Mayor poder, menor control, menor responsabilidad

Por Jorge Luis Maiorano  (*)

El pasado 9 de abril se cumplieron 12 años……sí 12 años de la fecha en que la titularidad del Defensor del Pueblo de la Nación de Argentina está vacante, en otras palabras: no hay Defensor del Pueblo desde el año 2009. Y esto implica una seria y grave violación constitucional, por omisión, de la dirigencia política que no le asigna la importancia que esa figura tiene. Recuerdo aquí que el senador Eduardo Menem luchó denodadamente durante 9 años para lograr la aprobación de la ley que, por una conjunción de la Providencia y de la Política, tuvimos el honor de promulgar como ley 24.284 el 2 de diciembre de 1993 mediante decreto 2469/93.

Cumplí los 5 años de mi mandato, senté las bases que consideré sólidas de esa Institución Constitucional; al vencer el periodo de mi mandato y no habiendo sido reelecto (confirmando las enseñanzas de mis maestros de Europa que me adelantaron que un buen Ombudsman no es reelecto), se produjo la alternancia. Quien me sucedió fue reelecto….una señal….y no terminó su segundo mandato porque quiso aspirar a un cargo político partidario en la provincia de Córdoba…dejando vacante a la Institución.

Desde entonces todos los Gobiernos, de distinto signo político no han manifestado mayor interés en cubrir el cargo. Como lo sostengo en la tercera edición de mi último libro “El Ombudsman: defensor del pueblo y de las instituciones republicanas” que se publicará este año, nuevos peligros se ciernen sobre los Defensores del Pueblo en general. “En los 35 años que han transcurrido desde la primera incorporación a una Constitución latinoamericana el Defensor del Pueblo ciertamente se ha generalizado y ha alcanzado el reconocimiento internacional como lo acabo de puntualizar. No obstante ello, nuevos peligros se ciernen amenazadoramente sobre el futuro de esta institución: proyectos de eliminación, de recorte de sus facultades, cercenamientos presupuestarios, hostigamientos varios, apetencias políticas que amenazan su independencia y, en suma, el serio riesgo de que la figura se vaya diluyendo en los países de América Latina; en España ya se han dado algunos ejemplos también. Una forma poco sutil pero evidente es la inacción de los Gobiernos para cubrir el cargo; dejan a la Defensoría o como se la llame, sin cobertura, inerme, inactiva; es lo que sucede en nuestro país donde hace 12 años que está vacante la Institución en el orden nacional. Debe recordarse que se trata de una figura prevista en la Constitución Nacional que se encuentra sin su titular; varias veces se han alzado voces contra este verdadero desinterés de los gobernantes hacia la figura.

ETAPAS BIEN DEFINIDAS

Recordé hace dos años “cómo se llegó a esta situación de vacancia durante diez años. En estos 26 años desde su fundación, la institución transitó por tres etapas bien definidas: la primera, desde el 17 de octubre de 1994 hasta el 17 de octubre de 1999, en las cuales ejercí el primer mandato constitucional, el Defensor del Pueblo de la Nación tuvo reconocimiento nacional e internacional. La segunda concluyó cuando mi sucesor quien cumplió casi dos mandatos sucesivos, resignó el cargo el 9 de abril de 2009 para postularse como candidato a senador por la provincia de Córdoba. A fines de 2013 también vencieron los mandatos de los adjuntos. Aquí comenzó la tercera etapa, por lo cual la institución quedó interinamente a cargo de su secretario general, Carlos Haquim, quien resultara electo como vicegobernador de Jujuy en las elecciones del 25 de octubre de 2015. Desde entonces está a cargo del subsecretario general el cual carece de las facultades esenciales que otorga la Constitución Nacional y la ley orgánica para desempeñar en plenitud sus funciones. Varios pronunciamientos se han hecho públicos denunciando la demora del Congreso de la Nación en elegir y designar al Defensor del Pueblo. Incluso la doctrina extranjera ha puesto de manifiesto la utilización política que se hizo de una Institución tan benéfica e importante como el Defensor del Pueblo de la Nación. En mi opinión no se trata de una postergación por la consideración de temas más urgentes; como lo he manifestado en varias ocasiones públicamente, entiendo que la omisión es responsabilidad de todo el arco político que no le asigna la trascendencia que debe tener a esta Institución. Como lo señalé más arriba la dirigencia que nos ha gobernado y nos gobierna prefiere tener a la Institución en estado vegetativo no cumpliendo el mandato constitucional de defender los derechos humanos y controlar el ejercicio de las funciones administrativas. Es que el Defensor del Pueblo siempre camina por la cornisa. Es acosado por la sociedad y por los Gobiernos. Por la sociedad quien generalmente busca en él las soluciones que el gobierno no le da; siempre espera más de su gestión en alguna medida ilusionada por la generosa denominación de Defensor del Pueblo. Por el Gobierno porque se resiente por las acciones de impronta popular. La figura del Defensor del Pueblo tiende a incomodar a la mayoría de los gobernantes. Esto genera un severo obstáculo: el de la autocensura, la autolimitación, a la que converge la amenaza sobre la subsistencia de la institución.

