La pesada mochila impositiva

 
Hace ya una punta de años que la sociedad argentina en general y el sector productivo en particular padecen una asfixiante presión impositiva. El peso de la mochila, que se incrementó de manera notable durante el kirchnerismo a partir de la ampliación del gasto público, no menguó con Cambiemos, que lejos está de querer resignar recaudación, pese a las promesas de campaña que van ganando un tono sepia.

La lista de tributos es larga y variada, y parte con efecto cascada desde la administración nacional para luego derramarse, poco a poco pero de manera incontenible, sobre los contribuyentes provinciales y municipales. En algunos casos, los gravámenes se superponen y se termina pagando dos veces por la misma cosa.

Como cada vez que se toca el tema, queda claro que el problema no pasa por tener altos o bajos impuestos, sino por la contraprestación que el Estado brinda a cambio de ellos. La aplicación de este instrumento recaudatorio es, en definitiva, no más que una herramienta de política económica.
Es decir, se puede decidir tener altos impuestos y montar sobre ellos un Estado de Bienestar que retribuya en servicios de alta calidad a los contribuyentes cada uno de los pesos que aportan, o se puede decidir tener una muy baja carga impositiva, liberando al sector privado para que fluya en sus quehaceres y ofrezca en el mercado lo que antes daba el Estado.

El problema en la Argentina es que tenemos ambas cosas a la vez o, mejor dicho, no tenemos ni una ni otra. La superposición es nefasta. Abonamos muchos impuestos pero buena parte de la sociedad decide asociarse a una empresa de medicina prepaga o enviar a sus hijos a colegios privados porque la oferta estatal está lejos de calificar en materia de calidad. Sea dicho, más por la deficiencia operacional y de infraestructura  que por la calidad de sus profesionales.

En definitiva, como suele graficarse cuando se aborda el tema, pagamos como en los países nórdicos pero tenemos servicios africanos. Nuevamente, todo es una decisión política. Tener muchos o pocos impuestos no es bueno ni malo en sí mismo. Dinamarca tiene una presión del 46%, según datos de la OCDE, y su nivel de vida es envidiable. En cambio, la carga fiscal en Botswana es sólo del 14%, pero no conozco a nadie que sueñe con vivir allí.

El problema en la Argentina, en una segunda lectura, pasa por la fuerte carga impositiva y por la pésima administración de los recursos que hacen los gobiernos de turno. Calles, rutas, escuelas, hospitales son la muestra de un deterioro constante que viene ya de hace mucho atrás en el tiempo.

Para tener una idea cabal de lo que estamos hablando, bien vale reflejar los datos del último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Según el documento, se detectaron en el país un total de 163 impuestos, de los cuales 40 llevan el sello de la Nación; 41 son de origen provincial, y el resto pertenecen al nivel municipal, “debido a la enorme disparidad y heterogeneidad que existe en el cobro de tributos en este nivel”.

Los contadores, abrumados por la realidad y el desesperado pedido de sus clientes, se sinceran ante lo evidente: en tiempos de vacas gordas los empresarios, con buenas ganancias, optan por pagar igual los tributos, pero en medio de una recesión como la actual hacen lo imposible por evadirlos.

Según indica el IARAF, pese a la cantidad de impuestos, tres cuartas partes de la recaudación está concentrada en apenas un puñado de tributos, como son el IVA, Ingresos Brutos, Impuestos a las Ganancias, los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social y el Impuesto al Cheque. Los contadores también tienen su máxima: más impuestos no equivale a mayor recaudación. De hecho, en 2018 lo recaudado llegó al 35%, muy por debajo de la inflación, que fue del 48%.

Del consenso fiscal firmado por el Gobierno con las provincias hace un par de años casi que no queda nada. El camino, cinco años de plazo, era largo y la reforma en sí misma, lenta. Iba de la mano de aquel tibio gradualismo que se cayó a pedazos por inoperante.

En tiempos de crisis todos necesitan recaudar, y el sector privado sufre las consecuencias. Las 24 provincias cobran Ingresos Brutos y el Impuesto a los Sellos, más Actuaciones Judiciales y Servicios Administrativos. Pensar en que baje el IVA para fogonear el consumo es casi una utopía. Difícil que en medio de una recesión semejante cualquier gobierno intente desarmar esta maraña tributaria que otorga dinero fresco y fácil todos los meses.