Un síntoma es un estado de alerta, una notificación de que algo anda mal o que algo va a suceder y en las últimas horas la Justicia dio claras muestras de estar mostrando síntomas que al menos llaman la atención. Dos decisiones, una de la Corte Suprema y otra de la Cámara Federal dejaron preocupado al Gobierno que los catalogó de "pactos de impunidad".
En el primer caso la Corte, a través de su presidente Ricardo Lorenzetti y de los magistrados Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, firmaron una acordada que impide al ex Tribunal Oral Federal (TOF) N°9, actualmente N° 1, a seguir adelante con los juicios orales que tenía por resolver, entre ellos las causas por la Ruta del dinero K y nada menos que la del encubrimiento por el atentado de la Amia, en ambos caso la ex presidenta Cristina Fernández fue beneficiada porque estos juicios que la tienen como imputada se demoraran ahora al menos otros seis meses ya que la Corte ordenó volver a realizar el sorteo para ver que TOF las atiende. Para la Casa Rosada esta decisión parecería un acuerdo de impunidad entre el peronismo y los tres jueces que la firmaron.
El otro caso es la inesperada liberación de Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa ordenada por la Cámara Federal, que los mantiene procesados pero cambió la carátula del expediente que pasó de ser defraudación a la administración pública a apropiación indebida de aportes.
La primera voz que se oyó de Cambiemos fue la de la diputada Elisa Carrió que escribió en su cuenta de Twitter que "esto se trata de un acuerdo de impunidad, ahora empiezo a entender algunas cosas que pasan en la AFIP" y agregó que "Cristóbal López integra la asociación ilícita que denunciamos en 2008 junto a Néstor Kirchner y De Vido.
Es decir que López no puede ser considerado solo un evasor, sino que es partícipe necesario de esa asociación ilícita". Planteados los síntomas, queda claro que estos dos hechos no son casuales sino que forman parte de una misma estrategia.
López y De Sousa deben ocho mil millones de pesos más intereses por no haber realizado los aportes obligatorios de la retención al precio de los combustibles. Solo uno de los jueces de la Cámara votó en disidencia alegando que está probado que el dinero apropiado indebidamente se utilizó para colocarlo en otras empresas lo que manifiesta una intención delictiva. Salvan a Cristina y le dan tiempo para que arme su defensa política, liberan a un tipo que nos debe una fortuna, que echó a decenas de personas, que no paga las indemnizaciones y que se ríe diciendo que ahora va a hablar con los medios, pero de pagar ni hablemos.
Lo peor es que la AFIP castiga al pequeño contribuyente con amenazas de todo tipo y este sujeto se da el lujo de decir que tiene deudas pero que no evadió. Sí querido lector, o atrás de esta dos movidas hacia consolidar la impunidad de quienes saquearon y traicionaron al país hay pactos políticos inconfesables o estos síntomas son el augurio de que el sistema está enfermo, peligrosamente enfermo.
V. CORDERO