Yerba mate

La historia de la producción yerbatera aquí es anterior a la llegada española. Los jesuitas lograron aprendieron a cultivar lo que antes eran yerbatales naturales, pero no revelaron su técnica. Con su expulsión, tanto el cultivo como su explotación sistemática desaparecieron.

Sin embargo, los españoles y posteriormente los criollos adoptaron firmemente la costumbre del consumo de yerba mate, hábito que se extendió por todo el territorio de lo que luego fue la Argentina, Paraguay, Sur de Brasil, Uruguay y Chile.

Durante el siglo XIX el abastecimiento de yerba mate provenía de la producción paraguaya y brasileña entrada por los puertos de Rosario y Buenos Aires, respectivamente. Ya en el siglo XX, bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear, se plantea una política de consolidación de la presencia argentina en el por entonces Territorio Nacional de Misiones (recién se provincializa en 1953). 

A tal fin, se implementa un programa de colonización sobre aquel territorio, consistente en la entrega de pequeñas parcelas de tierra a inmigrantes (mayormente del centro y el este de Europa) para que se instalen y produzcan, con la condición de que implanten yerbatales (cubriendo entre el 20% y el 75% de esas parcelas, cuya superficie media rondaba las 10 has.).

En ese momento comienza a consolidarse la estructura agraria misionera, basada en pequeñas superficies productivas y, en ese entonces, con una fuerte impronta monoproductiva (yerba mate). Así, mientras en 1920, prácticamente el 100% del consumo de yerba mate nacional era de origen importado, en 1940 la producción nacional abastecía el 70% de ese consumo, y la proyecciones de analistas de aquel momento indicaban que en pocos años más comenzaría una etapa de sobreproducción.

Los importadores de yerba mate brasileña y paraguaya, junto a los molinos yerbateros de Rosario y Buenos Aires, comenzaron a presionar al gobierno nacional para que cuotifique la producción, de modo de asegurarse su participación en un segmento del mercado. Se crea así la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, en 1935, la cual tenía atribuciones de autorizar o prohibir nuevas plantaciones, de fijar cupos de cosecha y, posteriormente, junto al Mercado Consignatario creado al año siguiente, de garantizar un precio sostén tanto para la yerba verde (la hoja cosechada llevada al secadero) como de la yerba canchada (la yerba secada y embolsada, antes de ser procesada en los molinos).

Surgieron a mediados de la década del "30 los primeros conflictos con los productores de yerba mate, que reclamaban un precio más alto, enfrentados con los secadores y molinos que ofertaban un precio más bajo, mediando el Estado.

La producción yerbatera continuó creciendo hasta sustituir por completo a la importación en los años "60, generándose al mismo tiempo una crisis de sobreproducción tal que, en 1966, la Comisión Reguladora prohíbe la cosecha de yerba mate. Desde entonces, la importación de yerba fue apenas marginal y el mercado interno absorbe más del 85% de la producción (con un consumo aparente de alrededor de 6 kg/hab./año), destinándose el resto a la exportación a Siria, Chile y Líbano, entre los principales destinos.

Este proceso de afianzamiento de la producción, jalonada de crisis de sobreproducción, de etapas de baja cosecha y de recurrentes enfrentamientos entre los agentes económicos intervinientes, fue (y es) permanentemente administrado por el Estado, sin que ninguno de esos agentes ponga en cuestión el para qué ni el por qué de esa intervención (aunque sí hay reclamos acerca del cómo de la misma).

EN CORRIENTES

De la mencionada política de colonización en Misiones se derivó la estructura agraria imperante hasta el presente, que sustenta la producción yerbatera, más allá de que la misma también se extendió hacia Corrientes, aunque con otra estructura agraria. 

De la producción total de hoja verde de yerba mate, Misiones genera el 87% del total y Corrientes el 13%. Del total de 7.360 productores yerbateros registrados, el 62% produce en menos de 10 ha. y generan solo el 26% del volumen total. Entre las 10 y las 30 ha. se encuentra el 28% de los productores y el 26% de la producción.

Esa estructura agraria da sustento a un modelo de productividad declinante, con reducida tecnificación y con crisis recurrentes. Mientras la industria molinera se modernizó a lo largo de las décadas (en particular la que está integrada verticalmente, con propiedad de yerbatales y secaderos), la fase de la producción primaria se desenvuelve constantemente en esos ciclos de crisis.

El ritmo de desenvolvimiento de la producción fue marcado por la Comisión Reguladora la cual pautaba la expansión o retracción de la cosecha, la implantación o no de nuevos yerbatales y, como se señaló, intervenía en la fijación de un precio sostén para la materia prima de secaderos y molinos (hoja verde y yerba canchada, respectivamente). El mercado como asignador de recursos no funcionaba en esta producción, sino que su papel fue reemplazado por el Estado a través de dicha Comisión.

Productores de hoja verde y secaderos se recostaban en el papel de la Comisión para ser defendidos del eslabón siguiente de la cadena, el cual buscaba, obviamente, reducir al mínimo el precio pagado por la materia prima que procesaba. Y entre tanto, el consumidor final de yerba mate debía pagar por un producto que reflejaba en su precio el conjunto de ineficiencias e intervencionismo que lo jalonaban desde la finca productiva hasta el molino que vendía el paquete fraccionado.

