Buena Data en "La Prensa"

Educación Sexual Integral respetando la libertad

Por Myriam Mitrece y Carlos Ialorenzi * 

Casi inmediatamente después del debate legislativo sobre el aborto, se instaló el debate social sobre la educación sexual en las escuelas. Todos comprendimos que para no llegar a concebir al aborto como opción, es necesaria, entre otras cosas, la educación. Es importante informar y formar a los niños y adolescentes sobre temas que hacen a su desarrollo como varones y como mujeres para que progresivamente, a su tiempo, puedan ir tomando decisiones responsables respecto de sus conductas sexuales.

Algunos recién a partir de estos acontecimientos tomaron conocimiento de la ley 26.150, que rige la Educación Sexual Integral desde 2006 cuya disposición transitoria indica que tendría una aplicación gradual y progresiva, y se establecía un plazo máximo de cuatro años para su implementación (es decir hasta 2010).

En la realidad, se llevó a cabo de modo irregular y con algunos impedimentos, entre ellos disconformidad de los miembros de las comunidades educativas con el enfoque adoptado en el Programa ESI. En muchos casos este enfoque no estaba de acuerdo con las convicciones morales de los padres y docentes. De todas maneras, no es cierto que no se concretó. De esto da cuenta, el informe "La Educación Sexual Integral en la Argentina. Balances y desafíos de la implementación de la ley (2008-2015)", del Ministerio de Educación de la Nación.

La ley mencionada dicta que "Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal o privada". (artículo 1) y otorga a cada comunidad educativa la potestad de "incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros" (artículo 5). Además para el logro de los objetivos del programa se promueve un vínculo más estrecho entre la escuela y la familia (artículo 9/inc. C).

CRITICAS INJUSTIFICADAS

Hace unos días circuló en varios medios que el colegio Calasanz del barrio de Caballito, obligaba a los padres a firmar en contra de la ESI como condición para la matriculación de sus hijos.
Como siempre una buena formación de la conciencia crítica requiere partir de la realidad y analizarla reflexivamente.

En los colegios privados, es costumbre que los padres manifiesten su adhesión a ciertos estatutos que tienen que ver con la identidad o procedimientos usuales en la institución (por ejemplo: uniformes, horarios, permisos, sistema de calificaciones, etc).

En el colegio de marras esta manifestación se extendía también a otras cuestiones más profundas.
El documento propuesto a los padres afirma que el colegio cuenta con un proyecto institucional de educación sexual conforme a su ideario y que este se posiciona en defensa de la vida desde la concepción como lo enseña la Iglesia Católica.

¿Hay algo que contraríe la ley ESI vigente? Desde ya que no. Además, si durante el debate legislativo sobre el aborto se consideraba que la educación sexual era necesaria para no llegar a tal decisión ¿por qué pensar que estar a favor de la vida es contrario a la ESI?.

ESCUELA Y FAMILIA, JUNTOS

Lejos de considerarse una intromisión debería tomarse como modelo de acción. ¿Cómo podrían los padres elegir libremente una escuela para sus hijos conforme a sus valores si no se los explicitan?.
Sabemos que es mejor que los niños y adolescentes sean acompañados en su desarrollo con normas coherentes y armónicas entre la familia y la escuela. Es deseable que cada una cumpla su función de la mano y no en enemistad.

Mientras exista libertad de enseñanza cada familia podrá optar por el tipo de institución educativa que prefiere para sus hijos, para eso tiene que conocer lo que la escuela le ofrece y qué puede esperar de ella.

Considerar las convicciones de los padres y los idearios institucionales es una forma de respetar las libertades de expresión, de enseñar y de aprender, reconocidas por el Estado a las instituciones y a las personas.

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