La denuncia por la bóveda de Lázaro Báez regresa a Buenos Aires

La Justicia federal de Río Gallegos devolvió al juez porteño Sebastián Casanello la denuncia sobre la supuesta bóveda del empresario kirchnerista Lázaro Báez, y este viernes el magistrado enviará el expediente a la Cámara Federal para que resuelva dónde debe tramitarse, informaron fuentes judiciales.

Los voceros indicaron que la causa, que había sido remitida a Santa Cruz por Casanello, le fue devuelta al magistrado porteño por "cuestiones formales", pues la fiscal federal de Río Gallegos, Patricia Kloster, objetó que el juez capitalino no haya notificado su decisión al fiscal Guillermo Marijuán.

Casanello había enviado el expediente al sur al entender que los hechos denunciados -supuesto desmantelamiento de una bóveda de Báez, imputado por lavado de dinero, para ocultar pruebas- constituyen un caso nuevo y ocurrieron en otra jurisdicción y en un tiempo distinto al que se dio lo que él investiga, que es el presunto lavado de dinero por parte del empresario.

El fiscal Marijuán había apelado la resolución y pidió que quede en la Capital Federal, y ahora la causa vuelve a Buenos Aires. Casanello hará lugar a la apelación del fiscal -al igual que con otra que presentó por un allanamiento denegado en el Tigre- para que intervenga la Cámara.

Los voceros señalaron además que Casanello envió la denuncia de Carrió a Santa Cruz pero se quedó con una copia, al entender que la prueba que revela puede servir en la causa del lavado.

Por otra parte, se indicó que mañana a las 11 asumirá formalmente en el juzgado federal galleguense Andrea Askenazi, en reemplazo de la jueza subrogante Ana Cecilia Alvarez.

La denuncia de la que intenta desprenderse Casanello fue hecha por la diputada Elisa Carrió contra Báez por el desmantelamiento de un bóveda que presuntamente tenía en su chacra de Río Gallegos. La legisladora añadió que el empresario transportó su contenido (plata, documentos y armas) y presentó fotos de ello sacadas por un empleado de Austral Construcciones, una de las compañías del empresario.

Tras una primera negativa, el propio Báez admitió luego que esa persona trabaja en su compañía.

En tanto, Carrió denunció penalmente a Casanello por supuesto encubrimiento agravado, al entender que con su decisión de apartarse de la causa benefició a Báez. Carrió también prometió denunciar a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, y a la presidenta Cristina Fernández. Y el empresario y dirigente peronista Juan Mussa pidió al Consejo de la Magistratura la "destitución" de Casanello.

En la causa principal, Casanello investiga al empresario "K" por presunto 'lavado' de 55 millones de euros que sacó fuera del país a empresas off shore, lo que fue revelado en el programa "Periodismo Para Todos" por los financistas Leo Fariña y Federico Elaskar.

Ante la denuncia sobre la bóveda, Báez convocó a la prensa a su casa para mostrar que tal compartimiento no existía y que en el lugar apuntado solo existía una cava de vinos.

Además, la defensa de Báez le pidió al juez que averigüe si existe "una investigación paralela" sobre presunto lavado de dinero en su contra por parte de José María Campagnoli, fiscal del fuero ordinario y ex secretario de Seguridad del Gobierno de la Alianza (1989-2001).

Así lo informó un comunicado del empresario kirchnerista, donde se añadió que sus letrados, Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, advirtieron que "de comprobarse ese desvío de poder" por parte de Campagnoli "podría aparejar importantes nulidades" por incompetencia. Y concluyeron que si Campagnoli proveyó "medidas de prueba o diligencias administrativas" ello perjudicaría "la investigación que lleva adelante el juez Casanello" respecto a Báez.

Campagnoli actuó de oficio tras el programa de Jorge Lanata donde saltaron las revelaciones y solicitó una serie de medidas de prueba, como "investigaciones y allanamientos en Santa Cruz".
Asimismo, este fiscal requirió a la Bolsa de Comercio "detalles sobre la composición de Helvetic Services Group", según publicó el diario "La Nación" el 4 de mayo.