El Ombudsman debe recordar siempre que nadie acude a sus oficinas a expresar su complacencia con el Gobierno de turno”

DOS RAZONES

Dos son las razones que explican, a mi juicio, esta circunstancia:

1) La apetencia partidaria de convertir a la institución en un botín político, de tal forma que a ella acceden quienes desconocen la figura y sólo muestran una militancia política partidaria ya sea con su complacencia o connivencia por el poder de turno. En la medida que se pretenda utilizar el cargo de Defensor del Pueblo para el amiguismo o como trampolín para la política, se estará mancillando el nombre de una institución tan noble. Por esa razón entiendo que debe modificarse la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo representada por las leyes 24.284 y 24.379, a fin de prohibir que quien ejerza la titularidad de la Institución pueda postularse a todo cargo político resultante de elección popular por el plazo de 2 años después de finalizado el mandato;

2) La circunstancia de que todo Defensor que cumple cabalmente su función y que comienza siendo una figura simpática para las autoridades, termina convirtiéndose en una pesadilla para los Gobiernos que optan por bajarle el perfil sustituyendo a sus titulares.

Para comprender plenamente las razones que acabo de exponer, vale recordar que: en un comienzo, la incorporación de la figura encontró un obstáculo casi excluyente: su desconocimiento por la dirigencia política que creía ver en el Ombudsman un injerto de otras culturas y motivado por razones ajenas; hoy, en cambio, el principal obstáculo es precisamente el inverso: los políticos conocen demasiado a la figura y saben cuánto puede molestar una institución que actúa alejada de intereses partidarios, con independencia de finalidades mezquinas y que soluciona las insatisfacciones de los ciudadanos; las primeras aplicaciones de la institución la presentaron en una firme defensa de los derechos humanos contra las violaciones producidas desde el propio Estado en forma de acciones; hoy, en cambio, al compás de las restricciones presupuestarias y la situación de vacancia que se visualizan en muchos casos, se corre el riesgo de que se naturalice la falta de un Defensor del Pueblo.

Cierto es que también advierto un factor que puede contribuir a sostener la figura. En los años '80, el Ombudsman fue instituido -para decirlo gráficamente- de "arriba" hacia "abajo"; es decir, fueron las autoridades las que incorporaron una figura que la sociedad no conocía, en algunos casos, incluso, para mostrar al mundo una patente de identidad democrática; hoy en cambio, al amparo de las permanentes violaciones que se producen y las consecuencias de la pandemia que afecta a la Humanidad cuyos efectos se sentirán por mucho tiempo se dan pues, las condiciones para que la figura crezca o brote de "abajo" hacia "arriba".

“Hoy es el pueblo, es decir los de "abajo" quienes piden y reclaman que alguien los defienda de los abusos o de las omisiones del poder público o privado. América Latina hoy está poblada de Defensores del Pueblo; esto evidencia un notable avance sobre la situación que se verificaba a comienzos de la década de los años '80; algunas de esas instituciones ya pueden mostrar varias generaciones de Defensores; pero a cambio, cabe recordar las vicisitudes que han sufrido los titulares de esas instituciones y las declaraciones que tuvo necesidad de formular la Federación Iberoamericana de Ombudsman para frenar aviesas intenciones de los Gobiernos de cercenar facultades o presionar a los Defensores. Por eso sostengo que el Defensor del Pueblo en América Latina no es ni mucho menos, una obra acabada.”

