa.
Desde la década de 1990, los gobiernos de Tierra del Fuego promovieron diferentes proyectos para convertir a Ushuaia en un centro logístico antártico. En 2011, la provincia presentó formalmente, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, la propuesta de un enclave logístico multimodal. En 2017 cobró impulso el denominado Polo Logístico Antártico, concebido principalmente desde una perspectiva civil y comercial.
La Base Naval Integrada, con ese nombre y con una finalidad específicamente militar y conjunta, tampoco nació con el anuncio reciente. Su piedra fundamental fue colocada el 3 de marzo de 2022. El proyecto contemplaba la participación de las tres Fuerzas Armadas y de Tandanor-Cinar, debía financiarse con recursos del Fondo Nacional de la Defensa y tenía como objetivo fortalecer la presencia argentina en el extremo austral.
La obra ya poseía antecedentes, presupuesto, organismo ejecutor y una fecha estimada de finalización y fue paralizada por esta administración. Por lo tanto, no estamos ante la creación de una nueva base, sino frente al anunciado reimpulso de una infraestructura concebida, iniciada y parcialmente ejecutada con anterioridad.
Reconocer esta continuidad no disminuye la importancia de terminarla. Por el contrario, permite comprender que las obras estratégicas pertenecen a la Nación y deben trascender a los gobiernos. Lo que resulta discutible es apropiarse de una iniciativa preexistente y presentarla como demostración de un cambio histórico.
También aparece una contradicción que no puede soslayarse. ¿Cómo puede utilizarse esta obra como prueba de una nueva política de Defensa cuando, al mismo tiempo, se debilita o elimina el instrumento presupuestario creado para garantizar su financiamiento?
Una base naval no existe porque sea mencionada en un discurso. Existe cuando posee recursos asegurados, muelles terminados, talleres, depósitos, sistemas de comunicaciones, defensa aérea, vigilancia marítima, unidades asignadas, personal capacitado y una cadena logística sostenible.
El decreto anunciado podrá constituir un primer paso. Pero todavía pertenece al terreno de la intención. La voluntad estratégica se demostrará mediante recursos presupuestarios, obras concluidas, medios incorporados y capacidad operacional efectiva.
Del dicho al hecho, también en Ushuaia, queda todavía mucho trecho.