Enfrentamiento en el peronismo por la legalización del aborto

Continuó en el Senado el análisis del proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo con dos características salientes: las discrepancias públicas entre peronistas y las interpretaciones diametralmente opuestas sobre la iniciativa de expertos constitucionalistas.

En el peronismo, el presidente del bloque, Miguel Pichetto, y el vicepresidente, José Mayans, confrontaron después de que el primero reprochó a una representante Colegio de Médicos de Buenos Aires su cuestionamiento al establecimiento de un registro de objetores de conciencia. Intervino además en la discusión otro peronista, Mario Páis, en disidencia con Mayans y en sintonía con Pichetto.

El incidente se disparó cuando la ginecóloga María de los Angeles Carmona rechazó que los médicos que se nieguen a realizar abortos sean incluidos en un registro de objetores, porque eso sería “discriminatorio” y podría derivar en que se les prohiba en el futuro acceder a jefaturas de servicios hospitalarios.

Pichetto consideró “alarmante” que un médico de un hospital público se niegue a prestar un servicio garantizado por el Estado. De inmediato le salió al cruce Mayans quien aseguró que de acuerdo con el proyecto en debate el Estado “obligará a matar inocentes”. Sostuvo que la iniciativa establece el aborto “libre, gratuito y obligatorio”.

En ese punto Páis intervino para rechazar los argumentos de Mayans aclarando que “en ningún momento la ley habla de interrupción del embarazo obligatoria y que tampoco genera discriminación. En su criterio el Estado debe garantizar la práctica y necesita el listado para contratar a los médicos que cumplan con el servicio”.

Rechazó además por inadecuada la crítica del colegio médico bonaerense y la consideró una “crítica corporativa”. Sostuvo que el Senado defiende en cambio el interés general.

En otro orden el plenario de comisiones oyó a una veintena de expositores que se manifestaron en igual número a favor y en contra del proyecto. Resultaron llamativas las evaluaciones por completo contradictorias sobre la iniciativa de constitucionalistas y expertos en derecho internacional.

Andrés Gil Domínguez, por ejemplo, aseguró que no era pasible de ningún tipo de objeción constitucional y que tampoco violaba la convención americana de derechos humanos, ni la de derechos del niño. Opinó, asimismo, que

no conculca la objeción de conciencia ni personal ni institucional, ya que no impone a las instituciones la realización del aborto, sino que los obliga a derivar los pacientes.

En términos similares se expresó la jurista Liliana Tojo que consideró que el proyecto es compatible con el derecho internacional, ámbito en el cual el derecho a la vida no es absoluto, sino “gradual e incremental”. También aseveró que la Corte Interamericana no protege de manera absoluta la vida desde la concepción, por lo que el proyecto bajo análisis no violaba el derecho a la vida. Tanbién a favor del proyecto Ricardo Gil Lavedra y Aida Kemelmajer.

A partir del mismo texto opinaron lo contrario Gregorio Badén, Alberto García Lema, Néstor Sagués, Juan Pablo Echevarría, Alejando Pérez Hualde y Ursula Basset.

También a partir del mismo texto otro abogado, Jorge Lafferriere, consideró el proyecto como una herramienta para desarrollar políticas eugenésicas.