La Prensa
Siete días de política

El problema no es el ajuste, sino a quién le toca pagarlo

Con o sin el FMI el recorte del gasto ya arrancó. El ajuste a los jubilados es de un 0,5% del PBI, la mitad del impuesto a los ricos. El kirchnerismo intenta eludir el costo político.

“No hay cosa como el peligro pa refrescar a un mamao”

                                   José Hernández, Martín Fierro, (1209/1210)

El susto que se pegaron Martín Guzmán y Alberto Fernández con el dólar cerca de los 200 pesos los despertó del sueño del gasto sin freno y de la borrachera de emisión infinita estilo Fernanda Vallejos. Los devolvió a la racionalidad económica, encaminándolos hacia el inevitable ajuste.

Esa racionalidad estuvo hecha en las últimas semanas de menores aportes del Central al Tesoro, mayor endeudamiento para recuperar pesos, recorte del IFE y del auxilio a las pymes para pagar sueldos, a pesar de los millones de empleos perdidos y de una caída del salario real que ronda el 10%.

El ajuste para sentarse a negociar con alguna credibilidad ante el FMI también incluyó la eliminación del sistema de actualización por inflación de los haberes de los jubilados, que había establecido Mauricio Macri en 2017 bajo una tempestad de cascotes. El sistema fernandista que ignora la inflación se aplicará a partir de 2021, año en el que se espera que el índice de precios al consumidor crezca un 50%. Así la licuación de una parte mayoritaria del gasto social estará prácticamente asegurada.

En realidad el Alberto Fernández puso en marcha el deterioro de las jubilaciones antes de la pandemia, apenas pisó la Casa Rosada. En 2020 infligió un fuerte deterioro a los haberes del sector. Los jubilados de menores ingresos perdieron 7 puntos y los que no cobraban la mínima, 18. Esta parece hasta ahora la única “política de estado” sin idas y vueltas.

A los esfuerzos para recortar el monumental déficit que el propio Fernández generó en buena medida durante sus primeros meses de gestión hay que agregar un tarifazo en carpeta y un “impuesto a la riqueza” aprobado el martes en la Cámara de Diputados a instancias de Máximo Kirchner.

Para poner en perspectiva esta última cuestión hay que tener en cuenta que el hachazo a las jubilaciones ha sido estimado en un monto equivalente a la mitad de lo que se recaudará por el impuesto a los ricos por un especialista de la UBA. Pero mientras el impuesto está aún por sancionarse, el recorte jubilatorio ya se aplicó.

Es ilustrativo que el “establishment”, que no dijo nada cuando podaron las jubilaciones y siempre reclama equilibrio fiscal, proteste por la creación de un impuesto que contribuirá al mejoramiento de las cuentas públicas. Esa es la clave de la situación. La ideología del ministro Guzmán o de la Cámpora o de AEA carece de importancia. Todo se reduce al tironeo sobre quién pone la plata para evitar un descalabro vía hiperinflación. Nadie se rasca para afuera y la “solidaridad” es coercitiva.

Lo que los economistas llaman educadamente puja distributiva se resuelve de acuerdo con el poder de cada sector. Los que más tienen, los políticos, son los que menos ajustan. Crean continuamente impuestos para financiarse. Los más débiles resultan los más perjudicados. Estos últimos votan masivamente a quienes los ajustan, eternizando la ecuación de suma cero en que se ha convertido la economía nativa.

Para evitar que se vuelva a descontrolar el tipo de cambio e impacte de lleno en la inflación Alberto Fernández confía en un acuerdo con el FMI. Voceros oficiosos aseguran que es casi un hecho, pero las negociaciones se extenderán hasta después de la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, país que lleva la voz cantante en el organismo.

En ese plano cayó como agua fría una carta del bloque de senadores kirchneristas difundida el domingo pasado. Guzmán había prometido a la misión que viajó a Buenos Aires que el futuro acuerdo recibiría el apoyo del Congreso, pero los senadores (esto es, Cristina Kirchner) le avisaron que no aprobarán ningún ajuste y que los culpables de la situación son las autoridades del organismo por haberle entregado al gobierno anterior 44 mil millones de dólares de manera “irresponsable”. A esta altura en Washington se preguntan por el sentido de negociar con un ministro y un presidente sin capacidad de alinear al oficialismo (ver Visto y Oído).

En medio de tanta incertidumbre la única que avanza sin detenerse es la vicepresidenta. Sabe que quien quiere las cosas bien hechas las debe hacer por sí mismo. Había intentado remover a tres jueces, pero la Corte le puso trabas. No se desanimó y ahora va por el procurador general. Anteayer dio el primer paso para nombrar uno propio con un dictamen que reduce la mayoría necesaria para hacerlo. El próximo miércoles será aprobado en el recinto del Senado y antes de fin de año, convertido en ley, abriendo la puerta al control del jefe de los fiscales. Algunos opositores exageran al decir que el gobierno fracasó. En algunas áreas progresa a buen paso. Otra vez, nadie se rasca para afuera.