Pulseada política

Mirador político­ - El debate en el Senado del proyecto de legalización del aborto expone con claridad su naturaleza política y la incapacidad del Poder Legislativo de mitigar el enfrenamiento entre las facciones enfrentadas. Además, de ser transformado en ley, significaría una clara derrota para la Iglesia y, en especial, para el papa Francisco.

En su primera semana en el Senado el proyecto de legalización del aborto dejó a la vista dos cosas: su naturaleza política y la incapacidad del Congreso para atenuar el conflicto entre las facciones enfrentadas.­

Nadie lo dice de manera explícita, pero tampoco a nadie se le escapa, que la Iglesia y particularmente el papa Bergoglio serían los dos grandes derrotados si la iniciativa se convirtiese en ley. Por lo tanto actúan en consecuencia. La presión mantiene a una decena de legisladores jugando a las escondidas con la opinión pública a menos de tres semanas de que deban tomar una posición por sí o por no en el recinto.­

Diputados y senadores tienen los fueros para estas circunstancias, para opinar con libertad y sin ser molestados por lo que piensan, pero mantienen el misterio porque saben que ese es un principio teórico. Las campañas de hostigamiento son, en cambio, hechos. Hasta ahora hay una sola abstención anunciada, por lo que el resto deberá votar o ausentarse el 8 de agosto.­

Otro hecho comprobable es la incapacidad para mediar en los conflictos sociales de la institución parlamentaria. El `debate' en comisión se ha convertido en una seguidilla de discursos en igual número a favor y en contra de la norma que es repiten con la regularidad de las mareas. Obviamente no convencen a nadie. Lo más que consigue es provocar, equiparando el aborto a la desaparición forzada de personas o pronunciando proclamas en contra del patriarcado.­

En suma, se usa el escenario del Senado para una representación, una especie de show con panelistas entrenados en repetir su papel, algunos desubicados, muy pocos datos concretos y el inefable aporte de la ciencia jurídica en cuyo nombre algunos expertos famosos por su trayectoria académica y profesional dicen que la sanción de Diputados viola la Constitución Nacional y los tratados firmados por el país en materia de derechos humanos y derechos de los niños, mientras otros renombrados expertos de igual prestigio intelectual dicen exactamente lo contrario sin que a nadie se le mueva un pelo.­

Entretanto, los senadores que no se ocultan participan del `debate' defendiendo a los expositores con los que coinciden. Hacen el papel de hinchada e intervienen cuando creen que el sector contrario hostiga a quien defiende su credo. En otras palabras, `militan' su creencia con el insólito propósito de que los expertos de su bando hagan el mejor papel posible ante la audiencia.­

Hay también una posición `intermedia' que consiste en aprobar la sanción de Diputados, pero introduciéndoles reformas. Se la ve como una manera de calmar a ambas partes y devolverle el fardo a la otra cámara. Se pretende, por ejemplo, establecer la objeción de conciencia `institucional', lo que encierra un sinsentido, porque las instituciones no tienen conciencia. Sólo las personas la tienen, aunque hay quienes opinan que no en todos los casos.­

En resumen, el proyecto ha convertido al Senado en un escenario donde prevalecen el faccionalismo, la irracionalidad y la incapacidad para encontrar una solución con algún grado de consenso. Esto es, en una pulseada en lo que menos parece importar son las víctimas de abortos ilegales y lo que se juega es el partido de la política. Y para peor sin ningún crack.­