Por Mauricio Alejandro Vázquez
Desde los albores de la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia argentina, se instaló la pregunta sobre si sería él quien detentase realmente el poder, o lo haría en la práctica su candidata a vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner. La duda no estaba fundada en ninguna arbitrariedad. Si ya de por sí el hecho de que un candidato a presidente sea elegido y anunciado por su vice, es una anomalía absoluta en el sistema político internacional, el estilo y la conocida impronta de la ex mandataria, justificaban el cuestionamiento. A poco más de ocho meses de mandato, consideramos que la duda está pronta a resolverse.
En las últimas horas se ha sucedido la tercera marcha multitudinaria en contra del gobierno del Dr. Fernández. De por sí, este es un hecho inusitado en las casi cuatro décadas desde el regreso de la democracia a nuestro país. Ningún otro gobierno experimentó manifestaciones de este tipo en tan corto plazo, y sin que las mismas fuesen convocadas por ningún tipo de aparato, como se conoce en la jerga.
Detrás de los manifestantes que ocuparon las calles de todo el país este pasado 17 de agosto, no estuvieron sindicatos, movimientos sociales, el clero o partidos políticos. Y si bien la tipología de la protesta puede recordar a aquellas ocurridas el 8 de noviembre de 2012 o la del 18 de febrero de 2015, suscitada por la muerte nunca esclarecida del fiscal Nisman, éstas se sucedieron en instancias avanzadas de la presidencia de Cristina Fernández, y no en sus primeros meses de gobierno.
Como supo decir con algo de ironía y profundo acierto el politólogo argentino Andrés Malamud en un tweet de ese mismo día, a la marcha la convocó en los hechos el propio gobierno. No solo por el evidente fracaso de las políticas de cuarentena para la contención de la pandemia de covid-19; no solo por el enorme impacto económico de estas medidas sobre una economía que ya sin tales restricciones a duras penas se sostenía a flote, sino porque en medio de una de las peores crisis económicas de la historia argentina, el gobierno de Fernández se embarca en errores no forzados como la estatización de Vicentín y, ahora, la reforma judicial.
En tal sentido, consideramos que en las próximas semanas la incertidumbre que se generó a mediados del año próximo pasado y que encabeza los primeros párrafos de esta nota, habrá de revelarse. Es harto evidente que si el Dr. Fernández quiere consolidar su mandato y avanzar en la gestión del enorme desafío que la crisis generará para su gobierno, deberá hacerlo facilitando un mayor consenso y no una cuarta o quinta manifestación de este tipo. Más aun, considerando que ya siendo evidente el efecto de la crisis en el entramado social, los manifestantes tenderán a incrementarse y no lo contrario.
Si en tal escenario la presidencia continuase impulsando políticas absolutamente innecesarias e inoportunas en el contexto de tal situación, como la actual reforma judicial, se habrá comprobado que Alberto Fernández obedece a mandatos que le son impuestos y que éstos lejos de representar el interés nacional y la razonabilidad política, son en la práctica el reflejo inmediato de la necesidad particular de su vicepresidenta, como muchos ya suponen. Y, lo que es más, estará demostrando que su propia supervivencia política está más condicionada por sus aliados en el gobierno que por la voluntad del pueblo argentino que dice representar.