La sanción de la ley para expropiar la ex Ciccone es una de prueba palpable de la degradación del Congreso. De que el Poder Legislativo se ha convertido en una mala copia, en un fantasma de poder del Estado, en un teatro de comedias donde se representa un libreto redactado en el Ejecutivo y en el que las mayorías actúan a control remoto, aprobando leyes por obediencia debida sin conservar siquiera la menor apariencia de dignidad institucional, de independencia de criterio, de autonomía política, de simple decoro.
El asunto de fondo es cada vez más transparente. El Estado quiere apropiarse de una empresa privada para imprimir billetes porque acaba de descubrir que la Casa de la Moneda no está en condiciones de hacerlo. Esa empresa se hallaba en proceso de quiebra y quedó bajo el control de un grupo inversionista cuyos dueños se ignoran, aunque se cree, no caprichosamente, que son testaferros del vicepresidente Amado Boudou.
El director es un monotributista que le paga el cable al vicepresidente y gana 8 mil pesos por mes, aunque puso decenas de millones para levantar la quiebra. Otro de los que aparecen como financistas es un jubilado que ya aclaró que nada tiene que ver con el asunto.
Como si esto no alcanzara, la Casa de la Moneda, presidida por una funcionaria alineada con Boudou, le dio a los nuevos dueños un contrato multimillonario por la impresión de billetes y la AFIP un generoso plan de facilidades para pagar su abultada deuda fiscal. Increíblemente el jefe de gabinete Juan Abal Medina negó en el Senado la existencia de ese contrato, mientras lo estaba entregando por escrito a los legisladores. Como consecuencia del récord de papelones la operación colapsó y la presidenta Cristina Fernández debió solicitar la expropiación de la empresa para preservar la "soberanía monetaria" (sic).
Los antecedentes del caso no sólo son escandalosos, sino también incriminatorios. El juez y el fiscal que investigaban a Boudou y habían ordenado el allanamiento de su domicilio fueron removidos. El degüello llegó a lo más alto: el Procurador General de la Nación tuvo que renunciar, acusado por Boudou de tráfico de influencias. En todo este tiempo el vice no ha dejado de sonreir, a pesar del daño que le causaba a la presidenta.
Para acotar ese daño (si aún se puede) la expropiación se está haciendo en tiempo récord y sin dar explicaciones en el Congreso. Al Senado no fue ningún funcionario, algo extraordinariamente raro en leyes de esa importancia. ¿Por qué no fue el jefe de la AFIP -imputado en la Justicia- a explicar la razón por la cual le pidió a Boudou que dejara sus huellas digitales en el expediente y por qué le dio el generosísimo plan de pagos a la ex Ciccone? ¿Por qué la Casa de la Moneda dio un contrato por 50 millones sin licitación a una empresa cuyos dueños son un misterio? ¿Dónde estaba la UIF?
Todo huele -como dijo un senador radical en el debate- a trampa y engaño y el kirchnerismo en lugar de disiparlos, los aumenta con su silencio o con los argumentos pueriles de un Aníbal Fernández que le echa la culpa de lo sucedido al gobierno de la Alianza o a Duhalde, de un senador de apellido Fuentes que inculpa a la prensa opositora y de un gobierno que quiere sacar la ley en 15 días para pasar al próximo escándalo y que el presente se olvide.