Hoy las urgencias son otras: urge fortalecer a estas instituciones demostrando a los gobiernos que los Defensores o Procuradores no son sus enemigos, no pretenden con sus críticas socavar al poder sino en cambio, ilustrarlo y sensibilizarlo para que conozcan las insatisfacciones cotidianas del pueblo que van minando la confianza en sus instituciones; urge poner en evidencia que los ajustes presupuestarios nunca pueden justificar la eliminación o debilitamiento de una institución benéfica para los pueblos y que sólo puede molestar al soberbio y al autoritario.

Ante la gravedad y dimensión de la crisis sanitaria y económica que afecta y afectará a toda la Humanidad como consecuencia de la Pandemia resulta necesario ubicar en este contexto inédito al Defensor del Pueblo.

SU FUNCION PRINCIPAL

Debo confesar que el Mundo y la sociedad con la cual se encontrará el Ombudsman, Defensor del Pueblo o como se lo llame para ejercer sus funciones, será muy diverso al que tuvo cuando nació hace más de dos siglos; también muy diferente al que existía cuando floreció después de la Segunda Guerra Mundial y también diverso al que existía en América Latina cuando se difundió por la gran mayoría de los países de la Región.

Aquí no se trata de que está naciendo el Estado de Bienestar, el Estado interventor o el Estado abstencionista; la pandemia ha trastocado la vida de cada uno y de todos los habitantes de la Humanidad. Ya no es el problema que sufre una sociedad ante otra más desarrollada. Aquí se trata de que el tejido social y económico de todas las sociedades se encuentra gravemente lesionado por lo cual los Gobiernos tendrán la difícil misión de restaurar la confianza y acrecentar sus esfuerzos para superar esos desequilibrios económicos, sanitarios, sociales, entre otros.

Y allí los Defensores del Pueblo de toda América Latina deberán asumir un rol activo acompañando a las autoridades, pero, sobre todo, conteniendo y protegiendo al pueblo de los abusos y arbitrariedades que se pueden cometer y que se han cometido desde el Poder Público.

Por ello nunca más necesario que exista una Institución con los perfiles del Ombudsman que acoja los reclamos del pueblo, que seguramente se multiplicarán como consecuencia de las falencias y carencias que existen; así, por ejemplo, la desocupación, la inseguridad, la falta de vivienda, alimentación, salud, educación y así podría continuar con cada uno de los derechos individuales, sociales y colectivos que son las más inmediatos; seguramente el Defensor del Pueblo deberá asumir un rol más mediador que nunca ya que será el interlocutor válido ante las autoridades para canalizar las inquietudes y necesidades de la población.

El Ombudsman del siglo XXI tendrá que estar íntimamente relacionado, no solo en nuestro país sino en todo el mundo a contribuir a la solución de problemas generados por la pandemia; si bien reitero una vez más, no es misión del Defensor u Ombudsperson dar solución directa o respuesta a las demandas de vivienda, educación, seguridad, salud, sí será un aliado del Pueblo y mediador ante sus autoridades, por ello el Defensor del Pueblo debe asumir el rol de intérprete de las demandas sociales.

Últimamente con la aparición de las vacunas que se han elaborado para detener el mortífero avance del COVID 19 se han producido numerosas disfuncionalidades, abusos y otros hechos cuestionables por parte del Poder Público; también abusos de las fuerzas policiales y de seguridad; allí debe estar el Defensor del Pueblo para controlar todo ello.

Desde hace más de un año se acrecientan los controles en todos los ámbitos: precios, circulación, comercios, bancarios y podría seguir…. pero el Gobierno no se preocupa de consensuar con otras fuerzas políticas la designación de la un Defensor cuya misión será nada más ni nada menos que ….controlar el ejercicio de funciones administrativas públicas y defender los derechos humanos ante actos, hechos u omisiones de la Administración (artículo 86 de la CN) pero …con independencia funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad y con independencia funcional. (artículo 86 CN).

La responsabilidad primaria es del Gobierno, a él le corresponde convocar a la oposición y consensuar un nombre que le devuelva al Defensor del Pueblo el prestigio que alguna vez tuvo. El Pueblo espera ese gesto.

(*) Profesor Emérito (Universidad de Belgrano y Universidad del Salvador (Bs.As.).  Profesor Titular de Derecho Administrativo (Universidad del Salvador-Bs.As.). Profesor de Posgrado de Universidad de Buenos Aires. Defensor del Pueblo de la Nación Argentina (1994-1999). Defensor del Asegurado (2007-2020).