El procesamiento como jefa de una asociación ilícita que dictó el juez Claudio Bonadio respecto de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es el resultado de la tarea investigativa llevada adelante por el magistrado y el fiscal Carlos Stornelli, a raíz de las revelaciones de los cuadernos de Oscar Centeno.
Desde el ámbito legislativo, fuentes cercanas al senador de Cambiemos Federico Pinedo ratificaron a La Prensa la opinión de todo el bloque, en caso de procederse al pedido de desafuero de Cristina Fernández: "Nuestro bloque definió una posición: si hay un pedido de prisión contra cualquier diputado o senador nuestro o de otro partido que sea ratificado por la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, vamos a votar a favor del desafuero".
"Fue un trabajo de corroboración de datos, y recolección de otros nuevos, donde la Ley del Arrepentido, recientemente sancionada, demostró su utilidad", manifestó a La Prensa el legislador de Cambiemos, Jorge Enríquez, para quien "es casi imposible en casos de esta naturaleza obtener la prueba directa de los sobornos, pero hay un cuadro robusto de indicios graves, precisos y concordantes que no dejan dudas en cuanto a la mecánica mafiosa de esos procedimientos y a quiénes eran sus beneficiarios últimos".
Por su parte, Diego Bunge, presidente de Fores (Foro de Estudios sobre Administración de Justicia) expresó a este diario: "Todavía hay mucho por investigar y sancionar para que la corrupción institucionalizada no quede impune ni se repita en la República Argentina".
Asimismo, manifestó que "la sociedad sabe que los hechos investigados en esta causa -Gloriagate- son de larga data, y que los funcionarios judiciales tampoco son nuevos. Por eso los ciudadanos reclaman una reforma integral de la Justicia que propenda tanto a su fortalecimiento institucional, así como al rigor del proceso de nombramiento de jueces".
DE CARA AL EXTERIOR
Asimismo, el ex presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, destacó que el caso, por estar involucrada una ex jefa de Estado, es inédito, aunque podría tener cierta similitud con la causa de venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
"Es una situación compleja de cara a como nos ven en el exterior. Además, no me parece bien que Bonadio se pronuncie en los juicios en que está involucrada Cristina. ¿Porqué no se admitió la recusación por enemistad manifiesta (entre la ex Presidenta y el juez)?, se preguntó el ex dirigente del Colegio Público.
Recordó Rizzo que el tema llegó en su momento a la Corte, pero el alto tribunal no lo resolvió porque consideraba que no era sentencia definitiva. Sin embargo, hay gravedad institucional y la Corte debió haber intervenido.
Por último, destacó el letrado que si Cristina cometió todos los delitos enumerados en el procesamiento, está muy bien la severidad de la resolución, pero también "es hora que se juzgue a los funcionarios de los oficialismos de turno y no solo a los que se fueron".
"La resolución de Bonadio es un mega-procesamiento. Con indicios graves, precisos y concordantes, lo cual permite elaborar técnicamente un cuadro de presunciones. Lo llamativo es la prisión preventiva: para unos sí, y otros no. La prisión preventiva es una disposición de excepción solo para los casos en que alguien puede escapar o profugarse, o entorpecer la investigación. No me gusta que se haga abuso de esa figura", concluyó el ex titular del Colegio Público de Abogados.
Federico Pinedo.