En 1991, en el marco del proceso de desregulación de la economía nacional, se sanciona el Decreto 2284/91, entre cuyos considerandos se indicaba: "Que se advierte que es necesario favorecer la tendencia desregulatoria en la esfera de la producción y comercialización de la yerba mate, debiendo abandonarse la práctica de restringir la competencia mediante el control de plantaciones y fijar cupos de producción, contribuyendo de esta manera al aumento de la competitividad del sector. Que por ello se torna conveniente la disolución de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y del Mercado Consignatario Nacional de Yerba Mate".

El mismo decreto agregaba que tras la desregulación, se tornaba (...) innecesaria la percepción de distintos tributos y gravámenes destinados al mantenimiento de los regímenes derogados."
Los efectos de la desregulación se hicieron sentir fuertemente en la década de 1990. Así, la superficie implantada crece en esos años un 70%, en particular en las unidades de mayor extensión (por encima de las 30 has.), a la par que la producción de hoja verde se incrementa un 425%, apelando no solo a nuevas plantaciones, sino también a nuevas y mejores prácticas culturales. 
El incremento de la producción durante los años de 1990 se destinó, además de atender al mercado interno, a la exportación hacia Brasil, donde una coyuntura productiva adversa generó una demanda que pudo ser satisfecha por la Argentina. 

A fines del gobierno menemista, cuando la producción brasileña se recuperó, comenzó a generarse una situación de sobreproducción en nuestro país, dando lugar, lógicamente, a un descenso del precio de la materia prima. Ante esto, comenzó el reclamo de los pequeños productores exigiendo que el Estado vuelva a intervenir en el mercado productivo, estableciendo mecanismos para que la industria abone un precio adecuado a los productores.

La industria, en particular la integrada verticalmente, había efectuado las inversiones necesarias para incrementar notablemente la producción de sus yerbales y para eficientizar los procesos industriales requeridos, del mismo modo que algunas cooperativas yerbateras habían mejorado su situación productiva a lo largo de esos años. Pero el grueso de los pequeños productores individuales y cooperativas de pequeña escala, habituados a décadas de intervencionismo estatal, volvieron a reclamar que el Estado juegue nuevamente su papel protector frente a los naturales mecanismos de mercado. Así, se inició un proceso de agitación social desde finales del gobierno de Carlos Menem y durante todo el de Fernando De la Rúa. Los reclamos de intervencionismo, finalmente, cristalizaron en la ley 25.564, sancionada en febrero de 2002, por la cual se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

BUROCRACIA

El INYM está conformado por representantes del gobierno nacional, de Misiones y de Corrientes, de los productores yerbateros, de los secaderos, de los molinos, de las cooperativas yerbateras, y de los trabajadores asalariados involucrados en esas actividades. 

La promoción de la producción yerbatera, la capacitación de los agentes intervinientes, el estímulo tecnológico y la investigación orientada a las mejoras productivas son algunas de sus funciones, pero la principal, la que le dio razón de ser, es la que establece el inciso r) de su artículo 4º: "Acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes del INYM el precio de la materia prima."

El Instituto reemplaza al mercado en la definición del precio que la industria pagaría a sus proveedores de materia prima. Esto implica dejar de lado cualquier noción de productividad, de eficiencia, de mejora técnica, de oferta y de demanda. 

A partir de esta ley, el precio de la materia prima sería definido por unanimidad -según exige ella- en el seno del INYM, y si no se alcanza dicha unanimidad, sería fijado por la hoy Secretaría de Agroindustria de la Nación. Y por si fuera poco el retroceso, el inciso i) del mismo artículo mencionado, autoriza al Instituto a determinar medidas para "equilibrar la oferta y la demanda", como imponer cuotas de producción, prohibiciones de nuevas plantaciones, etc. 

Es decir, en la práctica, en 2002 (bajo la presidencia de E. Duhalde) se retomó una institución diseñada originalmente en 1935 (en la presidencia de A. Justo), complementándosela en su funcionamiento con el Decreto 366/2016 (presidiendo M. Macri), que crea un Registro de Yerbales.
El círculo de intervención, dirigismo y control se cierra sin distinción de colores políticos.

Los pequeños productores -en particular los de Misiones- exigen que el INMY intervenga y fije el precio, aún cuando ellos mismos sostengan que el precio que se fija está por debajo de sus costos de producción. ¿Por qué lo aceptan? 

Porque ese ingreso es un piso monetario que les llega, y que les asegura una cierta inserción en el mercado como consumidores en cuanto poseedores de efectivo , con un ingreso que complementan luego con otras actividades que desarrollan en sus propias parcelas (mandioca, ganado menor, en algún caso té, etc.), más lo que perciben mediante la densa red de subsidios y ayudas de ambos gobiernos: provincial y nacional.

El intervencionismo dirigista del Estado impide un sinceramiento de la estructura productiva de la cadena yerbatera. Sume en recurrentes ciclos de crisis a los pequeños productores. El subsidio sólo logra mantenerlos dentro de su actual situación. Les resta la posibilidad de acumulación de capital. Les impide el acceso a créditos que permitan las inversiones necesarias para su plena reconversión, dentro de la producción yerbatera. O, mucho mejor, volcarse hacia otras actividades adecuadas a su entorno agroecológico.

* Consultor privado.